julio 2020

Diario de la peste: Consultas, reflexiones y posicionamiento

Dorothea Tanning

A partir de la semana del 16/3/20 la realidad del país cambió de modo drástico. Si bien era una crónica anunciada, no dejó por ello fue menos violenta la transición, cimentada en la situación económica preexistente.

A continuación se relatan casos reales, testimonios de personas que transitan esta nueva realidad, arrastrando todas las condiciones peyorativas de la anterior. Se aclara que los nombres propios utilizados (tanto de trabajadorxs como de empleadorxs), son ficticios, y que la finalidad de la presente nota es meramente de investigación académica, conforme las conclusiones esbozadas hacia el final del artículo.

Luciana escribió una consulta a través de Messenger, a una página donde no se responden consultas jurídicas. Una persona en común orientó su comunicación, y finalmente hizo esta consulta: “Yo y mi marido estamos trabajando ambos y tenemos menores de 14 años el es esencial en su trabajo pero yo me quería tomar licencia y no se como puedo hacer o si me corresponde por que cuando llamé al art y me dijeron que el no está pagando y que ellos no pueden hacer nada.” Trabaja hace varios años en una panadería de cadena, y la comunicación con la patronal es inexistente. O lo era al inicio del conflicto. Se le aclaró que podía tomar la licencia, de modo pago, y se mandó un telegrama a los efectos. El telegrama no fue contestado, pero sí fue recibido, y ella dejó de ir a laborar. Al mes siguiente el salario le fue abonado en último término (fue la última de sus compañeres en cobrar), pero le pagaron correctamente. Al mes siguiente ingresaron al programa ATP, y el empleador se negó a abonar el salario, ofreciéndole a la actora el teléfono de su contador, para que le explique el por qué. El contador no era tal, sino que era el abogado de la patronal. La indicación fue no comunicarse con él bajo ningún punto de vista, pero el marido de la actora lo hizo desoyendo las indicaciones, y le dijeron que no le correspondía el pago a la actora, ya que no había laborado el período. Se mandó telegrama intimando al pago, que fue contestado por la patronal en los mismos términos de terquedad, consecuentemente está en vías de resolverse judicialmente su caso. En la misma panadería labora como cajera una señora con más de 78 años, y tienen en delivery a una trabajadora en negro, madre de un menor con discapacidad. La actora es la única que hizo algún tipo de reclamo, e intentó organizar a sus compañeras, sin éxito: todas necesitan demasiado el trabajo.

Carla se comunicó por redes con una consulta desesperada. La habían despedido, y no le pagaron lo último que trabajó. Cuando se pudo establecer la comunicación directa con ella, así como ver su telegrama de despido, las opciones se definieron como escasas. Laboró menos de un mes. Ingresó en febrero en una panadería de cadena, aparentemente bien registrada, pero el 17/3, cuando ya se habían levantado las clases escolares y suspendidos los trámites en el Poder Judicial, la despidieron. Era su día de franco, y la carta documento le llegó el 19/3, así que el 18/3 se presentó a trabajar, y le fue negado el ingreso. La encargada le dijo que la habían despedido, pero que como trabajaba muy bien la iban a llamar cuando pasara “el lío”. Lo laborado de febrero se lo habían pagado, pero jamás le abonaron lo que trabajó en marzo, y ella no quiso hacer el reclamo, porque teme que no la llamen luego. Por supuesto no entró en la prohibición de despidos, que ocurrió dos semanas más tarde.

