Ciencia para la liberación

Introducción
“Vivir en la incertidumbre”. Lo dijo en septiembre de 2016 el entonces Ministro de Educación y Deportes de la Nación –y ahora senador nacional por la provincia de Buenos Aires– Esteban Bullrich, en un Foro de inversiones y negocios. Más concretamente: dijo que era preciso “crear argentinos” que fueran capaces de “vivir en la incertidumbre”. Y, sobre todo, de disfrutarla. Bullrich formuló –parcialmente– una gran verdad para las grandes mayorías argentinas. Lo de disfrutarla es otra cosa. Otra verdad que hay que poner en paralelo con la de Bullrich nos la comunicó María Eugenia Vidal en medio de los festejos de la primera vuelta, con un furcio: “Hoy cambiamos futuro por pasado”. El psicoanálisis, desde Freud, nos ha enseñado que el lapsus, ese pequeño traspié del lenguaje, es sintomático. Se trata de una manifestación del inconsciente, de un pensamiento/sentimiento que se pretende reprimir, pero que se verifica bajo forma de equívoco en el discurrir de las palabras. En el lapsus, cuando se traba la lengua o cuando se dice más de lo aconsejable, se cuelan cosas que las racionalidades –sobre todo si son políticas– no pueden decir. Porque son inconvenientes, sobre todo en momentos electorales.En noviembre de 2015, a través del balotaje, se dirimió el futuro de nuestro país. Esa disputa se articuló alrededor de una categoría universalista que gravita alrededor de la palabra cambio. Cuando decimos universalista nos referimos a que tiene vigencia para todxs.
Uno de los emergentes de aquel proceso fue la participación de una notable cantidad de científicos que nos movilizamos para intentar incidir en aquella contienda, y sobre todo para evitar el triunfo de la Alianza Cambiemos1. Esa movilización marcó un hito o, en todo caso, una novedad: las y los trabajadores de Ciencia y Tecnología (CyT) nos reconocimos colectivamente como sujetos políticos. En el pasado reciente, las y los trabajadores de organismos de CyT hemos tenido luchas gremiales importantes por nuestras condiciones de trabajo y salariales (que incluso articularon el diagnóstico político con la lucha gremial, como durante el Plan Caputo2), pero lo que se dio con motivo del balotaje implicó la emergencia de un movimiento de CyT que se propuso participar de una batalla política (particularmente electoral). Este fenómeno se desplegó en un contexto signado por un notable crecimiento de los organismos de CyT entre 2003 y 2015, y al prestigio que adquirió durante esos años la producción científico-tecnológica, especialmente con el lanzamiento de los satélites al espacio (2014 y 2015)3. Por otra parte, esta incursión en la vida política puede explicarse en función del vínculo entre las/los trabajadores de CyT y las universidades nacionales. De hecho, este año se conmemora el centenario de la Reforma Universitaria, momento histórico a través del cual se funda la universidad pública tal como la conocemos; y con ella se gestó también la idea de participación de la comunidad universitaria en la vida política. La mayoría de las/los investigadores de la Argentina tenemos nuestra sede de trabajo en universidades nacionales y, por tanto, nuestros vínculos con la vida política y académica son habituales.
A partir de ese balotaje, bisagra de emergencia para muchos, un sector considerable de la comunidad científica comenzó a organizarse a través de distintas agrupaciones con el objetivo inmediato de denunciar el desguace del sistema de ciencia y tecnología. Y al respecto se acuñó una nueva categoría militante e intelectual para denominar estos hechos: cientificidio (calco de otra palabra sumamente sintomática y representativa del siglo XXI argentino y latinoamericano: femicidio, acuñada gracias a las luchas feministas)4. En mayo de 2016, una enorme e histórica movilización de la comunidad universitaria salió a responder a las políticas de ajuste del gobierno de la Alianza Cambiemos (que entre otras cosas ponían/ponen en cuestión la posibilidad del normal funcionamiento de las universidades) y de esa movilización masiva participamos las y los científicos organizados como tales.

