julio 2020

Fuerza mayor global: Una posibilidad jurídica y económica para la Argentina

Dorothea Tanning

Poco a poco tomamos conciencia que la Historia puede escribir un nuevo capítulo de sus épocas.

Todas las disciplinas, trabajos y saberes concurren hoy en preguntas sobre el futuro, planteos filosóficos, el por qué de las cosas, todo con la esperanza y persistencia de corroborar si efectivamente las crisis pueden significar oportunidades.

El qué hacer jurídico reflexiona sobre un lenguaje que rige nuestra vida en comunidad: un cauteloso amontonamiento de reglas que, en una simbiosis entre quienes escribieron las leyes y quienes las hacen regir, nos confirma una vez más que la Historia la escriben los que ganan.

Como oportunidad es lo que buscamos, tratamos de no detenernos en este escepticismo que tanto paraliza voluntades de transformación.

La pregunta que queremos hacer es la misma que el arte de Puerto Rico nos advierte: ¿queremos volver a la normalidad o estamos ante la oportunidad de hacer algo nuevo?

Los recovecos legales de una realidad social injusta son el perfecto motín que desde el Derecho podemos construir en esta Pandemia.

Con esto no se quiere decir que el Derecho es lo protagónico, en estos tiempos lo único que vale es cuán organizada está una comunidad para sobrevivir a lo que viene, si disponemos y estamos preparados para garantizar nuestro abastecimiento de bienes y servicios suficientes para garantizar una digna calidad de vida, cuestión que desde hace décadas viene siendo una deuda de la democracia.

En esta carrera, nuestra disciplina es uno de los tantos jinetes desde los cuales debemos buscar la mejor montura para cabalgar la evolución hacia lo que viene.

El presente trabajo intentará abordar una causal de revisión de contratos e incumplimiento de obligaciones, la Fuerza mayor, que emerge en esta coyuntura con un carácter global y sanitario, como punto de partida para poder comenzar a discutir y redefinir ciertos parámetros extranjeros utilitarios y financistas a los que nuestro ordenamiento jurídico se ha sometido durante décadas, subsumiendo a nuestra comunidad a una decadencia sin precedentes.

La exclusión: una pandemia de siempre amenaza con perpetuarse

La Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas fueron contundentes: desde el comienzo del año hasta el 28 de mayo de 2020 en el mundo fallecieron 362 mil personas por Covid19, y en el mismo periodo 4,5 millones murieron por hambre (1), 12 veces más, en un mundo que produce tres veces lo que necesita para que la población se alimente.

Por otra parte, la ONU ya había advertido en un informe en 2019 que 113 millones de personas morirían de hambre el año pasado por falta de alimentos, mientras que 143 millones de personas sufrían una desnutrición severa que estaba a un paso de ese destino (2).

En el mundo, la desnutrición aguda alcanza a más de 820 millones de personas, mientras que en América Latina a 4,2 millones (3). Esta vieja pandemia no se condice con un mundo con un nivel tecnológico y científico capaz de clonar seres vivos, satélites que pueden montar la conexión de una red digital de velocidad de 10 gigas por segundo (5G), y misiles capaces de eliminar la vida humana en cuestión de segundos. Hay algo que no cierra…

Ahora bien, frente a la nueva pandemia del Covid19, los gobiernos del mundo decidieron comenzar una nueva política de Estado que ya algunos tecnócratas piensan en su efectividad para atender la cuestión ambiental (4): el aislamiento preventivo y obligatorio.

El problema es que frente a la desnutrición no existe aislamiento que valga, todo lo contrario, la crisis económica desatada llevó a que la ONU y UNICEF estimaran que en América Latina la inseguridad alimentaria pasará a 14 millones de personas, 4 veces más que el año anterior. En el caso de Argentina, estimaron que entre niños, niñas y adolescentes habrá 756 mil nuevos pobres, alcanzando los 7,7 millones, mientras que de ellos los indigentes, es decir, los que no alcanzan a alimentarse, pasaran de 1,8 a 2,1 millones, 300 mil personas más (5).

Hablamos de personas menores de 18 años que heredaron una situación social sobre la cual no tuvieron ninguna posibilidad de decisión. Ni que hablar de la situación social que se vive en los 4.228 barrios en situación de emergencia, con falta de cloacas y agua corriente, donde viven 4 millones de argentinos y argentinas.

La conclusión es evidente: estamos ante la consolidación de una pandemia que ya se arrastra desde hace años, y hoy comienza a estructurar un modelo de exclusión que descarta a casi la mitad de la población en la satisfacción de las necesidades básicas, y a 1 de cada 9 personas en el planeta, sin contar el Covid19, las condena a una muerte inmediata por falta de comida.

Algunos relativizan la miseria en cuanto a su problema endémico e histórico. Lo que no observan es que el grado de desarrollo humano desde la infancia tiene consecuencias irreversibles en la persona y en la sociedad en la que se inserta. Toda su integridad se ve dañada, desde lo humano, lo espiritual, lo cultural, su salud, la esfera de sus sentimientos y emociones, la posibilidad de ser libre en la construcción de un proyecto de vida digno.

La injusticia social y el hambre son la incubadora perfecta de la incultura del sálvese quien pueda, del crimen organizado, el odio, el resentimiento y la violencia. Nos obliga a ser sobrevivientes que desconfían del que está al lado, de mirar a un costado frente al problema del otro porque nuestro tiempo está puesto en salvar el día a día, nunca poder constituirnos como fuerza humana artífice de un destino común.

La solidaridad ya no es sólo un espíritu de vida, sino también una actividad necesaria e insustituible para poder sobrevivir al dolor de la exclusión y el abandono. Los rostros de quienes deben aguantar el hambre, así como las filas en comedores populares que no dan abasto, son la cara de una violencia humana que se cultiva cada jornada en los hogares argentinos.

La violencia se construye cuando, en una sociedad que pasa hambre, la única imagen posible es la exitosa, “la publicación”: medios de comunicación que muestran la felicidad del que consume excesivamente, mientras muchísimos ni siquiera pueden ir al cine, a un restaurante o al teatro, siquiera en San Valentín o un aniversario, ni que hablar de vacaciones o mínimos mimos que todo ser humano merece en la vida.

La desnutrición es un problema que precisamente no se atiende porque no le toca sufrirla a los que pueden resolverlo: pocos son los que tienen poder de decisión y que al mismo tiempo conocen el dolor de huesos por pasar frío, o bien los dolores de panza y cabeza de una persona mal nutrida.

En definitiva, preguntémonos qué haríamos si no pudiéramos darle de comer a nuestros hijos, si la plata realmente no alcanzara y afuera de nuestra casa no encontramos trabajo por nuestra edad o condición social. ¿Qué haríamos si la limosna incluso no fuese suficiente a causa de la excesiva cantidad de mendigos que pueblan los conglomerados urbanos? ¿Qué haríamos si no sólo se meten con nuestro orgullo y nuestra dignidad, sino también con la de toda nuestra familia?

Las políticas de Estado necesarias a implementar son conocidas por quienes toman las decisiones. Por eso el hambre siempre es un crimen, porque es evitable.

Las Naciones Unidas estiman que con 10 mil millones de dólares anuales puede resolverse la alimentación de los desnutridos del mundo (6), cifra que embronca a los corazones cuando vemos que representa sólo el 0,56% de la fortuna de los 62 multimillonarios más ricos del mundo.

Una desigualdad inhumana se construyó al calor de las reglas financieras globales

Vale la pena ilustrar tal desigualdad con un recorte de Ámbito Financiero de 2016:

“La ONG británica Oxfam publicó un informe según el cual, en las manos del 1% de los habitantes del planeta se concentra el mismo monto de riqueza que se reparte en el restante 99%. De esta manera, sólo 62 multimillonarios acaparan un patrimonio equivalente al de cientos de millones de personas. Tan sólo en los cinco últimos años, el patrimonio de los 62 más ricos, entre ellos 53 hombres, aumentó en un 44% a USD 1,76 billón. Al mismo tiempo, el patrimonio conjunto de la mitad más pobre de la población se redujo en alrededor de USD 1 billón (…) Unos 7,6 billones de dólares de patrimonios de personas están en paraísos fiscales fuera de los países de origen y si pagaran impuestos a la renta se generarían USD 190.000 millones más para los gobiernos cada año, estimó Gabriel Zucman, profesor asistente de la Universidad de California, Berkeley… En Estados Unidos, corazón del imperio global, 20 de los multimillonarios más acaudalados –entre los cuales filántropos del calibre de Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Michael Bloomberg o los hermanos Koch- se reparten el equivalente de todos los bienes y dineros poseídos por el 50% de sus compatriotas, 152 millones de almas, según un estudio del Institute for Policy Studies.” (7)

Nótese que a los multimillonarios que construyeron la riqueza financiera irreal, que fue el fundamento económico del empobrecimiento de las comunidades nacionales de Medio Oriente, África, Asia y América Latina. A dichos magnates, paradójicamente, se los denomina filántropos, ya que donan una ínfima parte de sus fortunas por medio de sus propias ONG y fundaciones que les permiten deducir impuestos en sus países de origen, así como inmiscuirse con carta blanca en la política interna del resto de las naciones del mundo.

Siguiendo con los estudios de Davos, la congregación anual de los 2000 financistas y tecnócratas más grandes del mundo (ex Comisión Trilateral), la investigación de Oxfam en enero de 2020 calculó que “si alguien hubiese ahorrado 10.000 dólares diarios desde la construcción de las pirámides egipcias, hoy seguiría siendo un 80% menos rico que los cinco multimillonarios más ricos del mundo” (8).

En el mundo existe una desigualdad muy grande y una acumulación de dinero humanamente irreal, se trata de miles de millones de dólares creados mediante la financiarización de la economía, que ya no coloca el ahorro en función de la inversión productiva, sino en instrumentos financieros especulativos. El dinero financiero pasó de ser el 2% en 1966 de toda la riqueza relacionada a bienes y servicios de la economía real, a ser 10 veces su valor en la actualidad –el 1000%- (ver Ugarteche y Martínez-Ávila, 2013; y Prelooker, 1996).

Los que tienen el dinero para terminar con la desnutrición y el desempleo optan por la limosna

Frente al Covid19, un magnate como Bill Gates prometió que donaría 100 millones de dólares para ayudar a las naciones en problemas y 750 millones para producir la vacuna, hablamos del 0,78% de su fortuna -95 mil millones- (9).

Su riqueza fue construida a partir de las patentes informáticas –IBM, Microsoft- y medicinales –Planned Parenhood y Fundación Gates- contratadas masivamente con Estados del mundo, a partir de software que ya operaba en el área militar, todo ello de acuerdo a los compromisos crediticios (Reforma del Estado) del boom neoliberal y globalista de los 90’ con el Banco Mundial, que obligaban a informatizar la gestión pública mediante tales licencias y privatizar los servicios esenciales, siendo Estados Unidos el portavoz geopolítico de la nueva tecnocracia privatista del poder.