Alejandro trabajaba en Equis empresa de servicios virtual desde diciembre del 2019. Hicieron “reestructuración de personal”, la última semana de marzo, y en una videollamada les comunicaron que varixs serían despedidxs, sin dar nombres. Que esperaran la carta documento. El 1/4 le llegó la notificación de su despido sin causa. Fueron unas 10 personas despedidas, y las cartas documento llegaron entre el viernes 27/3 y el miércoles 1/4. El actor tuvo la excepcional suerte de que por la fecha de su despido (y el carácter recepticio de la notificación) podía ser reinstalado, pero no quiso. Dijo que él es joven, que esto no iba a durar mucho, y que ese trabajo no le gustaba. Que le prometieron que la indemnización que le iban a pagar era “la doble”. Se le ofreció controlar el monto de la liquidación, que finalmente le pagaron en 3 cuotas, pero con el monto prometido. Por supuesto no existe organización gremial alguna, ni se han organizado les despedides, por más que también fue parte del consejo legal. El actor no quiso avanzar con los reclamos, pero mirando esta consulta en retrospectiva, una se pregunta si ya cambió de opinión o realmente no lo necesita ni desea.

Jessica y su prima trabajan ambas en una cafetería en cadena. Jessica hace 9 años, su prima hace 4. La última semana de marzo, la empleadora anunció que las 80 personas que integran la planta serían divididas en tres grupos: Grupo 1) 10 Personas con suspensión sin remuneración; Grupo 2) 50 Personas con suspensión y remuneración al 50% x 90 días; Grupo 3) 20 Personas con ajuste del salario al 70% x 90 días, a los cuales se les informo que el 30% restante se le iba a pagar antes de diciembre. Citaron los artículos 221, 222 y 223 bis. Ella y su prima están incluidas en el grupo 3, y les exigen una firma digital para efectivizar su situación. En videollamada grupal hubo voces disconformes con las resoluciones de la patronal, y la respuesta por parte de la gerenta de personal no se hizo esperar: quien no estuviera de acuerdo con lo resuelto descendía al grupo uno, el que no cobra ni labora. Obviamente esto hubo de ser modificado cuando apareció el decreto de suspensión de despidos y las posteriores reglamentaciones que ya conocemos. Además la empresa ingresó al ATP, pero lo esencial del mensaje que esparcieron trascendió: ninguna de las personas que laboran allí quiere comunicarse con abogades u organizarse entre sí, para no descender de grupo. Desconfían todxs entre sí, y las actoras decidieron sencillamente guardar y documentar lo que sucede, para eventualmente, hacer un juicio, cuando “la cosa se calme”.

Javier trabaja desde hace muchos años en una empresa que se dedica a comerciar principalmente con artículos importados. Su empleadora creó un grupo de Whatsapp, y agregó a las 30 personas que laboran allí para comunicarles las reducciones de horario y salario que harían, y cito: “En este contexto global A NINGUNO de ustedes les gustaria quedarse en la calle en este momento, cobrar menos no es lindo pero sean solidarios. Les pido que no vengan con cuestionamientos porque estoy «agotado» de tratar el menor perjuicio para todos. Mago no soy. Aclaro esto porque ya me pasó ayer con uno de ustedes lamentablemente, parece que todos somos muy buenos hasta que nos tocan el bolsillo. Vayan llamando y les digo a cada uno que pude lograr en cada caso en sueldo y en reduccion de la carga horaria. Gracias.” Es una empresa familiar, salvo por el actor y algunes más. Ingresaron entre los primeros en el programa de ATP y la empresa sólo está abonando eso. El actor tenía en blanco solamente el 30% de lo que cobraba, y ahora cobra la mitad a través del Estado. No quiere hacer el reclamo, porque en caso de rodar cabezas, él sería de las primeras, y necesita el trabajo más allá de la pandemia.

Axel trabaja en un puesto jerárquico, en una empresa de traslados de larga distancia. Durante abril no prestó tareas, y le abonaron solamente el 70% de su salario. En mayo retomaron tareas todes les empleades, de modo remoto o con un falso permiso. El salario no sólo no subió al 100 sino que les anunciaron que para el mes que viene sólo les será abonado lo que paga el Estado, pues también ingresaron en ATP. Se le explicó que puede hacer el reclamo, pero por su posición en la empresa no quiere llamar la atención, ni abrir la vía para que otras personas también reclamen, porque dice que ahí si que no va a alcanzar para todes. Se le explicó que eso lo debe pensar la patronal, y no él que ya ve mermados sus ingresos, pero dijo que va a esperar a que “todo se calme”.