Cientificidio: fase I
A principios de octubre de 2016, Macri envió al Congreso el Proyecto de Ley de Presupuesto, con en el cual ajustaba distintas áreas sensibles, entre ellas la de ciencia y técnica, luego de zamarrear con argucias estrambóticas el sistema universitario nacional. Esa estrategia tenía el objetivo de favorecer a algunas Casas de Altos Estudios y perjudicar a otras como consecuencia directa de la presión ejercida por la movilización. A partir de allí comenzó una batalla por discutir las implicancias de la reducción presupuestaria y sensibilizar al conjunto de la sociedad respecto a las consecuencias (nefastas) que este ajuste tendría para las grandes mayorías argentinas.

Fuente: http://www.unsam.edu.ar/tss/la-ciencia-recortada/

Los cuadros –elaborados por una revista de la Universidad Nacional de San Martín–muestran la evolución presupuestaria y el porcentaje de la inversión en CyT en el PBI, desde la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) hasta la actualidad. La disminución presupuestaria es notoria. Si este ejercicio se hiciera para todas las áreas de inversión social, especialmente aquellas vinculadas al ejercicio de la soberanía, la disminución presupuestaria demostraría un cuadro letal.
Mediante distintas acciones en la calle, conferencias de prensa y audiencias con diputados y senadores, las organizaciones de científicos, junto con agrupaciones y sindicatos universitarios logramos que el achicamiento del presupuesto de CyT no fuera tan salvaje como el gobierno pretendía y que, sobre todo, no se afectase la autarquía de CONICET para la designación de cargos. El acto emblemático de aquella batalla fue el 27 de octubre de 2017 cuando unos 5000 científicos nos ubicamos frente al Palacio del Congreso para manifestar nuestra disconformidad. Sin embargo, el recorte anunciado se llevó a cabo y la consecuencia inmediata del ajuste se expresó de distintas formas. Las y los investigadores desarrollamos nuestra producción a partir de proyectos que la financian. Luego del ajuste se tornó incompatible la solicitud de más de un proyecto de financiamiento otorgado por el Ministerio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT).Es decir, que un equipo de investigación, que cuenta ya con un proyecto de financiamiento de CONICET, por ejemplo, no puede solicitar otro de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT). Con esta medida se ajusta al menos al 50% el presupuesto destinado a financiar proyectos de investigación(sobre este punto volveremos más adelante). Por otra parte, a principio de diciembre de 2016, se produjo un recorte sobre la cantidad de ingresos a la Carrera del Investigador Científico (CIC).Esto implicó que alrededor de quinientos investigadores–recomendados por todas las instancias de evaluación de CONICET5– no pudieron ingresar al organismo. En este marco, el 19 de diciembre de 2016 se produjo una toma del MINCyT que duró cinco días. A esa movilización se sumaron todas las organizaciones de CyT y muchas del movimiento universitario (incluidas las Federaciones de Docentes Universitarios, CONADU-H y CONADU).De esta forma, en unidad, logramos arrancarle al gobierno nacional una victoria parcial, que consistió en un año de salario para el conjunto de las y los recomendados y una mesa de negociación mixta que finalmente logró reubicarlos en universidades nacionales para desarrollar su trabajo de investigación.