Tales operaciones de licencias luego le significaron el fundamento para potenciar las acciones bursátiles que vendían en los mercados de Wall Street, así como la venta de derivados futuros y obligaciones negociables, todo ello con la promesa de grandes negocios que le generaba la colocación de sus patentes, garantizados con los pagos dolarizados de los Estados del mundo (nuestros impuestos).

La naturaleza de la pandemia del hambre

Queremos creer que la desnutrición es un tema más complejo que un virus como el Covid19, que se inició a partir de un murciélago que sería imposible capturar.

Frank Snowden, uno de los mayores expertos de la historia de las epidemias, sostiene que “las epidemias permiten entender la humanidad y la historia. Tocan las fibras más intima de nuestra naturaleza humana. Nos plantean preguntas de vida o muerte y nuestra actitud hacia ambas. Nos muestran si nuestro mundo se preocupa por la gente más necesitada. Las epidemias son como mirarse en el espejo de la humanidad… El coronavirus es la primera gran epidemia de la globalización”. Unas líneas más para la curiosidad:

“Primero debemos comprender cómo comenzó, en un contexto de 8000 millones de personas, ciudades enormes, una deforestación que ejerce una presión insostenible sobre los hábitats de los animales, que los lleva a trasladarse a otros lugares y a cruzarse con humanos, con los que nunca habían interactuado antes. Así comenzó el Ébola, por ejemplo. Segundo, debemos comprender cómo se transmite, que es por el aire, en un contexto de megaconcentración humana en centros urbanos, potenciando su propagación. Tercero, comprendamos cómo se expande, que es a través del transporte aéreo masivo, de modo que un virus que se desata en Jakarta por la mañana puede estar en Buenos Aires, Nueva York o Roma por la noche. El Coronavirus no se puede entender sin la globalización, es un producto de esta era de la humanidad… ¡Estamos lidiando con organismos vivos que requieren ciertas condiciones para prosperar y somos nosotros quienes les damos esas condiciones!… Ahora no se trata de ir contra la globalización, que ya es un hecho, sino que se trata de cómo la manejamos de un modo que nos beneficie y corregimos lo que debamos corregir. Sólo así tendremos futuro como humanidad. La definición de “estupidez” según Einstein, es seguir haciendo las mismas cosas y esperar un resultado distinto (10).”

De este virus llamado injusticia social conocemos que la desigualdad y la falta de distribución de las riquezas que se producen son sus causas, que las soluciones estructurales pasan por el trabajo estable y que en el corto plazo es urgente frenar con el genocidio social del hambre.

Ahora bien, debemos destacar que así como el aislamiento agravó la pandemia social que ya se venía instaurando hace décadas, amenazando con consolidar un modelo de exclusión de descarte del 25% de la población mundial, también trajo algunas consecuencias económicas y sociales inéditas, que generan las condiciones idóneas para que, en términos jurídicos, se contribuya a comenzar un humilde motín que posibilite un nuevo comienzo, una nueva normalidad más justa.

Dichas condiciones tienen que ver con una circunstancia global de emergencia que desde el ámbito jurídico propicia una causal de fuerza mayor que, mediante la decisión soberana de los Estados, puede rediscutir los términos desiguales en los que se rige nuestra economía desde hace décadas.

El Derecho no es todo, pero cómo ayuda

La Pandemia del Coronavirus vino a aportar una inédita y global causal de fuerza mayor y de emergencia pública sanitaria.

El efecto multiplicador de las políticas públicas soberanas de emergencia resultó un nuevo virus que comenzó a replicarse en todas las naciones del mundo.

En un principio, la enamoradiza bandera globalista rápidamente hizo su flameo: si es un problema mundial se requiere una solución global. Así es que el nuevo Estado parecía ser la OMS, curioso organismo imparcial preocupado por la salud del ser humano para que se aísle, vacune y delate a los incumplidores, pero que al momento de opinar sobre agrotóxicos, antenas de telefonía celular y neurotecnología por implantación, prefiere mirar a un costado.

Sin embargo, de cara a lo que se suponía ser un concierto del cual sólo el inocente organismo global sanitario iba a dirigir, comenzamos a observar cómo los Estados Nacionales, que parecían dormidos en el sueño de la extranjerización, la tecnocracia, el utilitarismo y la irresponsabilidad permanente, encontraron que el viejo camino del Estado de Bienestar era imprescindible para salir adelante.

La emergencia sanitaria se hizo carne en cada rama del Derecho, ramas que tiemblan ante la posibilidad de un nuevo bosque que crece delante de nuestros ojos: todo el statu quo jurídico que conocemos, que consolidaba un orden social de desnutridos y desempleados, por las propias reglas que le hemos otorgado y frente a esta inédita fuerza mayor mundial, puede ponerse en jaque y desmoronarse.

Bastaba que un país de Europa, como Alemania, decidiera imprimir dinero sin autorización de la Banca Central Europea, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea (11), para que también un conjunto de países desoyera el histórico y jurídico mandato de no atreverse a disponer de su moneda sin autorización de la troika financiera de Bruselas. También dos países de Europa, como Serbia o Italia, decidieron acudir a la Federación Rusa y la República Socialista de Cuba, frente a la desatención total sanitaria y económica de la Unión Europea, e inmediatamente España, Portugal, Grecia, entre otros, comenzaron relaciones con dichos Estados, históricos enemigos de la OTAN y vetados de cualquier geopolítica internacional amistosa en occidente.

Cuba es el caso más paradigmático, pues sufre de parte de los mismos Estados que ayuda un bloqueo que ya lleva más de medio siglo en vigencia. Sin embargo, suman casi 50 mil los médicos cubanos que prestan servicios en el mundo. Lo que comenzamos a observar en las últimas semanas es inédito: miles de cubanos y cubanas especialistas en salud bajando de aviones en la Europa occidental que, hasta ahora, actuaba de hija y rehén del calor anglosajón de posguerra.

Asoma su potencia el talón de Aquiles jurídico de un sistema mundial que parece viejo y oxidado, porque suponía ser un motor de crecimiento, desarrollo y buen vivir, y hoy se vanagloria de querer reemplazar trabajadores por robots y mandar a la gente a trabajar desde su casa a destajo, por demanda de producción y no según una jornada. Un sistema que pasó de pretender la abundancia de todos a sólo consolidar y profundizar los privilegios excesivos de muy pocos.

Comienza una nueva sinergia que pone en la misma vereda diversas especialidades que hasta ahora parecían aisladas, como el Derecho del Trabajo, el Derecho público administrativo, el Derecho económico y de las finanzas públicas y el Derecho internacional privado.

Alimentar a la población y garantizar un sistema productivo que promueva el pleno empleo y el bienestar sanitario y social implica nuevos horizontes en la metodología que hasta ahora entendíamos como común.

¿Cuánto tiempo tardaremos en que la Ley de Contrato de Trabajo se derogue tácitamente en un país de millones de desocupados, hambrientos y trabajadores precarizados mediante aplicaciones? Para tener vacaciones, aguinaldos y jubilaciones pagas, con un movimiento obrero organizado que garantice tales conquistas, es necesario también tener trabajo registrado y un sector productivo que permanentemente requiera fuerza de trabajo. Todo ello implica una ingeniería económica y social que compromete a diversas ramas jurídicas, que deberán concurrir para pensar nuevos ordenamientos más justos y en los que la verdadera fuente de riqueza, el trabajo humano, sea el componente central de toda política pública.

Quizá llegaron los tiempos en que la producción deje de entenderse en términos financieros y utilitarios, y que los trabajadores organizados de la comunidad sean parte de la orquesta de un nuevo proyecto de desarrollo con justicia social, permanente y sustentable con la casa común que habitamos.

Un nuevo estado de excepción: las pandemias sanitarias y emergencias ambientales de carácter global

La práctica jurídica se encuentra frente a un nuevo tipo de estado de excepción. Hasta ahora la concepción era conocida por muchos. Giorgio Agamben y Naomi Klein hicieron su trabajo y en vastas latitudes de habla latina se estudiaron sus escritos sobre este tradicional oficio: el estado de excepción o el shock como armas predilectas para el avance de las tiranías sobre los derechos humanos.

El filósofo italiano planteaba que “El totalitarismo moderno puede ser definido, en este sentido, como la instauración, a través del estado de excepción, de una guerra civil legal, que permite la eliminación física no sólo de los adversarios políticos sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político”. Agregaba que “la creación voluntaria de un estado de emergencia permanente (aunque eventualmente no declarado en sentido técnico) devino una de las prácticas esenciales de los Estados contemporáneos, aun de aquellos así llamados democráticos”. Por último, concluía en que:

“Frente a la imparable progresión de eso que ha sido definido como una «guerra civil mundial», el estado de excepción tiende cada vez más a presentarse como el paradigma de gobierno dominante en la política contemporánea. Esta dislocación de una medida provisoria y excepcional que se vuelve técnica de gobierno amenaza con transformar radicalmente -y de hecho ya ha transformado de modo sensible— la estructura y el sentido de la distinción tradicional de las formas de constitución. El estado de excepción se presenta más bien desde esta perspectiva como un umbral de indeterminación entre democracia y absolutismo” (Agamben, 2005).

La doctrina del estado de excepción se configuró como una cotidiana práctica para ejercer el poder en tiempos de supuesta calma y paz mundial. Son amenazas permanentes que el sistema político guarda en forma celosa a fin de ampararse en ellas para doblegar los derechos humanos de los pueblos.

Por su parte, Klein afirmó que “En momentos de crisis, la población está dispuesta a entregar un poder inmenso a cualquiera que afirme disponer de la cura mágica, tanto si la crisis es una fuerte depresión económica como sí es un atentado terrorista” (Klein, 2007). La periodista canadiense ubica al shock como constantes circunstancias de las cuales se ha servido el sistema político norteamericano, con habitual y metodológica persistencia desde la caída de las torres gemelas en adelante, a los fines de pergeñar un estado de emergencia en el que la supervivencia humana de toda la comunidad está en juego, por lo que los derechos de las personas –entre ellos los laborales y los de la libertad- pasan a un segundo plano.

Hoy día nos encontramos ante un nuevo shock o estado de excepción, el Coronavirus, con la novedosa particularidad de su globalidad simultánea e incontrolable, que lo convierte en una causal de fuerza mayor global. La fuerza mayor es una circunstancia imprevisible e inevitable que altera las condiciones de cualquier compromiso u obligación. Si efectivamente el Covid19 no fue creado por nadie y no queda otra que padecerlo, entonces es una fuerza mayor de carácter internacional y sanitario. No tiene un enemigo con nacionalidad, etnia, religión o sistema político económico determinado, no es el terrorismo, la subversión, el narcotráfico, el fascismo o el fundamentalismo islámico, no hay ideología a la cual inculpar más que a las propias reglas que nos hemos dado: la salud y el bienestar eran supuestamente un costo impagable y nos costará mucho no haberlos cuidado.

El sistema, que endiosó el dinero y la rentabilidad a cualquier costo, generó una masa de excluidos a la cual el Coronavirus intenta tomar de rehén para que algunos pretendan consolidar una sociedad injusta.

