La progresividad constitucional: una revisita

“Las medidas específicas para aumentar la flexibilidad de los mercados laborales no deben restar estabilidad al empleo o reducir la protección social del trabajador”

Introducción

Largos y encendidos debates han sido abiertos, en el terreno constitucional, con motivo del llamado principio de progresividad: ¿principio? ¿valor?.. No pretendemos en la presente ocasión emplazarnos en esa palestra, como lo hemos hecho en diversas oportunidades . Nuestra pretensión es del todo menor, y está urgida por la inminencia del tratamiento legislativo del embusteramente llamado proyecto de “reforma laboral” o, peor aún, de “modernización laboral”, pero que nos remite a los tiempos de ñaupa. Consiste, dicha pretensión, en advertir que la progresividad resulta, sin ambages ni rodeos, una prescripción normativa prevista sencilla y claramente en dos normas de jerarquía constitucional, y en una tercera de jerarquía supralegal, conforme con el art. 75.22, Constitución Nacional (CN): art. 2.1, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y art. 26, Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), las dos primeras, y art. 1, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), la restante.

Estos preceptos establecen precisas obligaciones para los Estados parte, que estos han contraído en ejercicio de su soberanía, para “lograr”, si se quiere, la observancia de un compromiso mayor, i.e., la “plena efectividad” de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) contenidos en esos instrumentos. Prescriben, pues, la hoja de ruta que los Estados deben seguir en el camino para satisfacer dicho deber mayor. El derrotero, así como admite ser transitado “progresivamente”, es de dirección única, one way, prohíbe el retroceso, la regresión, la marcha atrás.

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