La referencia de la Ciencia como elemento de impugnación del régimen macrista y de la ofensiva imperialista en nuestro continente se desplaza o, mejor dicho, se circunscribe a la lucha por ingresos, el salario y las condiciones de trabajo. Este desplazamiento, en términos generales, tiene dos orígenes: por un lado, hay que focalizar la ofensiva mediática brutal del gobierno, con toda su artillería en televisión, radios y redes sociales, a través de la cual impugnaba la lucha de las y los científicos, bajo la instalación de un par aparentemente antitético entre ciencia útil y ciencia inútil. El actor principal de este “debate” fue el Ministro Lino Barañao. Pues bien, este “debate” –por otra parte largamente superado epistemológicamente– contacta con un sentido común eficientista y artefactual; y que la mayor de las veces en términos de causa-consecuencia. Además, se inscribe en un modelo científico-tecnológico que propone una distancia insupurable entre quienes producimos ciencia y técnica (desde la elaboración de los proyectos, su financiamiento y su concreción) y las grandes mayorías. También este punto será ampliado más adelante, pero valga decir una cosa al respecto: el desconocimiento y la poquísima incidencia popular en el desarrollo de ciencia y tecnología habilitan operaciones de este tipo. Por otra parte, no fueron pocos las y los científicos que también ingresaron en ese debate falaz. El otro origen es la dificultad de las organizaciones populares del sector. Concretamente, la dificultad de anclar el debate de los ingresos a CONICET dentro del debate político general, en un contexto en el cual, la estrategia del gobierno fue abrir día a día frentes de batalla gremiales. En este sentido, la clausura de la paritaria nacional docente es probablemente la expresión mayor de esta estrategia. Estrategia eficaz porque atomizó los conflictos, los sectorializó. Y nosotros no logramos articular estas batallas ni plantear una respuesta en clave política. En este sentido, la candidatura en Unidad Ciudadana de Roberto Salvarezza, ex director del CONICET, intentó condensar esa articulación, pero se quedó truncada, no solo como expresión del conjunto sino como articulador efectivo de las luchas sectoriales.

Cientificidio: fase II
En un spot de septiembre de 2015, un mes antes de las elecciones generales, el hoy “Señor Presidente” (como le supo decir a los dictadores Miguel Ángel Asturias) subrayó enfáticamente en el aire que en su gobierno “los trabajadores no van a pagar Ganancias”. Y volvió a mentirnos cuando en plena campaña electoral afirmó con énfasis que iba a destinar el 1,5% del PBI a la Ciencia y Tecnología. En el sistema científico público estamos en época de pleno disfrute, diría Bullrich. De hecho, en 2018, el presupuesto nacional para el sector bajó a 1,22%, sin ninguna compensación por la inflación. Pero el corso del disfrute tuvo su momento esplendoroso el viernes 27 de abril de 2018, cuando, antes del fin de semana largo con motivo del Primero de Mayo –día de las y los trabajadores– un gran número de investigadores del CONICET recibimos salarios recortados de entre el 50 y el 100% por descuentos de ganancias. En algunos casos –casi cien– eso significó recibir 1 centavo de sueldo. Esa decisión destruye la idea de la intangibilidad del salario. Si a un/a trabajadxr se le expropia el salario se pone en riesgo su reproducción y la de su familia. A este gobierno, la justicia, las leyes, las palabras y las y los trabajadores lo tienen sin cuidado. El gobierno de la Alianza Cambiemos encarna un poder que desprecia la clase trabajadora. Pues bien, esa medida confiscatoria, menos técnica que política, se agrava si la ponemos en paralelo con que en 2018 no habrá nuevos ingresos a la Carrera de Investigación del CONICET, con los 258 despidos en el INTI, con los 330 en agroindustria y con nuevos posibles despidos en el INTA, con el empeoramiento de las condiciones laborales de las y los trabajadores administrativos a causa de la implementación de los mecanismos de control biométrico puestos en acto por el Ministerio de Modernización, y con la falta de activación de la cláusula gatillo, que profundiza el retraso salarial en lo que concierne a las y los becarios de CONICET.