Es información el hecho de que avanzan planes a nivel global para ejercer un control “sanitario” sobre la población, mediante los denominados contact tracing o certificados digitales que concentren la información sanitaria de una persona y su adscripción total a los calendarios de vacunación. También se han anunciado públicamente aplicaciones móviles para el control de las cuarentenas, o bien los famosos chips que desarrolló la compañía Neuralink del magnate financiero Elon Musk(12)… Nuestro país, en efecto, adoptó en mayo un sistema de contact tracing por recomendación de la OMS, mediante la Aplicación CUIDAR. Sin embargo, fueron muchas las horas y pochoclos frente a los escenarios distópicos de la gran pantalla. Todos sabemos que a pesar de la mesa chica que planifica y dirige, el ser humano siempre guarda en sí la parte divina y trascendente que lo va a potenciar en su deseo de libertad y dignidad.

A fuerza del arte cinematográfico, aprendimos que la magia de la tecnociencia debería ser ayudar a que trabajemos menos horas, con menos esfuerzo físico y en mejores condiciones, todo eso para disponer de tiempo y salud psicofísica para el cultivo de otras actividades humanas.

Desde ya que para muchos trabajar menos no terminó siendo por las horas, sino por perder los trabajos y cada vez vivir peor. En la vieja ecuación futurista que conocimos en las películas, la que en realidad siempre había operado en cada presente, los desplazados por la tecnología se convertían en sobrevivientes que debían ayudarse construyendo comunidad para salir adelante. Por eso, en estos presentes tan distópicos, los gobiernos y los pueblos del mundo también comienzan a poner en discusión el predominio brutal de las finanzas por sobre las decisiones políticas y económicas que hacen al bienestar de las personas y el cuidado del medioambiente.

Los análisis conspirativos no funcionan porque lo único que sirve es lo que hacemos cada día para dignificarnos como seres vivos, únicos e irrepetibles. El primer paso para que podamos ser libres va a ser la renuncia cotidiana a ser esclavos de nuestra propia resignación. La decadencia nunca es inevitable porque cada día podemos tomar la decisión de construir en grande y que no decaiga la magia de estar acá, vivos.

En estos temas de hacer lo imposible, todos los días es “El” día.

Desde este punto de vista, en un orden social injusto donde pocos tiene privilegios desmedidos y muchos carencias extremas, la tecnología y los nuevos acontecimientos de la integración global naturalmente serán parte de la planificación de las oligarquías para cabalgar esa evolución en la perpetuidad de su poder, lo que no quita que los pueblos también la cabalguemos y tengamos, de igual modo, la posibilidad de servirnos de esa tecnología e integración, para tender puentes que nos potencien y nos dignifiquen como comunidades libres de cualquier tipo de explotación humana.

Prioridades de toda comunidad frente al ordenamiento jurídico

Cuando el estado de excepción se convierte en una fuerza mayor invisible y mundial, podemos poner en discusión todo lo que hasta ahora era una verdad jurídica revelada, pues ese statu quo del liberalismo global nos ha desprotegido ante una epidemia que desde hace años muchos aventuraban(13).

¿Qué es más importante: la vida de millones de personas por un sistema sanitario ya colapsado, o que Pacta sunt servanda (los pactos están para ser cumplidos) y non venire contra factum propium (la doctrina de los actos propios)?

¿Es más importante la vida y el sistema sanitario o, paradójicamente, pagar los 30 mil millones de dólares sólo de intereses, a pagar este año 2020 por parte de Argentina a acreedores externos? ¿Es más importante proteger el salario y el poder adquisitivo de millones de personas frente a un país parado, o bien que cualquier multinacional puede cerrar y fugarse del país con las indemnizaciones de las personas y el trabajo acumulado por décadas? ¿Es más importante alimentar a la población, o bien que el conjunto de la producción agropecuaria se siga orientando a la demanda internacional y orquestada por 5 grandes compañías exportadoras extranjeras (14)?

En un mundo que cierra sus fronteras, lo único que condiciona nuestro deber histórico es el terror confeso de la dirigencia a las consecuencias por no cumplir con las reglas financieras y económicas globales. Un pánico tácito en toda democracia occidental frente a la propiedad privada del dinero como dogma religioso del campo jurídico.

A partir de este nuevo contexto internacional de emergencia, los Estados Nacionales vuelven a tomar decisiones soberanas, independientemente de los dogmas privatistas y liberales, y el desafío es animarnos a recuperar ese poder soberano para construir comunidades libres que definen su propio destino, en una integración ordenada por el bien común y el cuidado de nuestro medioambiente.

En este concierto, el jurista ya deja de ser el mecánico que viene a arreglar las clásicas y eternas fallas de la maquinaria social injusta: nos convertimos en potenciales artistas a los cuales nos piden que, a partir de la situación heredada y al compás de la fuerza mayor, creemos nuevas alternativas para afrontar la emergencia.

La verdadera Herencia

Argentina de 1975 a 2020 duplicó la población, pero el número de personas en situación de pobreza aumentó 20 veces. La desocupación pasó de menos del 3% al 10%. En el 1975 teníamos el menor índice de desigualdad de la historia (0,35). Al mismo tiempo el Estado representaba el 20% del PBI y su deuda lo era en un 10% (15). A pesar del poco peso, el mismo se encargaba de dirigir los principales resortes de la economía, el desarrollo y los servicios públicos: ferrocarriles, puertos, navegación, crédito, electricidad, petróleo, gas, carbón, minerales, represas, educación y salud, todos servicios garantizados por el sector público en concurrencia con la comunidad. Hoy día el Estado no dispone de ninguno de esos resortes estratégicos y, para más, provincializó servicios básicos como la salud y la educación.

Lo notable es que luego de haber entregado todo el patrimonio de generaciones de argentinos y argentinas, así como privatizado todos los servicios públicos a manos privadas y en su mayoría extranjeras, hoy el peso del Estado en el PBI es del 40%. Se convirtió en un Estado fofo y asistencial que no puede ni garantizar precios de insumos básicos como la alimentación, la electricidad y el gas, ni mucho menos pensar en planes educativos y sanitarios nacionales, pues todo fue tercerizado a la libre gestión provincial, privada o extranjera. La administración de la cosa pública se convirtió en el gerenciamiento del desguace y la miseria.

Podría uno argumentar que el PBI de aquella época era menor al de esta. Lo que es incontrastable es que ese valor, que reúne la riqueza generada en todo un año en nuestro país, desde 1945 a 1975 aumentó en 7% anual promedio, mientras que desde 1976 hasta nuestros días lo hizo en un promedio de 0,5%.

El nivel de industrialización de la década del 70 mostraba que un auto fabricado en Argentina tenía un 90% de componentes hechos en el país, ocurriendo lo mismo con reactores nucleares, aviones, locomotoras, camiones, barcos, entre otros, con una brecha tecnológica cada vez menor frente a los avances del Primer Mundo. Hoy la fabricación de un auto en Argentina no llega al 20% de componentes nacionales y se importan hasta tornillos de Brasil.

En 1976, irrumpió un modelo económico rentístico y de especulación financiera, extranjerización de la economía, destrucción del aparato productivo y del poder soberano del Estado Argentino en la organización económica y social del país. En los primeros años de dictadura, se derogaron las principales regulaciones en materia cambiaria, financiera y bancaria, y se decretó la Ley de Entidades Financieras que hasta hoy sigue vigente, pese a no haber sido votada por el Congreso Nacional. Con dicha Ley se brindó el armazón jurídico para la desindustrialización del país y la imposibilidad de llevar adelante cualquier proyecto de desarrollo.

A partir de allí, se impuso un modelo económico cuya generación de ahorro exclusivamente se reduce a la tracción del consumo local y la exportación de alimentos y materias primas, con un sector social minoritario que gracias a la liberalización financiera, cambiaria y aduanera puede apropiarse del conjunto de la renta, dolarizarla y fugarla al exterior, llegando al absurdo actual de contabilizar más de 500 mil millones de dólares de argentinos fugados del país, con 1700 titulares que detentan el 80% de esas tenencias (16).

Con que reingresen esos dólares que están en el exterior, en un año, el PBI podría más que duplicarse, aumentar un 100%, algo inédito en la historia mundial, pues estamos entre las 5 naciones del mundo cuya población más dólares tiene. El problema es que esos dólares los tiene en el exterior una minoría que ni siquiera los declara. Esa misma oligarquía es titular, directa o indirectamente, de todo el engranaje productivo y de servicios públicos privatizados en los 90’, con lo que resulta beneficiaria de las constantes devaluaciones y pérdida de valor del peso gracias al incremento de divisas obtenidas por la exportación y la dolarización de tarifas. Luego, en épocas de crisis, es ese mismo sector social el que recompra en Argentina diversos sectores públicos y privados en quiebra, a precios viles debidos a las devaluaciones y al endeudamiento por ellos mismos promovidos (17).

Quizá llegaron los tiempos de poner fin a una fiesta que ya lleva más de cuatro décadas, a la que el pueblo argentino todavía no ha sido invitado. Para ello es fundamental que la comunidad cobre protagonismo desde una nueva concepción ética, social y ambiental de lo público y lo privado.

Los Estados Nacionales buscan retomar protagonismo

En un contexto de emergencia sanitaria global, ciertas decisiones impensadas hasta hace algunos años pasaron a ser cartas a punto de ser jugadas. Frente a la novedad de las cuarentenas, que implicaban nada más y nada menos que retirar la fuerza de trabajo del 90% de la masa trabajadora de cada país, los Estados debieron salir al rescate financiero y fiscal de los trabajadores y productores del país, por medio de créditos y subsidios.

En Estados Unidos se planeó volcar al rescate del sistema para enfrentar el Covid19 la suma de 4 billones de dólares, de los cuales ya se emitieron 3 billones. Tales incrementos en la masa monetaria incluían un subsidio de 1400 dólares para los trabajadores despedidos o desocupados, situación que alcanzó en mayo a 40 millones de personas, todo muy lejos de los 10 mil pesos que reciben nuestros compatriotas en la misma situación. A su vez, el presidente norteamericano entró en conflicto con la Reserva Federal, que es el banco central controlado por el consorcio de bancos privados más grandes del mundo, ya que solicitó avalar la posibilidad de tasas de interés negativas, a fin de que el sistema financiero sea quien cargue con el costo de la crisis, como lo hizo el Banco de Inglaterra (tasas que pasaron del 0,5% al -0,1%) (18).

Igual circunstancia ocurrió en la Unión Europea, que no sólo presenció que por primera vez países de la Zona Euro dispusieran crear moneda sin la autorización del Banco Central Europeo, sino que también dicha entidad ya volcó 1 billón en créditos, 750 mil millones en compra de deuda pública y privada, y, para más, mediante la Comisión Europea se propuso llevar adelante un Plan Marshal autóctono de 825 mil millones de euros (19).

