El difícil camino de la Negociación Colectiva en el Sector Público peruano

Setenta años de unilateralismo estatal en la regulación de las relaciones laborales en el sector público han impedido que los gobiernos y partidos políticos se adapten a esquemas de diálogo y autocomposición para la negociación colectiva con los trabajadores de la administración pública. Una larga historia de restricciones al contenido esencial de la negociación colectiva (incrementos salariales y beneficios económicos) caracterizan la situación actual de este derecho en Perú, a pesar de sendas sentencias del Tribunal Constitucional que reconoce este derecho fundamental.

Constantes restricciones se han concretado contra este derecho mediante diversos dispositivos legales promulgados por el Poder Ejecutivo y el propio Congreso de la República, dictados incluso a lo largo del reciente año 2024. La política del Estado es no suscribir directamente ningún convenio colectivo, salvo el convenio centralizado para desestimular la negociación descentralizada, que ha sido la mayoritaria, por lo que los únicos convenios colectivos se obtienen a través del arbitraje.

Y todos los laudos arbitrales son impugnados ante el Poder Judicial cuyo trámite demora entre dos y tres años, que a menudo anula los laudos y ordena la emisión de nuevos laudos arbitrales, con lo que una negociación colectiva puede demorar varios años, lo que desestimula recurrir al ejercicio de ese derecho.

Las autoridades gubernamentales alegan falta de presupuesto público para asignar dinero a las entidades públicas para financiar los acuerdos de negociación colectiva, pero no se existe ninguna iniciativa para elevar la baja presión tributaria que existe en Perú (14%), ni para limitar las numerosas exoneraciones tributarias, como las 168 iniciativas legislativas con impacto fiscal desde el año 2022 hasta la actualidad se han dictado, que representan el 5.7 % del PBI de 2024, conforme da cuenta un informe del Fondo Monetario Internacional – FMI.

Se requiere un cambio de políticas públicas en el marco de un modelo democrático de relaciones de trabajo.

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El autor es abogado y magíster en Investigación Jurídica por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudios de post grado en la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue Especialista Principal en Legislación Laboral de la OIT.