Por otro lado, como veníamos planteando, a través de los grandes medios de comunicación el gobierno de la Alianza Cambiemos intenta deslegitimar la producción científica y tecnológica. Esto significa deslegitimar y atacar el pensamiento crítico y cualquier mirada que signifique un obstáculo o la puesta en tela de juicio del capital concentrado. En el plano de la educación superior ha desempolvado discursos eficientistas y los contrabandea con una terminología tecnocrática. De esta manera pretende reducir la complejidad de los procesos educativos y de ciencia y tecnología a meros indicadores que sirven para asimilarlos con productos fabriles. Esta concepción profundiza la precarización de la docencia y tiende a desarticular el sistema de educación pública. Es más: esta situación en el corto plazo impacta sobre la producción de Ciencia y Tecnología, pretende cercenar el pensamiento crítico, la producción cultural y tiene un correlato en el despojo de derechos de los y las trabajadores de la Universidad y la Ciencia. Complementariamente, significa la elitización de las universidades y del sistema de CyT y la configuración de circuitos educativos diferenciados para pobres y para ricos. Por lo que concierne al sistema de Ciencia y Tecnología el gobierno nacional nos está sugiriendo que migremos: fuera del país o fuera del sistema científico-tecnológico público, a través de una política salarial expulsiva. Una (nueva) fuga de cerebros. De esto desciende que el gobierno de la Alianza Cambiemos está implementando un cientificidio: destruir nuestras capacidades de desarrollo soberano de Ciencia y Tecnología. Por soberanía científica entendemos la capacidad de resolver de forma independiente los desafíos de bienestar de las grandes mayorías. Pero esto es una forma de la imposibilidad si no se trazan lineamientos soberanos para la Argentina. El modelo de país que las derechas pro-imperialistas de América Latina quieren implementar, instalan la “necesidad” de la Ciencia y la Tecnología como neutrales, con el objetivo de que la masa internacional de científicos y tecnólogos desarrollemos productos a ser apropiados por las grandes empresas, en pos de aumentar su productividad y su competencia. Es decir que el cientificidio impacta directamente sobre la soberanía. Pero ¿qué es la soberanía en términos más concretos? Está estrechamente vinculada al poder. En el desarrollo de los Estados nacionales, la soberanía se configuró en la racionalización jurídica del poder, en los límites (incluso geográficos) de la cohesión que forzó la unidad de los pueblos sometidos bajo la configuración estatal moderna. Así, los teóricos pre-ilustrados y luego en la Ilustración, comienzan a definir la soberanía como ejercicio del poder colectivo (a diferencia del poder monárquico encarnado en una persona) y como voluntad popular. Y en la formulación de la República (y de la Democracia capitalista), el pueblo es soberano en la medida que gobierna a través de sus representantes. Las teorías jurídicas democráticas le imputan al pueblo una voluntad sintética y unitaria. O sea, soberana. De esto desciende que se pueden separar tres tipos de soberanía. O, mejor dicho, esta categoría tiene tres dimensiones distintas. 1. Soberanía jurídica: refiere a la preeminencia de un orden jurídico por sobre otros órdenes de derecho. 2. Soberanía política: refiere al monopolio del estado para disponer de la coacción dentro de los límites de un territorio nacional o dentro de los límites de su competencia jurídica. 3. Soberanía del pueblo: refiere a la prerrogativa inalienable del pueblo de gobernarse por sí mismo; y ahí puede significar soberanía de la voluntad popular o soberanía de la ley que emerge de una comunidad nacional.En este sentido, se formula un concepto de soberanía que pretende ser la parte por el todo, es decir, invisibiliza el poder en tanto oculta la explotación y la dominación de una clase sobre otra. De esta forma, desde el sentido común, soberanía es una categoría cuyo conflicto se exterioriza, se reduce a los límites geográficos y las disputas soberanas adquieren legitimidad social cuando se trata de una disputa territorial entre Estados. Y en esa misma dirección, cuando no hay conflictos abiertos con otros Estados parece que la soberanía no está en juego. Sin embargo, con el correr de los años y las luchas, el sentido del concepto de soberanía comenzó a ser disputado y a adquirir una dimensión popular distinta, no solo acotada a defender el territorio nacional, sino a reubicar la soberanía con el poder y formular en términos de intereses populares contrarios a los intereses o de los Estados (el propio y los ajenos) o de las empresas multinacionales. Las luchas contra el imperialismo acerca de la autodeterminación de los pueblos, es decir, la capacidad de cada pueblo de decidir sobre su propio destino –frente a las imposiciones acerca de cómo cada Estado debe gobernarse y qué debe hacer en el concierto internacional– fortalecieron un sentido de soberanía que se vincula directamente con la independencia económica y con la emancipación social. De estos procesos anti-imperialistas provienen las concepciones que tanto se han arraigado en América Latina en las últimas décadas (algunas incluso motorizadas por los gobiernos progresistas y revolucionarios), acerca de la soberanía alimentaria, la soberanía sanitaria y por supuesto la soberanía científica.