Se observa que a nivel mundial se está practicando una emisión de moneda en un promedio de 2.000 dólares por habitante, mientras que en Argentina esa emisión promedia en 300 dólares y el crédito significa un 14,6% del PBI, frente al promedio regional que supera el 40% (20). Si bien es cierto que heredamos una crisis sin precedentes, quedarse atrás en esta carrera implicará que nuestra moneda valga cada vez menos. Por otra parte, un estudio en la Universidad de San Andrés publicado en El Cronista Comercial verificó que frente al Covid19, en pocos meses, se emitió la misma moneda en el mundo en una proporción superior a lo que se había emitido entre 2008 y 2014, producto de la gran crisis financiera desatada: una cifra absolutamente inusual.

Lo que reina en el mundo es el cash, replican algunos analistas (21), que anticipan la desvalorización del dólar como parámetro internacional para el ordenamiento comercial y financiero global, por lo que los Estados se ven obligados a retomar el control de la emisión de dinero a fin de salvaguardar las economías.

Sin embargo, en un sistema financiarizado desde Bretton Woods en 1944 y la inconvertibilidad del dólar en 1971, las operaciones de un grupo minúsculo de financistas captan las emisiones de dinero de los Estados y convierten la ayuda fiscal en una capitalización de los privilegiados de siempre.

Para citar un caso paradigmático, el fondo BlackRock, determinante en la negociación de la deuda por ser uno de nuestros principales acreedores y dueño de una parte importante de las acciones de nuestras principales empresas (accionista minoritario de YPF), administra a nivel mundial una cartera de 6,3 billones de dólares, equivalente al PBI de Alemania y Francia unidos (22). A fin de comprobar cómo actúa este tipo de grupos financieros, se observó que tras las líneas de crédito de la Reserva Federal a fin de salir de la crisis (SMCCF, por sus siglas en ingles), más de un 48% fue destinado a fondos de BlackRock. A su vez, se comprobó que tras la liquidez otorgada por el Banco Central norteamericano se multiplicaron las compras de Oro por parte de los grupos financieros que recibieron el dinero, en un registro histórico de más de 3.510 toneladas (23). La explicación nos la brindó Jim Cramer, un administrador de fondos y comentarista de Consumer News and Business Channel de Wall Street, quien sentenció: “Nadie invierte para hacer del mundo un lugar mejor… Al final del día, el mercado no tiene conciencia. La verdad es que el mercado es ciego porque no tiene ojos. Es sordo porque no tiene oídos” (24). Como tales fondos miran hacia un costado frente a las grandes crisis provocadas por la desfinanciación de la economía, el empleo y el desarrollo social -por ellos mismos promovida-, tienen que ser nuevamente los Estados nacionales quienes impulsen una nueva planificación que priorice la prosperidad de toda la comunidad de hombres y mujeres de trabajo.

En definitiva, ante una economía descontrolada por el caos de un reino de privilegiados, encontramos que frente a las cuarentenas surgió la necesidad de poner en marcha múltiples herramientas de la política económica, fiscal y financiera de las cuales podía servirse el país para atravesar las crisis y comenzar un nuevo rumbo.

Los fondos para la reconstrucción y reorganización de la comunidad existen, porque el único fondo que vale es el trabajo humano, único e insustituible motor de la generación de riqueza. De hecho, en estos tiempos uno observa que de cara a ciertos problemas crónicos como el hambre y la desnutrición, en realidad los Estados disponían de infinidad de opciones para abordarlos, lo que nos lleva a pensar que la normalidad en la que estábamos descartaba un 25% de la población sin que paráramos la pelota.

Uno de los testigos en materia de Estados Nacionales recuperando poder soberano fue el de la República Italiana. Injusticias si las hay que un país y un pueblo tan hermoso haya pasado semejante sufrimiento y dolor. En medio de la tormenta, el gobierno implementó el Decreto Ley “Cura Italia”, una de las tantas normas que darán testimonio en los libros del futuro, que en tiempos de excepción global los Estados Nacionales pueden ponerse de pie y actuar en consecuencia para salvaguardar el futuro de todos y todas.

El decreto ley nro. 18, firmado el 17 de marzo de 2020 por el Jefe de Consejo de Ministros del gobierno italiano, estableció “las medidas de potenciamiento del servicio sanitario nacional, sostenimiento económico para las familias, trabajadores y empresas nacionales”.

El decreto intervino sobre cinco aspectos principales de la comunidad italiana:

Financiamiento y medidas para potenciar el Sistema sanitario nacional, la Protección civil y otros sujetos comprometidos en el abastecimiento alimenticio y el plan de emergencia.
Protección del empleo, de los trabajadores y el salario.
Soporte financiero para las familias, micro, pequeñas y medianas empresas. Centralización estatal de los trámites y la logística del sistema bancario y utilización del Fondo Central de Garantía.
Suspensión de las obligaciones fiscales y financiamiento para la inversión en condiciones dignas de trabajo en la emergencia, así como premios salariales para los trabajadores que deben prestar servicios durante la pandemia, tanto en forma presencial como remota.
Estatización del servicio público de la línea aérea de bandera.

En lo que al primer punto refiere, no sólo fueron tomadas las típicas decisiones de potenciar el financiamiento del sistema sanitario por la emergencia, dotándolo de nuevo equipamiento y personal, sino que también la emergencia alcanzó la posibilidad de que el Estado pudiese disponer de los recursos del resto del sistema económico para la atención de la pandemia, tanto en la dirección de las instituciones privadas del ámbito de la salud, como de la expropiación temporal y permanente de hoteles, residencias ociosas, clínicas y otras instituciones médicas privadas, con un precio indemnizatorio en sintonía con la emergencia del país.

En cuanto al segundo y tercer punto, el principal objetivo determinado fue que ningún italiano o italiana perdiesen su puesto de trabajo por causa de la Pandemia, sin que eso significase el cierre de las industrias y otros proyectos productivos. Se previó el financiamiento del pago de salarios y se reconoció una retribución mensual de 600 euros, liberado de impuestos, para los trabajadores autónomos o monotributistas y desocupados. En lo atinente a la naturaleza jurídica de las cuarentenas, el decreto equiparó el tiempo transcurrido en cuarentena a la enfermedad inculpable, por lo que debe salvaguardarse el derecho a percibir su salario habitual y conservar su puesto de trabajo. En lo relacionado al teletrabajo, para los trabajadores que cumplan servicios en esta modalidad se estableció un premio salarial de 100 euros, con un fondo de financiamiento especial para que las empresas realizaran saneamiento de los lugares de trabajo y aseguren la provisión de elementos de protección y prevención. Asimismo, se otorgó un plus salarial de 1000 euros para trabajadores de la salud y fuerzas de seguridad. También se creó un programa para la captura de una parte de la producción de alimentos para las personas en situación de calle e indigentes. En cuanto a los contratos de trabajo denominados “di sviluppo”, que refieren a aquellos relacionados al desarrollo de áreas productivas, se incrementan los subsidios estatales a fin de potenciar la estructura agraria e industrial del país.

Respecto a la aerolínea de bandera italiana Alitalia y sus subsidiarias, al tratarse de una situación en la que las mismas no pueden afrontar el pago del salario de sus empleados debido a la crisis del sector, el decreto ordenó su intervención, estatización y puesta en la órbita del sector público.

En relación al tercer punto, a fin de evitar la quiebra de las PyMES y de las familias en razón de la cuarentena, se realizó una moratoria en las deudas fiscales y financieras, se potenció el fondo especial de garantía para las deudas de pequeñas y medianas industrias, y se amplió un fondo estatal para el sostenimiento de las empresas del área cultural y de espectáculos debido a la crisis del sector.

Lo que es clave destacar es que no existe un caso aislado en este nuevo protagonismo del Estado, un mundo comienza a mirar con nuevos ojos.

El mundo que se viene: nacionalismo o globalismo de exclusión, frente a una nueva economía productiva, soberana, justa y comunitaria

El presidente norteamericano Donald Trump fue contundente hace algunas semanas: “La era de la globalización se terminó. Es el momento para tener un dólar fuerte” (25).

De ello se desprenden dos conclusiones:

Si la globalización financiera y comercial está terminada, debemos procurar que los efectos de ese quiebre no perjudiquen la estructura económica que hemos extranjerizado y sometido a tales reglas globales desde 1976, por lo que lo más importante en esta tercera guerra mundial será procurar el abastecimiento alimenticio y energético, para no pagar los costos de la misma;
Si Estados Unidos busca fortalecer su moneda -que puede imprimir sin respaldo alguno desde 1971- es porque ese bien, esa mercadería denominada Dólar, va camino a la escasez, por lo que debemos procurar que ese insumo básico para el motor del desarrollo de nuestra economía sea canalizado y volcado a la reconstrucción productiva del país.

En tiempos como los de hoy, de fronteras cerradas y un ejército enemigo e invisible deambulando en la esquina de cada barrio, la idea de atraer la inversión extranjera occidental -como única palanca para el desarrollo- parece una vieja, irreal y engañosa utopía con la que nos pasamos 40 años desatendiendo las cuestiones importantes de la salud, la alimentación, la educación, el abastecimiento energético, la conexión logística del país y el pleno empleo como motor del desarrollo.

Resulta bochornoso que en este contexto, en el que sufrimos las consecuencias del liberalismo salvaje que nos deja desprotegidos ante un virus como los hubieron de a miles en la Historia humana, el Institute of International Finance (IIF), que maneja los principales informes de auditoría y doctrina del sistema bancario internaciónal, recomiende “potenciar la globalización” bajo las reglas financieras y comerciales tradicionales, profundizar los programas de endeudamiento no sólo con el FMI y el Banco Mundial, sino también con la Reserva Federal norteamericana, que pasaría a ser un ente de estabilización global del flujo de dólares y prestamista de los mismos (26).

Hay que tomar dimensión de las oportunidades que se presentan en un mundo que no encuentra puerto ideológico donde amarrar, sino salidas concretas y prácticas para atender el abastecimiento alimenticio y de energía, así como procurar el pleno empleo. Podríamos llevar adelante una verdadera patriada que dignifique a nuestro pueblo cansado de las frustraciones de la democracia.

El mundo desde 2008 no genera empleo, la desigualdad es tan grande entre las finanzas y la economía productiva de bienes y servicios, que todo el dinero volcado por los Estados para paliar la crisis fue a parar a las mismas manos especuladoras, al igual que está pasando ahora.

Se informaron 470 millones de personas en el mundo con serios problemas para conseguir trabajo, con un incremento anual de 2,5 millones anuales y uno de cada cinco trabajadores que ganan 3 dólares diarios (27).

Un mundo que no trabaja en la Paz es un mundo que trabaja para la Guerra, hasta por lo menos encontrar una nueva ecuación de paz en donde los pueblos puedan trabajar e intercambiar sus productos en una nueva división internacional del trabajo, por eso la conflictividad política, económica y social que observamos en los últimos 10 años en Medio Oriente, Asia, África, Europa y América Latina.

Atravesamos una Tercera Guerra Mundial ejecutada por partes, y la principal batalla es por los puestos de trabajo, quien desarme el sector comercial y productivo del adversario (ver caso EEUU-China), será quien pueda proveer trabajo a su propia población. Por eso los Estados vuelven a recobrar protagonismo sobre sus principales áreas.