Walter trabaja de cadete administrativo para una empresa que hace transportes. ¿Transportes de qué? De muchas cosas, pero ahora durante pandemia hicieron un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad y trasladan jubiladxs. ¿Son actividad esencial? Dicen que sí, que son Salud, pero no lo habían hecho jamás antes. Judicialmente es pinchudo, y el conflicto para él es: “mi jefe me está arriesgando innecesariamente en la pandemia”, ya que -desde su óptica- las cosas que le encargan hacer son inútiles, trámites menores. Es el único cadete en una empresa de 4 personas, es muy joven, vive cerca del trabajo y no tiene condiciones físicas dificultosas, pareciera que lo que le molesta es la banalidad de sus tareas. Está correctamente registrado, le están abonando el salario íntegro en tiempo y forma, ingresaron al programa de ATP, y todos los demás trabajadores, siguen laborando. No existe excusa legal para que el actor no preste tareas, pero las consultas de este tipo existieron y fueron muchas: la gente tiene miedo.

Julio trabaja en un supermercado minorista, una cadena pequeña, con apenas un par de sucursales en algunos barrios porteños. Vio por la televisión que quienes laboraban en supermercados iban a cobrar un plus, negociado por el Sindicato de Empleados de Comercio, y quería saber si debía reclamarlo y cómo hacer. En la página del SEC están los empleadores que abonaban el plus, quienes entraron en la negociación, pero el empleador del actor no figura. En sus propias palabras: “Claro, es un arreglo de la cámara de supermercadistas. Arreglaron con el gitano para que no se pongan locos los delegados de los grandes supermercados. Gracias por todo. Disculpa la molestia. Igualmente lo voy a pedir a ver si nos dan”. No ocurrió.

Matías ingresó a trabajar en una heladería en diciembre, con un contrato de temporada. El 19/3 le dijeron que no volviera, y le hicieron firmar la correspondiente notificación. En abril se comunicó desesperado, porque no va a cobrar nada más, pero tampoco puede pedir el seguro de desempleo ni el IFE. Es un hombre grande, tiene familia y no tiene otro medio de subsistencia. Se le explicó que se puede descolgar del contrato de trabajo, pero que eso no implica que vaya a cobrar nada de allí. El trabajador no le dio importancia, dice que igual no lo iban a volver a llamar, que el gerente lo maltrataba. Como era de esperarse, al revisar sus condiciones laborales, surgieron los usuales elementos fuera de regla: para empezar, un falso trabajo parcial, con varias horas sin registrar. Se realizó el reclamo y se efectivizó un despido indirecto, en plena prohibición de despidos(!), al solo efecto de que pudiera cobrar el IFE o el seguro de desempleo.

La mamá de la Negra trabaja en el buffet de un colegio privado de Zona Norte. Hace 20 años que presta tareas ahí, y en su sábana se ve el cambio de empleador, pero ella siguió firme en su puesto, y con la antigüedad bien reconocida. Sin embargo, todos los eneros y febreros, así como 15 días de julio, jamás le fueron pagados. Su empleador, que tiene un convenio con el colegio, ya les anunció a ella y sus compañeras que van a cobrar sólo lo que el Estado les pague, pues pidió el ATP. La mamá de la Negra se puso a la cabeza de sus compañeras y llamaron al sindicato, y como no le contestaron, se fueron allá. Consiguieron que les armen una denuncia y que le manden una carta documento a su empleador, que respondió por whatsapp furibundo. La Negra tiene miedo por su mamá, porque dice que ya es una señora mayor y si pierde este trabajo no va a conseguir otro. Se le explicó cuáles son los alcances de la normativa, cuál era su situación laboral hasta donde se veía, y sus posibilidades de reclamo, y dijeron que van a seguir empujando al sindicato.