Soberanía científica en disputa
Cuando nos preguntamos acerca de la soberanía científica, la pregunta inmediata es ¿ciencia para qué? Esta pareciera ser una pregunta sencilla, pero tiene ríos de tinta detrás acerca de qué ciencia debe producir un país y sobre todo un país soberano. En principio hay elementos básicos del desarrollo de la cultura y del conocimiento particular y universal que sin dudas forman parte de los propósitos generales de producir conocimiento científico. También hay planificación en la producción científico-técnológica para desarrollar específicamente determinadas líneas de investigación. Es decir, que la producción en CyT está estrechamente vinculada con decisiones, con presupuestos, con el poder. Es decir, qué se produce, quién decide qué se produce, por qué y cómo, son preguntas pertinentes para la ciencia y para un proyecto de soberanía científica.
¿Quiénes definen entonces qué se produce? En primer lugar, el gobierno del Estado y esto se expresa en el presupuesto destinado al sector, en enfoques de producción generales (temas prioritarios, orientación presupuestaria, condiciones de trabajo). Asimismo, las corporaciones científicas internacionales y las grandes empresas y su vinculación con la CyT. Esto se vehiculiza no solo en inversiones específicas, sino en los estándares “internacionales” de producción (definidos en los países centrales). Estos estándares se expresan en las condiciones de producción y circulación de la producción científica y en el desarrollo de tecnología. Son estándares que fijan no solo las agendas de producción (temas y problemas de investigación, asociados a la inversión dirigida que realizan las agencias de financiamiento científico estadounidenses y europeas), sino el propio proceso del trabajo científico.En este sentido, la producción de CyT es un problema político. Quién ejerce el poder (los países centrales y las agencias/corporaciones científicas, las grandes universidades y centros de investigación asociados a grandes empresas multinacionales) define quién, cómo, cuándo, dónde, qué, cuánto y también por qué. ¿Y respecto del desarrollo tecnológico? En los países periféricos, y la experiencia argentina es una evidencia notable al respecto, las grandes empresas no realizan desarrollos tecnológicos propios, ni absorben (mayormente)conocimiento científico producido en el país, sino que prefieren los paquetes cerradosque llegan de sus casas matrices. La expectativa de que un sector del empresariado va a cumplir ese rol es falsa. Solo para ejemplificar: cuando–como parte de la planificación del gobierno anterior–el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva se propuso que las empresas absorbieran a científicos financiados por el Estado, solo se recibió a un 3% de los propuestos y estos desarrollaron tareas que finalmente no tenían que ver con la investigación científica.
En países como la Argentina la inversión de CyT la hace el Estado. Los períodos históricos que mayor desarrollo de CyT hubo, estuvieron asociados a una inversión mayor de presupuesto estatal en la Universidad Pública y en los organismos científico-tecnológicos descentralizados. De todas formas, que la inversión la realice el Estado también implica una disputa. Más allá de versiones maniqueas ni lineales acerca de dónde va a terminar el conocimiento científico (“ciencia útil”), la bajada a través de políticas públicas, el presupuesto destinado y el enfoque de lo que es socialmente válido y valioso, la inversión siempre orienta la producción científico-tecnológica. Las declaraciones del Ministro Barañao acerca de la intención de fortalecer el desarrollo de CyT en grandes empresas (con exención impositiva mediante) orienta la discusión hacia una versión remozada de la teoría del derrame.