El estado de emergencia global y de fuerza mayor es innegable, lo que nos brinda la posibilidad tomar decisiones soberanas que antes podían significarnos una guerra económica como la han sabido sufrir Irán, Corea del Norte, Venezuela, Libia, Rusia, entre otros, o mismo nuestro país cuando intentó administrar las importaciones en 2012 y sufrió un juicio en la OMC por parte de Europa, Japón y Estados Unidos como bloque unánime de la defensa del globalismo.

Respuestas desde el Derecho del trabajo

En un país de 2 millones de desocupados -datos Indec-, marginados, excluidos, personas que venden su fuerza de trabajo a niveles de servidumbre, hablar de Ley de contrato de trabajo parece una utopía. Sin embargo, no lo es.

El paraguas de protección laboral que provee jubilaciones, aguinaldo, vacaciones, protección frente al despido, irrenunciabilidad de derechos, entre otros beneficios de nuestra legislación que constituyó nuestro Orden público laboral, hasta ahora era sostenido por dos pilares, uno inquebrantable y otro que estructuralmente tiende a quebrarse:

El movimiento obrero organizado que representa la masa trabajadora registrada del sector privado (la CGT);
El freno a la culminación de la catástrofe neoliberal desde diciembre de 2001, que posibilitó una nueva etapa de crecimiento y creación de nuevos 4 millones de puestos de trabajo formales hasta 2013, cuando empezó la sangría.

Si bien se intentó realizar una reforma de flexibilización laboral en el gobierno de 2015 a 2019, la misma no pudo concretarse debido al movimiento obrero: las políticas públicas del Estado de bienestar y la justicia social promovidas desde 1943, hoy mantienen sus conquistas debido a las organizaciones sindicales que hacen de freno frente a cualquier ofensiva sobre el derecho protectorio.

La opinión pública trata de mafia al movimiento obrero organizado, pero la clase media sabe en el fondo que su nivel de consumo y estabilidad se materializa en tales beneficios del trabajo registrado. Vale decir, también sabe que si le tocan el aguinaldo, esa supuesta mafia está dispuesta a prender fuego el país por ese merecido respiro de junio y diciembre.

Frente al segundo pilar, en el que el 80% de los puestos de trabajo son sostenidos por pequeñas y medianas empresas, la realidad de una Argentina colonial se impuso. Los desocupados son 2 millones (10%) y son solamente 6,03 millones los trabajadores registrados que son alcanzados por la legislación laboral del Estado de Bienestar (diciembre de 2019, por el Covid19 se estima 5,8 millones) (28).

Para que quede claro: de la población económicamente activa (13,3 millones, INDEC – EPH 2019), o sea, la que está en condiciones de trabajar, la Legislación laboral -de la cual se han escrito océanos de tinta- se aplica actualmente sólo al 43%, y si lo extendemos a toda la población el porcentaje es sólo el 13%.

La reforma de flexibilización laboral legislativa que se hizo en Brasil en 2017, votada por la derecha de Temer-Bolsonaro y la izquierda del PT, significó la destrucción del Mercosur y la imposibilidad de competir con nuestro país vecino, producto de la destrucción de los derechos laborales de ese país, que abarataron abruptamente los costos laborales de contratación.

Nosotros, en nuestra obsesiva competencia, comenzamos también el camino hacia un nuevo tipo de reforma laboral, no sobre las leyes, sino sobre la comunidad trabajadora y el quiebre de todo el sector privado. La protección legislativa se aplica a cada vez menos personas porque no hay trabajo estable para nadie.

Frente a ello, el camino es uno sólo: crear empleo de calidad y fomentar la plena ocupación, fomentando el desarrollo de las fuerzas económicas locales, hombres y mujeres dispuestos a empezar nuevos emprendimientos que sirvan a abastecernos de todo lo que necesitamos.

Un pueblo que tiene trabajo inevitablemente trae aparejada la suba de salarios, la conquista de nuevos derechos y la realización de cada barrio y familia. No existe estabilidad más grande que un mercado laboral en el que permanentemente existe oferta de trabajo y todos pueden acceder a un puesto registrado.

Un ser humano con trabajo estable significa la reconstrucción de su tejido social y la posibilidad de cumplir con sus sueños y los de su familia. La estabilidad es un derecho para obtener otros derechos.

Para crear puestos de trabajo, se necesita inversión

Uno de últimos grandes pensadores nacionales, Mauricio Prelooker, explicaba en su obra La economía del desastre, que el mundo financiarizado canaliza los ahorros de las naciones del mundo hacia las pocas manos que controlan los fondos y bancos del sector especulativo internacional, lo que devino en la destrucción del motor de inversión que posibilitaba el desarrollo productivo de cada país, tanto desde el sector público como del privado.

Prelooker era un pensador que en materia económica tenía mucha practicidad, planteaba que si es antihumano descartar parte de la población y fomentar generaciones de hijos e hijas de personas que no estudian ni trabajan, y debemos buscar cuánto dinero es necesario invertir para salir de una injusticia elemental y todavía urgente:

“Basándonos en las teorías económicas más en boga, ¿cuáles serían los capitales necesarios para salir de esta situación antihumana? Como es necesario crear por lo menos dos puestos de trabajo por familia, si se emplearan los métodos más conocidos, que son capital-intensivo y requieren de 100.000 a 500.000 dólares para generar un empleo, y tomando la cota inferior (que no representa en absoluto el promedio de las inversiones actuales), es muy simple calcularlos: 400.000.000 puestos de trabajo x USD 100.000 = USD 40.000.000.000.000. En consecuencia, harían falta inversiones por un monto total de 40 billones de dólares –seis veces y media el PBN de los Estados Unidos- para dar trabajo a quienes no lo tienen… El sector financiero internacional dispone de recursos muy superiores a la suma mencionada. Pero no tiene la menor intención de invertir una parte siquiera de lo que ha acumulado creando nuevas fuentes de trabajo. El régimen capitalista no es una sociedad de beneficencia. El sector público y el privado (no financiero) de todos los países, por su parte, no disponen de los fondos necesarios para realizar inversiones de esa magnitud” (Prelooker, p. 22).

Si los desocupados de nuestra Patria son 2 millones y la creación de un puesto de trabajo requiere USD 100.000 de inversión en promedio de capital-intensivo, concluimos que se requerirían entonces 200 mil millones de dólares para resolver la desocupación mediante la creación de puestos estables de trabajo y, como consecuencia, promover el aumento del poder adquisitivo y la mejora de los derechos laborales (de todos modos, gasoleros como sabemos ser, con 100.000 dólares nos ponemos a laburar más de uno).

En esto, rápidamente, si nos volvimos fundamentalistas de la ramificación, un laboralista podría argumentar que esto es tarea ajena a su materia, que nosotros sólo nos tenemos que atener a la ingeniería jurídica ya creada desde el derecho positivo.

Sin embargo, estamos en tiempos donde una nueva época requiere una nueva filosofía de las ciencias, las disciplinas y el arte, y de buenas a primeras la supervivencia del derecho laboral requiere el involucramiento en cuestiones del derecho económico, derecho administrativo y derecho internacional y, en esto hay que ser claros… y VICEVERSA, porque viendo algunos hechos del presente está claro que las otras ramas mencionadas han tendido a deshumanizarse.

Las crisis ponen en juego la responsabilidad humana, y este llamado llega hasta el fondo de lo que hasta ahora suponían ser las especialidades a la que nos aferrábamos. El llamado tiene un sentido y una belleza: el que lucha por la supervivencia no vive libremente, y no existe posibilidad de un ordenamiento jurídico justo bajo la sombra de la tiranía de la exclusión y del descarte.

En todo esto nos compete la construcción de una nueva educación universitaria. Educar es escuchar, sentir y celebrar. Educar es buscar el sentido de las cosas, nuestras ramas fueron el sentido de esa búsqueda en determinado momento, y hoy deben reinventarse en un sentido de la responsabilidad humana por la comunidad.

Derecho laboral, derecho económico, derecho administrativo y derecho internacional: una misma camiseta.

Para la inversión de 200 mil millones de dólares para un país con pleno empleo, por empezar hay que saber que esos fondos existen, sólo hay que canalizarlos.

Existen tres tipos de lugares de los cuales se puede obtener semejante financiamiento:

La financiación de los banqueros y fondos de siempre, que tenemos memoria en que en este tipo de cuestiones no ponen plata
Los dólares de los argentinos y argentinas en el exterior.
Las riquezas naturales que nos provee nuestro suelo y subsuelo.

Si bien consideramos urgente que en el plano internacional se reconfiguren los términos de canalización del ahorro, a fin de incentivar la inversión productiva y el pleno empleo, no hace falta esperar a los de afuera para atender nuestro problema doméstico: en Argentina esos recursos existen.

En relación a los fondos de los argentinos y argentinas en el exterior, se pueden detallar los siguientes, en base a informes oficiales del país y del extranjero (29):

330 mil millones de dólares declarados por los argentinos y argentinas invertido en bienes muebles, inmuebles, activos financieros o inmovilizados en cuentas en el exterior.
250 mil millones de dólares no declarados, según los registros del Ministerio de Economía, aunque se calcula que tales tenencias ascienden a 500 mil millones, de acuerdo a informes de la OCDE y Paradise Papers.

Los fondos declarados se pueden radicar en el país mediante la creación de un bono soberano de inversión productiva, a una tasa asociada al crecimiento del PBI y la evolución del valor agregado. En paralelo, para los que insistan en la inmovilización de sus activos en el extranjero, un abrupto incremento de los impuestos a esos fondos dolarizados.

En cuanto a los fondos no declarados, el bono soberano de inversión productiva y, mientras tanto, poner a disposición de los acreedores extranjeros tales sumas multimillonarias radicadas en los países mismos de los acreedores, para que cancelen de ahí las deudas con Argentina, como lo hizo Inglaterra en la posguerra. En vez de seguir realizando nuevos canjes, en vez de seguir convirtiendo la deuda en un nuevo negocio para Wall Street -que intermedia y cobra comisiones de las nuevas colocaciones por novación de bonos-, poner a disposición de los bonistas esas sumas no declaradas, si es que nuestros nativos no las quieren repatriar.

En relación a la renta dolarizada que Argentina produce cada año, vale decir que el complejo de trigo, soja y maíz de la Pampa Húmeda genera una entrada de divisas anual de 30 mil millones de dólares (30), de los cuales 7 mil millones son apropiados por los dueños de la tierra que la alquilan a los que producen. Esa renta puede capturarse por medio de retenciones, sin afectar el negocio de quien sí produce y no dispone de latifundios (31).