Lucas trabaja en una pequeña empresa que se dedica a producciones audiovisuales para eventos de magnitud: deportivos, fiestas, etc. Su primer temor era que su empleador se enterara de que consultó a una abogada: dice que el medio es muy pequeño y que años atrás cuando hizo otro reclamo (no judicial, no administrativo, simplemente un telegrama), quedó muy marcado. Son casi 20 en la empresa, todes “grises” como dijo él. Tienen un porcentaje muy básico del salario en blanco, por tiempo parcial, y en la escala de comercio, como adminsitratives todes. Su empleador les maltrata, y también creó un grupo de whatsapp para comunicaciones. Les obligan a ir a la oficina a pesar de que todo su trabajo podría ser hecho desde sus casas, y luego de ciertas dificultades para pagar el mes de abril, el empleador se apersonó furioso en la empresa. El actor lo confrontó para bajar el nivel de violencia hacia sus compañaeres y finalmente el empleador les gritó que “ahora iban a ver si él a fin de mes no bajaba la persiana”. El actor quería saber qué hacer y dónde estaba parado, y si aquello que dijo su empleador era posible. Se le explicó con el mayor cuidado posible, y al día de hoy documenta lo que ocurre para un eventual juicio, pero no quiso avanzar en ningún reclamo formal. La empresa, por el momento, sigue funcionando.

Laura trabaja en un geriátrico en CABA. Al inicio del aislamiento, se comunicó muy preocupada, porque tiene mucho miedo de llevar “el bicho” a su casa, donde viven su pareja y el hijo menor de edad de él. No entraba en ninguno de los supuestos de las licencias, y además pasó a ser trabajadora esencial. Aceptó la situación, y volvió a trabajar (pues ya había decidido autoaislarse). El geriátrico tuvo hace dos semanas sus primeros casos de covid, trasladado por un enfermero, pero los dueños son muy cercanos a alguien en el gobierno de la ciudad, y la denuncia al 107 no tuvo efecto, ninguna de las veces que se hizo. Consecuentemente, están desarmando el lugar poco a poco, enviando a las personas a otras instituciones médicas, pero con todo el personal laborando mientras. La actora dio negativo al test, y fue aislada 15 días, luego de los cuales se le pidió que volviera a trabajar, pero ella se negó. No existe amparo legal a su situación, pues el miedo, salvo que sea respaldado por psiquiatra receta mediante, no alcanza. El gremio está ausente, y su empleador finalmente le ofreció una licencia sin goce de sueldo, que ella eligió aceptar.

Lucía trabaja en el consulado de un país europeo. Chequea datos y sella papeles. Ingresó los primeros días de este año a través de una empresa eventual y le hicieron firmar un contrato de trabajo a nombre de otra empresa distinta, y en blanco. No sufrieron descuentos en su salario, pero desde mayo les piden que vayan presencialmente a trabajar, sin protocolo o medidas de cuidado, y que al solicitar el permiso de circulación elijan la opción “Poderes del Estado: inscripción, identificación y documentación de personas”. Pero claro, ese permiso es para quienes laboran para el Estado Argentino, como la actora misma notó. Ella solo quiere saber si es legal y, caso contrario, si puede reclamar. Se le explicó que sí, y de qué modo, y no quiso seguir adelante, ya que quiere conservar el buen trato en el trabajo. Tengo agendada la comunicación con ella para cuando cumpla los seis meses efectivos en ese puesto, para volver a charlar y explicarle nuevamente la importancia de proteger, al menos, su fuente laboral.