Ciencia, sí, pero cuánto. Este parece ser el nudo central por dónde gira la discusión (en el mundo capitalista la medida siempre importa): ¿cuántos científicos hacen falta? ¿cuánto dinero? ¿cuántos institutos y centros de investigación? ¿cuánta producción? Cada una de estas preguntas define la vinculación de las políticas de Estado con el quehacer concreto de las y los científicos y el gobierno de Macri (a través de Barañao) puso en el centro del debate lo cuantitativo. Para un gobierno directamente alineado a los intereses del imperialismo como el de Macri no hay nada más que números, no hay interés específico por desplegar la producción de CyT. Y los números que el macrismo define van en la tendencia de convertir al sistema científico y tecnológico en un “Teatro Colón”: un sistema de elite, para pocos, orientado a mejorar la calidad de vida de esos pocos, cuyos trabajadores tienen condiciones laborales segmentadas (contratos, salarios, condiciones de trabajo diferenciadas entre un sector privilegiados y diversas formas de precarización). Esta política va a contramano con la soberanía científica y esto se expresa en lo siguiente:
– fuga de cerebros: nuestro Estado financia la formación de excelencia para que los y las científicos se vayan a trabajar a los países centrales, porque ofrecen mejores salarios, porque las condiciones de trabajo son mejores, porque los “temas” de agenda se desarrollan con mayor tecnología y capacidades en el exterior.
– límites concretos a la producción científica local: no hay subsidios o son muy acotados; se limita la formación continua de nuevos científicos (becas), se restringe la cantidad de personal en los proyectos de investigación (ajuste en el ingreso de investigadores y técnicos), se desfinancia la infraestructura, etc.
– se profundizan los estándares de medición internacional (de publicaciones y de aquello que forma parte de “lo socialmente necesario”).

Propuesta
¿Por qué, entonces, desarrollar una Ciencia y Técnica en nuestro país? ¿Es una cuestión de orgullo nacional? ¿Para vanagloriarnos en forma chauvinista? “Mucha ciencia” como sentido en circulación durante el período anterior estuvo ligado a lo artefactual. Tampoco allí “el pueblo” definió cuáles eran sus necesidades a resolver científicamente. La relativa autonomía de los científicos argentinos–y la tradición democrática y popular de un sector importante del movimiento universitario– hizo que algunos elementos sensibles a las necesidades populares (trabajo, salud, educación, vivienda, hábitat, alimentación) formen parte de los problemas que abordamos los y las científicos argentinos. Sin embargo, esta ponderación, estas líneas generales de desarrollo no estuvieron presentes. Por el contrario, se intentó avanzar con líneas generales de planificación de forma anárquica y relativa, y además no fueron directrices democráticamente definidas, sino vinculadas con los sentidos hegemónicos de lo que las y los científicos debemos producir. Esto forma parte de las tareas por venir. La jerarquización del trabajo científico debe expresarse también en un debate soberano, democrático y popular respecto de cuáles son las agendas científico-tecnológicas que se deben llevar adelante, y que respondan a las expectativas y necesidades de nuestra región.
¿Hay soberanía científica sin soberanía política, independencia económica y emancipación social? Un país como el nuestro que tiene necesidades vitales de desarrollo y de mejora de la calidad de vida de las grandes mayorías, que debe poner el acento en la universalización del acceso a derechos básicos (alimentación, vivienda, educación, trabajo, comunicación, producción) tiene a la Ciencia y a la Tecnología como un aliado indispensable para romper cadenas de dependencia que ubican a nuestra región como proveedora de materias primas y que suman a nuestros pueblos en la pobreza. La industrialización y la transformación de recursos estratégicos es clave para el desarrollo, pero deben estar orientados en un sentido soberano, de independencia económica y, sobre todo, de poder popular. Es por ello que debe ser un desarrollo respetuoso del patrimonio cultural, de la identidad de nuestras comunidades, del trabajo como producción humana no enajenada y del medio ambiente.Por eso planteamos que no se puede discutir un proyecto científico sin discutir el proyecto de liberación de país. La política que desarma la producción científica y tecnológica pública y la política de ataque a la educación pública en todos sus niveles integran un proyecto político de recolonización de América Latina. Esa estrategia del poder además avanza en el recorte de los derechos sociales y laborales, en la criminalización de la protesta social, en el aliento al “gatillo fácil”. La recolonización pone en jaque el Estado de Derecho, que en el mito liberal de la Revolución Francesa se propone como el ejercicio de la soberanía y la democracia. Pero éstase pone en jaque una vez más con el reinicio de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional anunciados por el Señor Presidente el 8 de mayo. Crónica de una muerte anunciada: recorte del gasto público, apertura de importaciones, cierre de fábricas, desempleo, hambre, menos salud, menos educación, menos soberanía. Incertidumbre y futuro por pasado adquirieron al final la verdadera carnadura que el gobierno esperaba.