En cuanto a la renta de la minería, Argentina registró en 2019 un ingreso de divisas por 3.200 millones de dólares por exportación de oro (70%), plata (20%), litio (6%) y cientos de metales fundamentales para nuestro desarrollo productivo. Como el sector minero es controlado por un oligopolio de trasnacionales, no sólo no se utilizan los minerales para la industrialización del país, sino que también el dinero de esa exportación se fuga al exterior (32). Dicho sector no cuenta con retenciones, las exportaciones se hacen a simple declaración jurada en puerto de destino y el flujo de dólares siempre es hacia afuera del país. En un contexto de crisis global, donde las commodities de metales aumentan frente al fly to quality de los fondos de inversión y bancos, esta renta de un país productor como Argentina irá en ascenso.

Luego, observamos que el comercio exterior argentino movilizó exportaciones por 65 mil millones de dólares anuales desde 2019, mientras que en 2011 era de 100 mil millones (33), lo que nos lleva a la conclusión que es urgente volcar la política económica, y en esto al ordenamiento jurídico, en la preservación nacional de tales divisas escasas, que podrían ser administradas por un Consejo económico y social para la producción y el desarrollo, con participación de los empresarios y trabajadores organizados, en concurrencia con el Banco Central y el Ministerio de Economía.

Los recursos están y en tiempos de pandemia y fuerza mayor global, tales medidas que en la normalidad de la injusticia parecen “extremas”, en estos tiempos de dolor y sufrimiento para tantos son urgentes.

El Derecho laboral debe seguir cuidando de los trabajadores registrados

Desde otro punto de vista, es auspicioso que el Estado Nacional financie el pago de sueldos de los trabajadores del sector privado y prohíba los despidos y suspensiones, en tanto en tiempos de crisis se pone en juego la continuidad de los puestos de trabajo.

El problema radica en que los acuerdos realizados entre la CGT y la Unión Industrial resultaron un recorte arbitrario e injusto del 25% de los salarios, que en términos reales ya venían en picada producto del estancamiento de la economía y la crisis desatada desde 2016.

Tales recortes se realizaron con fundamento en el art. 223bis de la LCT, una de las tantas modificaciones realizadas en la flexibilización laboral de los 90’.

Es momento de repensar la canalización del valor agregado que genera el trabajo humano del sector privado, en tanto siempre sucede la misma historia: en tiempos de bonanza los dueños del capital ganan, y en tiempos de pérdida no sólo pierden los empresarios nacionales, sino también los trabajadores.

En empresas que tienen una persona jurídica por acciones, puede reconvertirse el recorte salarial en una capitalización de los trabajadores, que pasen a ser accionistas de las empresas para las cuales trabajan en la proporción del recorte mensual.

Una medida en tal sentido posibilitaría tres cuestiones:

Garantizar un nuevo tipo de financiamiento a las propias empresas, en tanto el 25% de la masa salarial se vuelca a la capitalización compulsiva de las mismas.
Evitar planteos de inconstitucionalidades respecto a tales recortes, ya que violan el orden público laboral. Los salarios percibidos son derechos humanos indisponibles por las partes, protegidos constitucionalmente en el 14bis de la Constitución Nacional y el principio de progresividad del art. 19.
Incorporar al movimiento obrero organizado en la administración de esas acciones, con lo que se garantiza la participación de los trabajadores y trabajadoras no sólo en la ganancia, sino también en las decisiones, como lo prevé el 14 bis de la CN. Desde ya, las acciones podrán administrarla pero no disponerlas, ya que la titularidad de las acciones será de cada una de las personas que trabajan.

En el siglo XX nuestros antepasados discutieron si la ganancia debe canalizarse a los Bancos privados o a la administración del Estado, vimos quién se impuso. Ahora bien, es momento de que las superestructuras políticas y financieras den un paso al costado, para comenzar a dotar de medios de producción y de herramientas de decisión las mochilas de los hombres y mujeres que trabajan.

Frente a una tecnocracia que amenaza con arrebatar la posibilidad de que nuestro pueblo trabaje dignamente en un mundo robotizado, debemos oponer la capitalización y la socialización de los medios de producción en toda organización sindical libre y democrática, es hora de que todos y todas concurramos en la producción. No es un privilegio, es una responsabilidad humana.

Por otra parte, observamos que el sistema de las ART moviliza pólizas de riesgos de trabajo por 112 BILLONES de pesos (34). Tales recursos son administrados por compañías financieras en su mayoría cuyos controlantes son de capital extranjero, por lo que las ganancias se dolarizan y remiten al exterior. Este sistema es padecido por los trabajadores y empresarios que no ven ningún tipo de prevención en materia de riesgos laborales, sino un negocio del riesgo y el cálculo financiero de calcular pólizas impagables en función de los juicios e indemnizaciones por accidentes. Es hora de volcar la administración de dichos fondos billonarios al Consejo económico y social para la producción y el desarrollo.

La integridad psicofísica de los hombres y mujeres que trabajan no puede ser un negocio para el sector financiero, debe volcarse a la inversión de empresas modernas que preservan la salud de la masa trabajadora y la potencie hacia una mejor capacidad productiva. La salud es prioritaria en tiempos de Pandemia, y es indudable que los principales deterioros psicofísicos de una persona están asociados a las incontables horas que se encuentra a disposición de su empleador. De igual modo, también es incontrastable que los pueblos que gozan de una buena salud, tienen una mayor productividad por habitante.

La fuerza mayor global cobra vida en el ámbito laboral, pues todos los contratos de trabajo pueden rediscutirse en sus términos, siempre respetando el orden público laboral y el derecho protectorio, es decir, a favor de los trabajadores y trabajadoras del país. En resumen, uno de los tantos términos en los que pueden discutirse es en comenzar a fomentar ámbitos de capitalización, producción y prevención de riesgos en las organizaciones gremiales de cada sector, con el objetivo también de educar, formar y preservar la capacidad productiva y la integridad psicofísica de la clase trabajadora, en esta guerra sanitaria que nos importaron.

La fuerza mayor global nos posibilita desarmar la Argentina concesionada y endeudada, para reconvertirla en la Argentina productiva y del pleno empleo.

Por último, no existe producción, pleno empleo y desarrollo sin una infraestructura financiera, logística y energética que se encuentre al servicio de los intereses de la comunidad, los cuales desde los años 90 se encuentran en manos de un reducido conjunto de capitales extranjeros y nacionales oligopólicos.

Por mencionar sólo un caso, los contratos de concesión de servicios públicos de distribución eléctrica contemplan que la fuerza mayor como argumento para la revisión de los acuerdos, por una cuestión esencial del derecho administrativo y del derecho civil y comercial, previstas tanto en el derecho continental europeo como en el derecho anglosajón.

Analicemos por un momento tales supuestos de fuerza mayor, en los contratos de deuda celebrados por el Estado con privados, según legislación extranjera.

En el derecho internacional privado, se considera que los contratos de deuda de una Nación soberana mediante la emisión de títulos o bonos en un mercado extranjero, de igual modo que cualquier contrato suscripto por el Estado con privados en el extranjero, son actos ejercidos por el Estado como sujeto privado y, por lo tanto, en igualdad de partes con corporaciones y bancos trasnacionales.

El Estado, en las contrataciones que realiza con el capital extranjero, se encuentra sometido al derecho civil y comercial privado y no al derecho público administrativo. Luego, la renuncia a la inmunidad soberana, en resumidas cuentas, implica que el Estado Argentino somete a la jurisdicción extranjera decisiones que compromete miles de millones de dólares a futuras generaciones.

Sin perjuicio de la inconsistencia jurídica que ello supone con la libre autodeterminación de los pueblos –principio troncal de la Organización de las Naciones Unidas (ver Preámbulo, art. 1 y 2)-, son las reglas que actualmente se imponen en los estrados judiciales internacionales, salvo contadas excepciones como la Federación Rusa o Corea del Sur.

En los papers actuales sobre derecho tributario, comenzaron los afluentes de tinta a señalar que la fuerza mayor global –en materia civil- y el estado de necesidad –en materia penal- son causales de eximición de responsabilidad e inculpabilidad en el cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de los privados (35).

Luego, en el caso de contrataciones del Estado con privados extranjeros o locales, han llegado a señalar:

“¿Puede el coronavirus constituir un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor? Sin duda, en la medida en que su irrupción en la relación contractual no haya podido preverse o bien evitarse aún prevista. ¿Puede entonces eximirse la parte afectada de cumplir sus obligaciones contractuales o de ser responsable del incumplimiento? Sí, pero deberá atenderse a las excepciones del art. 1733 –CCyCN-, pues podría ocurrir, por ejemplo, que el corona virus afectara a un deudor que se expuso negligentemente a contraerlo, en cuyo caso difícilmente podrá evitar su responsabilidad. ¿Puede ello resultar en la extinción del contrato sin responsabilidad para el afectado? También, si la imposibilidad de cumplimiento resulta definitiva o, de ser temporaria, si frustra completamente el propósito de contraerlo” (ALFARO y LORENTI, ver nota al final 35).

El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina prevé que “Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario. En este código se menciona caso fortuito o fuerza mayor como sinónimos” (art. 1730).

A su vez, establece que “el deudor de una obligación queda eximido del cumplimiento, y no es responsable, si la obligación se ha extinguido por imposibilidad de cumplimiento objetiva y absoluta no imputable al obligado. La existencia de esa imposibilidad debe apreciarse teniendo en cuenta las exigencias de la buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos” (art. 1732).

En síntesis, para el análisis de cada caso debe observarse si el contrato en cuestión previó la fuerza mayor y de qué manera, y en muchos casos por más de que la misma se encuentre prevista, si el hecho sucedido era imposible de prever la parte afectada puede defender su posición frente a la imposibilidad súbita de cumplimiento (supuesto de imprevisión).

En el derecho estadounidense y, en particular, en los tribunales de Nueva York (donde la mayoría de nuestros contratos de deuda tienen jurisdicción y legislación aplicable), podemos destacar que se aplica la “defensa de imposibilidad de cumplimiento”, a partir de los casos Kolodin v. Valenti (979 NYS 2d 587 589 1st. Dep’t 2014), por el cual “La defensa de imposibilidad está permitida cuando la destrucción de los medios de cumplimiento de una obligación por fuerza mayor hace que el cumplimiento del contrato sea objetivamente imposible”, y el caso Kelm Kim Corp (70 NY 2d at 902), donde se estableció que dicha Defensa de imposibilidad opera cuando “el cumplimiento de una obligación debe ser imposible por un evento imprevisto que no pudo anticiparse o protegerse en el contrato”. En los tribunales ingleses se aplican los Unfair contract terms act 1977, en igual sintonía con el derecho argentino, donde las partes pueden suspender –y hasta revisar- los términos de un contrato cuando una fuerza mayor las imposibilita de cumplir con sus prestaciones-.

A modo de ejemplo, el famoso y vergonzoso endeudamiento en dólares por 100 años (Bono AC17) se concretó mediante una emisión de títulos de deuda autorizada por el art. 34 de la ley 27.341 de Presupuesto 2017 y el Decreto PEN 29/17.