Los casos brevemente analizados son en un todo verídicos, y ocurridos a partir del 16/3/20. No son todas las consultas recibidas, pero sí son la mayoría. Quien escribe no tiene más de tres años en la matrícula, y ningún caso fue derivado del estudio donde también presto tareas, sino que llegaron directamente (por un boca a boca). Juntando todos estos datos se pueden extraer las siguientes conclusiones:

De los 13 casos, sólo dos siguieron adelante un reclamo que apunte hacia lo judicial, y que sea encuadrable jurídicamente.
Todas las personas querían saber si la situación que describían era “legal” y eso es lo más difícil de desarmar en la óptica de quien consulta: que no importa si corresponde o no, la patronal lo puede hacer, por más que legalmente no deba. El derecho del trabajo es esencialmente resarcitorio, y una vez que nos hagan daño nos podremos defender, tardía y dolorosamente.
La organización gremial podría resolver la gran mayoría (sino todos) de estos conflictos, pero el miedo a las represalias está absolutamente arraigado, y la desconfianza hacia quienes están en la misma situación es promovida explícitamente por la patronal, con la complicidad de la comunicación a través de teléfonos y computadoras.
Todas las empresas pidieron el ATP y en su mayoría lo obtuvieron, pero también es cierto que casi todas siguieron trabajando y efectuaron igualmente descuentos sobre el salario.
La normativa que se creó para atajar esta situación no solo resultó tardía para una enorme cantidad de casos, que por cuestión de días sufrieron una enorme pérdida de derechos, sino que es artera. Aparenta ser más protectoria de lo que finalmente es: engaña. Al mismo tiempo introduce necesariamente la consulta a una abogada, puesto que es tanta y de tan diversas fuentes que muches tuvieron dudas muy comprensibles.
Si quien escribe estas líneas recibió esta cantidad y calidad de consultas, con tan poca experiencia en la profesión, ¿qué sucede en la experiencia de les demás profesionales abogades? ¿qué consultas recibieron? ¿encontraron reparo en las nuevas medidas jurídicas?

En resumen, hay factores que atraviesan todas las consultas: la enorme precariedad en el trabajo en Argentina, que incluye a quienes laboran para la Justicia del Trabajo; la existencia de una burocracia sindical que permanece impávida (dejando un mail para consultas, que jamás nadie leerá) frente al desamparo de sus afiliados; y como corolario, las patronales dejaron no sólo de responder telegramas, sino de recibirlos. Estas realidades se naturalizan y se vuelven variables a la hora de analizar un conflicto jurídico individual.

No obstante, existe un aspecto subterráneo que se manifiesta en todas las consultas, y que se puede ver en casi cualquier conversación informal, en los cursos online, en las palabras de una anécdota contada por teléfono. Hablo del entender la posición ajena. El empleador pasa a territorializar la palabra ajeno, no ya como un lugar de solidaridad, sino exclusivamente como ubicación de la posición empresaria. ¿Qué quiero decir?

Uno de los efectos del aislamiento en pandemia es la comprensión cabal de la importancia de la pandemia en sí. Hemos entregado sin miramientos un modo de vida a cambio de otro que -se nos explica- es el mejor por ahora; y, cierto o no, lo hemos incorporado. Esto es educación, inculcada en pocos meses. Claro que hay críticas, disidencias políticas e ideológicas, pero lo esencial ya transitó el cuerpo. Así, me pregunto, ¿cuál es la educación laboral que hemos recibido en todos estos años? ¿qué experiencias transitó la clase trabajadora con el cuerpo, para llegar a entender a la patronal en su merma de frutos? ¿cuándo empezó a ser parte de la función de todes nosotres entender la posición de quien paga los salarios?