El ajuste general en el sector manifiesta la pretensión de este gobierno de reducir al mínimo la producción científico-tecnológica nacional, mantener aquello que se vincula al desarrollo de las grandes empresas y el resto comprarlo en el exterior. La ecuación es sencilla: se pretende provocar una nueva fuga de cerebros, exportar científicos formados en nuestras universidades públicas para importar los productos científico-tecnológicos que desarrollan los países centrales. “Materias primas” a cambio de productos manufacturados. Es el sentido clásico de todo colonialismo.
Frente a esto proponemos liberación. O sea, la necesidad imperiosa de construir espacios de lucha, de producción, de cuestionamiento profundo al orden CEOliberal, que si busca algo es la destrucción de las formas humanas, en función de los negocios y el lucro. El objetivo es construir verdades sin furcios ni mentiras, que en unidad nos permitan liberarnos de las fuerzas destructoras, abrumadoras, represivas y negadoras de la vida popular. En síntesis, no se trata de la mera técnica, se trata de cómo la producción de CyT puede contribuir a mejorar la vida de los seres humanos en un proyecto político emancipatorio. Los objetivos que nos hemos planteado y hemos comenzado a construir tienen absoluta vigencia. No hay alternativa política sin programa de desarrollo científico-tecnológico popular y es este nuevo sujeto científico quien tiene la responsabilidad de ponerlo en la discusión de las grandes mayorías argentinas del siglo XXI.
1No referimos a la organización de dos jornadas con feria de ciencias, radio abierta y volanteada en las estaciones de trenes de Retiro y Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires; y otro tanto de experiencias en el resto del país.
2En el año 2000 el secretario nacional de Ciencia y Técnica, Dante Caputo, intentó una reforma del CONICET, que licuaba la carrera del investigador científico –junto con la indefinición acerca del futuro de la carrera de personal de apoyo a la investigación– en el marco de la reducción salarial a todos los trabajadores del Estado. Esta política fue resistida por el personal de CONICET, a través de ATE.
3Solo como muestra, vale decir que en 2003 la cantidad de investigadores de CONICET (incluyendo becarios) era de 3694, y en 2015 ascenda a 10036 (datos del CONICET http://www.conicet.gov.ar/recursos-humanos).
4 Carbone y Giniger (2017),Cientificidio, soberanía y lucha de clases, Buenos Aires:El 8vo. Loco Ediciones.
5El proceso de incorporación de científicos a CONICET se desarrolla de la siguiente forma: un/a doctor/a se presenta con un proyecto de investigación, deseablemente inscripto en un equipo de investigación, en el llamado a concurso a la Carrera del Investigador Científico (CIC). La/el investigador/a es evaluado en su propuesta de investigación y por el conjunto de sus antecedentes (producción de CyT, docencia, extensión, etc.) por una Comisión Evaluadora.Ésta le solicita a dos pares académicos que hagan un dictamen que luego la Comisión reafirmará o denegará en función de los parámetros que la cohorte presenta. En una segunda instancia, la Junta de Evaluación y Promoción revisa esa evaluación y resuelve nuevamente reafirmar o denegar el dictamen. Finalmente, el Directorio de CONICET es quien rechaza o aprueba esa definición y determina quiénes ingresan al organismo. Esta forma de evaluación, de todas maneras, tiene un sesgo meritocrático y varias arbitrariedades que merecerían una consideración aparte.

Nuria Giniger: Investigadora de CONICET, docente de la UBA, militante de Liberación – Corriente de Universidad, Ciencia y Tecnología.
Rocco Carbone: Investigador de CONICET, docente de la UNGS, militante de Liberación – Corriente de Universidad, Ciencia y Tecnología.