La norma que dio origen a su emisión fue la Resolución del Ministerio de Finanzas 97-E/2017, que estableció un conjunto de bancos privados extranjeros que serían los agentes colocadores intermediarios de los bonos en el mercado de Nueva York (Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities Inc., Nomura Securities Intemational, Inc. y Santander Investment Securities lnc.), muchos de los bancos que hoy ofician de intermediarios en el nuevo canje que se propone para 2020.

Dicha Resolución aprobó como Anexo IV el prospecto jurídico de la emisión de los títulos, denominada “REGISTRATION RIGHTS AGREEMENT”, la cual consta de 59 páginas en inglés y en español, constituyendo un modelo típico de prospecto para este tipo de emisión de deuda pública en el mercado de Nueva York, similar al de las otras colocaciones de deuda realizadas mediante bonos (80 mil millones de dólares que pretenden ser negociados en el nuevo canje).

Tal prospecto no menciona en ninguna de sus páginas, en forma directa o indirecta, los supuestos de fuerza mayor o caso fortuito (force majeure / act of God). Lo que es importante subrayar es que en NINGUNA de las colocaciones de deuda en moneda extranjera o sometida a legislación foránea, fueron previstos supuestos especiales frente a fuerza mayor o caso fortuito.

Lo antedicho implica que si no fue previsto el supuesto de fuerza mayor debe aplicarse la legislación y jurisprudencia del caso, que son a favor del deudor cuyo cumplimiento de la obligación se torna imposible, por lo que puede plantearse el no pago y la revisión de los acuerdos, hasta su rescisión sin derecho indemnizatorio.

En definitiva, Argentina enfrenta pagos de VENCIMIENTOS de deuda que alcanzan los 224 mil millones de dólares hasta 2023, lo que resulta increíble con el hecho de que si pagamos tales vencimientos vamos a seguir debiendo casi lo mismo (más de 300 mil millones de dólares), pues se trata en su mayoría de VENCIMIENTOS DE INTERESES.

Por otro lado, Argentina enfrenta el latido de una de sus peores crisis económicas y sociales, toda vez que nuclea un déficit fiscal similar al que significó el final del gobierno de Alfonsín y la hiperinflación en 1989, así como un déficit del sector externo mayor al que concluyó con el gobierno de De la Rúa y llevó al corralito por falta de dólares en 2001. Tales fenómenos se reunieron en espacio y tiempo y suponen una bomba de tiempo que el Covid19 no hizo más que potenciar, con uno de cada dos niños y niñas que pasan hambre y una desocupación récord de dos dígitos.

Hoy la solución no basta con imprimir dinero, porque poner dinero en el bolsillo de las personas sin un trabajo o producción real que se genere como contra partida, puede tener un efecto hiperinflacionario frente a una economía estancada.

Tampoco es posible seguir endeudándose, en tanto esa trampa sólo sirve para generar un negocio ficticio para un conjunto de intermediarios extranjeros y locales que cobran comisiones por cada colocación, así como para los actores del sistema financiero global que utilizan la deuda pública como instrumento de sometimiento de los Estados.

Es necesario frenar la sangría de dólares que permitirían adquirir los bienes de capital e insumos básicos para el desarrollo productivo del país. Es fundamental iniciar un nuevo ciclo de producción y crecimiento que sólo podrá ser posible si el Estado toma decisiones soberanas y planifica su economía hacia el futuro.

El llamado a la responsabilidad humana

Nuestra disciplina jurídica tiene dos claros caminos frente a nuestra casa común que sufre un histórico incendio en todos sus rincones: o entra a salvar a los seres humanos que quedaron atrapados entre el fuego destructor, o trata de salvar la biblioteca de roble francés y los viejos cuadros que adornaban la sala principal.

La fuerza mayor global es un supuesto que permitirá a la Argentina patear el tablero actual en el que se encuentra empantanada, utilizando las propias reglas jurídicas del sistema global que le impone la conducta indigna de vivir pagando y morir debiendo.

Los recursos estratégicos del país y los servicios públicos esenciales pueden ser recuperados bajo este supuesto, toda vez que los contratos suscriptos no condicionan a la Argentina frente a una fuerza mayor, sino todo lo contrario, deja librado a que la legislación aplicable proteja la población en estas situaciones y permita la revisión de los acuerdos.

El planteo también es lógico desde el sentido común, que según Cátulo Castillo suele ser “el menos común de los sentidos”: ¿por qué no recuperar a manos públicas los servicios privatizados si es hoy el Estado quien debe financiar el pago de sueldos, subsidia concesionarias y exime de impuestos a los titulares de tales servicios, producto de la crisis? Resulta ser entonces que en la explotación normal de los servicios públicos el Estado debe estar ausente, aunque debe sí aparecer para asegurar la ganancia a los privados titulares de los mismos.

De igual modo sucede con la deuda en el plano internacional. La deuda le significa al pueblo argentino millones de vidas que serán perdidas en los próximos años, producto de la falta de fondos para afrontar la crisis sanitaria, social y económica. Sin embargo, la deuda argentina significa respecto a la economía global sólo el 0,6% de su PBI mundial, sumado a que el mercado de bonos de deuda soberana de todos los países del mundo representa en los instrumentos financieros menos del 5% (más del 90% son derivados). En definitiva, este tipo de decisiones serían sólo un estornudo en el mundo, si no fuera por el grado de oxidación y podredumbre que merodea los rascacielos espejados del sistema global.

Tales políticas no sólo pueden ser implementadas por nuestro país, sino también puede entablarse una acción regional coordinada, en la cual se prevean herramientas continentales para la atención de ciertas áreas estratégicas de la economía, así como fondos anticíclicos frente a crisis financieras que puedan arrastrar a toda América Latina.

Existen ya herramientas como la Unión de Naciones Sudamericanas, de igual modo que la Confederación de Estados Latinoamericanos y Caribeños y el Banco del Sur, sólo falta la decisión política que países de la envergadura de Argentina pueden pivotear.

Como estamos en el mismo barco, somos todos y todas responsables

Surge una nueva posibilidad frente a la fuerza mayor global: ampararnos en las herramientas jurídicas globales con las que contamos y tomar decisiones soberanas que nos dignifiquen como pueblo, como seres humanos que entre la vida y la muerte preferimos elegir vivir digna y libremente.

La única deuda pendiente en nuestro país es la de la clase dirigente de la democracia nacida en 1983, y en esto los y las profesionales del país no escapan al llamado, pues todavía existen quienes sostienen que la miseria no es un tema a resolver con urgencia, sino una postal de un largo plazo siempre pendiente, que “pobres siempre hay”, que lo importante es la pendiente de una curva y no los rostros de injusticia que se multiplican en los rincones de Nuestra América.

Los eternos resignados y posibilistas que olvidan –salvo para reenviar una foto en su aniversario- el testimonio de Evita en nuestro suelo, el cual demostró que cuando hay voluntad puede terminarse con el sufrimiento que supone la miseria.

¿Es posible hablar de progreso cuando todavía existe el dolor de una madre, que aguanta el hambre durante un día entero para darle de comer un mate cocido con tostadas a sus hijos? No se trata de ideologías, ni de perspectivas, ni de curvas… se trata de realidades: mientras haya una sola persona que pasa hambre, no se comprenden los aplausos ciegos a quienes tienen algún poder de decisión o divulgación en esta tierra.

A esta responsabilidad no escapa nuestra disciplina jurídica, pues en un mundo superpoblado, superindustrializado, con un desarrollo científico técnico más pendiente de la financiación que de la finalidad humana, la ciencia moderna comienza a necesitar un respirador artificial para seguir entre nosotros. Quizá los tiempos que nos sigan contrastarán nuestras acciones con las exigencias de su presente. Será tarea de historiadores.

En todo esto fue muy contundente el Papa Francisco en el congreso económico organizado ante las autoridades del FMI, representantes de diferentes gobiernos y actores de las finanzas globales el 05/02/2020:

“Un mundo rico y una economía vibrante pueden y deben acabar con la pobreza… El mundo es rico y, sin embargo, los pobres aumentan a nuestro alrededor. Según informes oficiales el ingreso mundial de este año será de casi 12.000 dólares por cápita. Sin embargo, se calcula que aproximadamente cinco millones de niños menores de 5 años este año morirán a causa de la pobreza. Otros 260 millones carecerán de educación debido a falta de recursos, las guerras y las migraciones… se trata de problemas solucionables y no de ausencia de recursos… No estamos condenados a la iniquidad universal… Es necesaria una co-responsabilidad inspiradora y esperanzadora para crear un clima de fraternidad y de renovada confianza que abrace en conjunto la búsqueda de soluciones innovadoras y humanizantes… Las exigencias morales de San Juan Pablo II en 1991 resultan asombrosamente actuales hoy: “Es ciertamente justo el principio de que las deudas deben ser pagadas. No es lícito, en cambio, exigir o pretender su pago cuando éste vendría a imponer de hecho opciones políticas tales que llevaran al hambre y a la desesperación a poblaciones enteras. No se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables. En estos casos es necesario —como, por lo demás, está ocurriendo en parte— encontrar modalidades de reducción, dilación o extinción de la deuda, compatibles con el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y al progreso” (Centesimus Annus, § 35)… debemos construir puentes que favorezcan el desarrollo de una mirada solidaria desde los bancos, las finanzas, los gobiernos y las decisiones económicas. Necesitamos de muchas voces capaces de pensar, desde una perspectiva poliédrica, las diversas dimensiones de un problema global que afecta a nuestros pueblos y a nuestras democracias”.

Hoy el debate jurídico puede significar un nuevo renacimiento de nuestra disciplina, si entendemos que el mundo requiere un nuevo ropaje jurídico para cabalgar, con un fuerte protagonismo de lo comunitario, con una vigorosa democracia social y participativa que integre a los sectores de la vida nacional a los lugares de decisión, con una decidida orientación de la política pública a la protección de las vidas, la salud y el trabajo de las personas, como única posibilidad de la subsistencia de cada pueblo.

Soberanía no es un gobierno decidiendo, sino un gobierno decidiendo en base a los intereses de su país y de la comunidad de familias, trabajadores, sindicatos y empresas nacionales que representa. Para que eso suceda no queda otro camino que el poder público integre a los sectores de la vida nacional y planifique junto a ellos el destino de grandeza y felicidad.

Tales desafíos implican desde lo humano una nueva conversión espiritual, cuestión que ya habían anticipado todos los líderes nacionales de la historia del siglo 20. Un nuevo hombre y una nueva mujer, iguales en oportunidades, amigos de la naturaleza y cuidadores de su casa común, conectados con el otro y protectores del bien común. Las utopías y los sueños son el eterno fuego al cual todavía tenemos derecho. Un derecho que nace por pisar esta casa en la que vivimos.

Una nueva filosofía, de raíz latinoamericana y profundamente humanista, debe echar raíces para que florezca el renacer de las Ciencias, que hoy desde el ámbito social y económico no logran ofrecer respuestas novedosas para atender las tareas que el presente impone.

Bibliografía

Agamben, Giorgio. Estado de excepción. Homo sacer, II, I. Adriana Hidalgo Editora. Buenos Aires: 2005.