La experiencia (educación), que se transitó con el cuerpo se ha convertido en una lección aprendida, y el ASPO también caló profundo en los hábitos de la población: nadie puede ignorar en este punto los temas de distancia social, o cubrebocas, así como lo que ocurre económicamente. Es la educación, o sea, la transmisión de los hábitos con un propósito, que entró por los poros de quienes día a día transitamos este estado de excepción. Entonces, si unos pocos meses fueron suficientes para materializar esta línea educativa, ¿cómo no van a ser suficientes los años que cada une ya transitó con deplorables condiciones de trabajo? Sin registrar o flexibilizades, sin respuestas de los gremios, sin seguro real para la situación de desempleo, sin posibilidad de negociación por todo lo que ya se entregó, sin siquiera contar con poder cobrar un juicio ganado en menos de 5 años. ¿Qué opciones quedan para la masiva clase trabajadora?

Resulta desalentador que una trabajadora no quiera siquiera reenviar un mensaje para que sus compañeres se informen con una abogada de cuál es su situación, pero ¿qué se le puede pedir? Del mismo modo, es terrible escucharla sostener que “es cierto que la empresa tuvo menos ganancia este mes, y que entonces no sabe cómo van a hacer para pagar salarios”. Es terrible porque yo me pregunto si la patronal le paga por este análisis que hace. Lo que resulta realmente dañino, es cuando nos convertimos todes en abogades de la patronal. Y no me refiero a aquellos y aquellas que cobran por ocupar tal rol, sino a todes les demás. Las personas que entienden la posición de la patronal.

Desde el primer al último caso que relato, la consideración de lo colectivo estuvo siempre presente. La comunicación es esencial, la comprensión de la propia realidad, el saber dónde una está parada y con quiénes. Es imprescindible ser conscientes del rol que jugamos, y no intentar entender la situación ajena, relegando la propia.

Imagino que el análisis de cómo abonar salarios con los frutos obtenidos lo realiza quien cobre un salario por ello, por ejemplo, una contadora contratada por la patronal. Del mismo modo, una abogada que labore para la patronal debería aconsejar a su cliente o clienta acerca de qué medidas tomar para reducir costos, dentro del alcance de lo jurídico. Pero entonces, ¿por qué ese análisis lo realizan les trabajadores también? ¿Cuándo ocurrió ese cambio tan definitivo, en el cual todes intentamos entender la posición de la patronal, pero no la de les trabajadores? ¿Es que las patronales pagan la consulta a les abogades de la parte actora también, para que entiendan la situación? ¿Cómo puede ser que siempre se entienda a la otra parte en la negociación? ¿Cuándo se empezó a practicar este ejercicio de empatía con la posición patronal?

Es obvio que hay que saber negociar, claro, pero jamás justificar o entender la postura de quien está en frente. Es perfectamente lógico y comprensible que el abogado de la empresa le explique a quien representa las opciones para pagar menos y ganar más. Pero esa explicación no debería idearla nadie más. La postura que explica que hay que pedir moderadamente y comprendiendo que todes estamos en la lona con la pandemia, debe ser asumida por quienes cobran por dicha postura: quienes defiendan a la patronal. Jamás debería gratuitamente un gremio negociar una rebaja salarial para que no haya despidos, ¡la patronal paga esos consejos a asesores privados! A menos, claro, que los propios gremios participen de algún modo en la ganancia, en cuyo caso si bien sería poco ético, sería al menos lógico.

Reitero. No se le puede pedir a una trabajadora de una fábrica que entienda que la empresa está ganando menos, y que todes vamos a tener que hacer un esfuerzo compartido. No hay tal cosa. Hubo frutos ganados y hay riesgos asumidos, no puede caer en la espalda de esa trabajadora la especulación patronal. No somos personas solucionando una situación desde el mismo lugar, por ello no podemos mirarlo de igual modo. No corresponde analizar cómo va a hacer la empresa para pagar salarios, corresponde exigir los salarios y que se encargue alguien pago por la patronal de pensar en cómo se abonará.

Ésta debe ser la posición de les abogades laboralistas, les que defienden los derechos de trabajadorxs en el tránsito hacia una sociedad en que se reconozcan sus derechos.

Imagen: Lee Krasner, Palingenesis

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julio 2020