Klein, Naomi. La doctrina del Shock. El auge del capitalismo del desastre. Paidós Ibérica ediciones. Buenos Aires: 2007.

Prelooker, Mauricio. La economía del desastre. Grupo Editor del Encuentro. Buenos Aires: 1996.

Ugarteche y Martínez-Ávila, La gran mutación: el capitalismo real del siglo XXI, Editorial Brevarios de Investigaciones Económicas, 2013

Notas

Estadísticas de la United Nations World Food Programme, World Health Report – World Health Organization (WHO), The State of the World’s Children – United Nations Children’s Fund (UNICEF), en www.worldometers.info. Ver también: “Un niño menor de 15 años muere cada cinco segundos en el mundo, según un informe de la ONU”. En Unicef: https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/un-ni%C3%B1o-menor-de-15-a%C3%B1os-muere-cada-cinco-segundos-en-el-mundo-seg%C3%BAn-un-informe.
“Más de cien millones de personas pueden morir de hambre”. Publicado el 02/04/2019, en Naciones Unidas: https://news.un.org/es/story/2019/04/1453791. “Día Mundial de la Alimentación: 2,8 millones de niños mueren al año por causas relacionadas con la desnutrición”. Publicado en UNICEF: https://www.unicef.es/noticia/dia-mundial-de-la-alimentacion-28-millones-de-ninos-mueren-al-ano-por-causas-relacionadas.
“El hambre en el mundo lleva tres años sin disminuir y la obesidad sigue creciendo”. Publicado el 15/07/2019 en Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/es/news-room/detail/15-07-2019-world-hunger-is-still-not-going-down-after-three-years-and-obesity-is-still-growing-un-report
Guadagni, Alieto Aldo. “Hacia una nueva globalización”, publicado en Ámbito financiero, el 15/05/2020. Ver también: “El beneficiario inesperado del coronavirus: el planeta”. Publicado el 17/03/2020, en CNN: https://cnnespanol.cnn.com/2020/03/17/hay-un-beneficiario-poco-probable-del-coronavirus-el-planeta/. “El parate mundial por el Covid-19 limpió los cielos y redujo el calentamiento global”. Publicado el 22/03/2020 en Infobae: https://www.infobae.com/economia/2020/03/22/el-parate-mundial-por-el-covid-19-limpio-los-cielos-y-redujo-el-calentamiento-global/
“Frente al aumento de la pobreza infantil, UNICEF llama a fortalecer la protección social. Informe en el marco de COVID-19”. Publicado el 20/05/2020 en UNICEF: https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/Covid19-pobreza-desigualdad-infantil-2020
“La ONU alerta sobre el Mapa del Hambre”. Publicado en La Vanguardia, el 17/01/2020: https://www.lavanguardia.com/internacional/20200117/472922349545/hambre-africa-emergencia-climatica-onu-programa-mundial-de-alimentos-yemen-ayuda-alimentaria-hambruna.html
“Sólo 62 personas tienen la mitad de la riqueza mundial”, publicado en Ámbito Financiero, 19/01/2016.
“Piden (en Davos) más impuestos para los ricos”, publicado en Ámbito Financiero el 21/01/2020.
“Bill Gates prometió donar 100 millones de dólares para combatir el coronavirus”. Publicado en Clarín el 05/02/2020: https://www.clarin.com/tecnologia/bill-gates-prometio-donacion-millonaria-combatir-nuevo-coronavirus_0_p4MqRyvE.html. “Coronavirus: Gates aportó 750 millones de dólares al proyecto de vacuna de Oxford”, publicado en Página 12, el 05/06/2020.
“Frank Snowden. ‘Las epidemias son como mirarse al espejo de la humanidad, y puedo decir que no todo es bello’”. Publicado en La Nación el 29/03/2020.
“Alemania rescata a sus grandes multinacionales (y sus acciones repuntan)”. Publicado en Ámbito financiero el 27/03/2020.
“Las autoridades de 23 países en cinco continentes han buscado acceder a la tecnología de seguimiento de contactos de Apple Inc. y Google de Alphabet Inc., anunciaron ayer las compañías en el lanzamiento de la versión inicial del sistema. La tecnología de Apple y Google permitirá a los gobiernos que enfrentan al Covid 19 publicar aplicaciones móviles en los próximos días, que las compañías dijeron podrán registrar de manera confiable a los usuarios que mantienen proximidad física por al menos cinco minutos. Un usuario que posteriormente se infecte con el virus podría usar la aplicación para notificar de manera automática y anónima a sus contactos recientes. Algunos gobiernos han aplaudido el sistema, que podría ayudarlos a examinar y aislar individuos potencialmente infectados de forma eficiente que mediante las consultas que buscan que recuerden sus interacciones recientes”, publicado en Panorama Bursátil de Ámbito financiero el 21/05/2020. Ver también: GATES, Bill. “31 questions and answers about COVID-19”, publicado en su portal web personal Gates notes el 19/03/2020: https://www.gatesnotes.com/Health/A-coronavirus-AMA. “Crece la presión internacional para que la vacuna contra el Covid19 sea bien público mundial”, publicado en Ámbito financiero el 19/05/2020. “El retorno de los desconocidos de Siempre”, escrito por Walter Graziano para Ámbito financiero, el 05/05/2020. “Elon Musk says there’s a chance his AI-brain-chip company will be putting implants in humans within a year”, publicado en Business insider el 07/05/2020: https://www.businessinsider.com/elon-musk-neuralink-brain-chip-put-in-human-within-year-2020-5
No sólo lo hizo Bill Gates en una charla TED en 2015, sino que un estudio de 2015, dirigido por Ralph Baric y el grupo de científicos norteamericanos que venían abordando el virus del SARS (síndrome respiratorio agudo severo) proveniente de los murciélagos de herradura chinos, advertían la inminente posibilidad de un nuevo brote. En 2002 y 2003, el SARS, que se originó en estos mamíferos voladores, se extendió por China y otros países, cobrándose la vida de unas 800 personas. El estudio de hace cinco años, sugería «un riesgo potencial de la reaparición del SARS-CoV de los virus que circulan actualmente en poblaciones de murciélagos» y subrayó que el nuevo virus sería capaz de transmitirse directamente de murciélagos a humanos. En aquel entonces, Baric dijo: «Los estudios han pronosticado la existencia de casi 5.000 coronavirus en poblaciones de murciélagos y algunos de estos tienen el potencial de emerger como patógenos humanos». Por último, concluyó en 2015 que «Esta no es una situación de ‘si’ habrá un brote de uno de estos coronavirus, sino más bien cuándo aparecerá y qué tan preparados estaremos para abordarlo».
Las grandes multinacionales que manejan el comercio internacional de productos de origen agropecuario: Cargill, ADM Agro, Bunge, Dreyfus y COFCO. Ver “En 2018, cinco exportadoras concentraron el 54,4% de las ventas de granos y subproductos, las primeras 10 lo hicieron en un 90%”, publicado en La Nación el 27/02/2019.
Datos recolectados del INDEC y Ministerio de Economía de la Nación.
Ver Informe Comisión Especial Investigadora sobre Hechos Ilícitos Vinculados con el Lavado de Dinero en 2001. Informe del Banco Central de la República Argentina en 2007. Lista Falciani 2008. Informe de la Unidad de Investigación Financiera de 2015 y Comisión Bicameral Especial Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros Destinados A Facilitar la Evasión de Tributos y la Consecuente Salida de Divisas del País (Ley 27.094). Informe del Banco Central de la República Argentina “Mercado de Cambios, deuda y formación de activos externos 2015-2019”.
“Elsztain: ‘Argentina ha sido volátil durante 40 años’”, publicado en Ámbito Financiero el 18/02/2020.
“Emisión monetaria infinita o inflación discriminante: ¿dónde y cuándo?”. Publicado en El Cronista Comercial el 01/06/2020. “EEUU ultima un megaplán de estímulo de USD 4 billones para evitar un colapso económico”, publicado en Ámbito financiero el 23/03/2020. “Trump presiona a la Fed a que dé un paso impensado: avalar tasas de interés negativas”, publicado en Ámbito financiero el 13/05/2020.
“UE: crisis económica”, publicado en Ámbito financiero el 28/05/2020. “Propone la UE un plan de rescate sin precedentes de $825.000 millones”, publicado en Ámbito financiero el 28/05/2020. “Mercados desequilibrados”, publicado en Ámbito financiero el 23/03/2020.
“Desafío 2020: el Banco Central se propone impulsar el crédito”, publicado en Ámbito Financiero el 11/06/2020.
“El virus manda (pero el cash es rey)”, publicado en Ámbito financiero el 23/03/2020.
“Larry Fink, el inevitable socio del país y la llave para un acuerdo final”. Publicado en Ámbito financiero el 21/05/2020.
“Los ETF de oro con récords. BlackRock, en la mira de Wall Street”. Publicado en Ámbito Financiero el 05/06/2020.
“’At the end of the day, the market has no conscience.’ CNBC’s Jim Cramer: ‘Nobody is investing to make the world a better place’”. Publicado en Marketwatch.com el 02/06/2020.
“Trump sentencia: ‘La era de la globalización se terminó’”. Publicado en Ámbito financiero el 15/05/2020.
“La receta del IIF para enfrentar crisis Covid-19”, publicado en Ámbito financiero el 23/03/2020.
“Hay más de 470 millones de personas con problemas laborales en el mundo”, ver informe de la OIT de Tendencias 2020, publicado en Ámbito Financiero el 21/01/2020.
“La cantidad de trabajadores registrados es la más baja en 12 años”, publicado en BAE Negocios, el 26/12/2019.
“Panorama bursátil”, publicado en Ámbito financiero el 05/02/2020.
“Agro: podrían ingresar hasta USD 28.000 millones”. Publicado en Ámbito Financiero el 26/05/2020.
Moreno, Guillermo; Comari, Claudio y Carbonetto, Sergio. “¿Quién debe pagar la deuda?”, nota publicada en BAE Negocios el 09/02/2020.
“La suba del oro empuja el frente externo de la Argentina”, publicada en Ámbito Financiero el 26/05/2020.
Datos del Ministerio de Economía, publicados en Ámbito financiero el 26/05/2020 en el suplemento Charlas de quincho.
“CABA concentra el 43% de los seguros de personas”, publicada en Ámbito Financiero el 10/06/2020.
Borinsky, Mariano; Pascual, Juan Ignacio. “Covid19: estado de necesidad y delitos fiscales”, publicado en Ámbito financiero el 06/05/2020. El primero es Juez de Cámara Federal de Casación Penal, doctor en Derecho Penal UBA, el segundo es Secretario de Cámara en CFCP. Alfaro, Carlos E. y Lorenti, Pedro. “Coronavirus y fuerza mayor contractual”, publicado en Ámbito financiero el 16/03/2020. Roca, Carlos. “Política tributaria, finanzas públicas y progresividad en tiempos de catástrofe”, publicado en Ámbito Financiero el 12/05/2020.
“Los números que analizó el Gobierno para decidir la expropiación de Vicentin”. Publicado en Ámbito Financiero el 08/06/2020.