diciembre 2021

«Caminar hacia una sociedad con justicia social»

Benzionacto

Dorothea Tanning

Discurso pronunciado por la Presidente de la AAAL , Cynthia Benzion, el 10 de diciembre de 2021 con motivo del día Internacional de los Derechos Humanos celebrado en Plaza Lavalle.

Otro 10 de diciembre que nos enfrenta con realidades difíciles y un escenario social, económico y laboral, cada vez más desesperanzador.

Entre las devastadoras consecuencias económicas y sociales de la pandemia se cuenta la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, y con ello, crecieron la pobreza y exclusión en todo el mundo, pero con un impacto mayor en nuestra región, definida por la Organización de Estados Americanos, en la Resolución Nro. 1/2020, como el continente más desigual del planeta , caracterizado por profundas brechas sociales , pobreza extrema, precariedad en el acceso al agua potable, inseguridad alimentaria, situaciones de contaminación ambiental, falta de viviendas y altas tasas de informalidad laboral e ingresos precarios.

Agrega la resolución que en la región prevalece, por parte de los ciudadanos y ciudadanas el ejercicio del derecho a la protesta social, en un contexto de represión mediante el uso desproporcionado de la fuerza.

Lamentablemente, las respuestas frente a este escenario, no son las que hubiéramos deseado

Muy por el contrario, en palabras del periodista Eduardo Febbro “El odio vende ideas y ha ido forjando la estructura de un movimiento político que llenó las democracias occidentales de agujeros negros. Racismo, cuestionamiento del Estado de Derecho, odio a la democracia, a sus instituciones, ultranacionalismo, negacionismo, invención de una realidad paralela, agresiones físicas, intimidaciones a través de las redes sociales y designación de un enemigo interior, o sea, el extranjero, son sus componentes más constantes”.

La igualdad, base sobre la que se estructura nuestro sistema jurídico, proclamada en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y en nuestra Constitución Nacional, se ha vuelto una fantasía inalcanzable.

Ninguna de esas normas logró proteger a la mayoría de las personas, frente a la crueldad de la pandemia, que golpeó con más crudeza a las personas trabajadoras y en condiciones vulnerables.

Los trabajadores de la salud, empleados públicos, quienes debían atender comedores escolares y merenderos, los docentes, todos expuestos al contacto directo con la enfermedad sin equipos de protección adecuados y sin respuesta frente a sus reclamos.

La mayoría de los trabajadores informales y de los trabajadores de la economía popular transitaron esos durísimos meses sin ingresos y sin ayudas sociales de ningún tipo.

Del otro lado, las grandes empresas extremaron sus políticas de acumulación de capital a costa de la salud y la vida de muchos trabajadores, sin que los sindicatos o los gobiernos, pudieran poner límites a sus apetencias

Días atrás leíamos sobre una huelga de los trabajadores de Amazon de 20 países.

Las reivindicaciones se centraron en las largas jornadas, los bajos salarios, los sistemas de evaluación del rendimiento y la precariedad laboral.

Durante la pandemia de Covid-19, Amazon se convirtió en una empresa con una capitalización bursátil de unos 1,8 billones de dólares, sin pagar ningún impuesto sobre la renta.

Con la introducción de la automatización y los robots en el proceso de preparación de pedidos, durante los periodos de alta demanda la duración de la semana laboral puede llegar hasta 60 horas, y la tasa media de llamadas a una ambulancia, aumenta de forma alarmante.

Cientos de miles de unidades robóticas le permiten aumentar la velocidad para responder a los pedidos, pero también significa que los trabajadores humanos tienen que seguir el ritmo de las máquinas. Amazon utiliza programas informáticos para seguir los movimientos de los trabajadores, con el objetivo de sincronizar los elementos humanos y robóticos y maximizar así la productividad y la eficiencia.

Debido a un sistema automatizado que amenaza con medidas disciplinarias contra los trabajadores menos productivos, rastreando los índices de productividad individuales y generando advertencias o despidos automáticamente, la tasa de lesiones graves aumentó un 33% entre 2016 y 2019.

Lamentablemente, esto no pasa solamente en Amazon. También tuvimos nuestra versión local.

Muchos trabajadores de empresas industriales fueron obligados a trabajar, aún con síntomas de Covid, siendo personas de riesgo, o mayores de 60 años.

Ante el pedido de bajar el ritmo de producción para bajar el riesgo, las empresas se negaron y siguieron trabajando normalmente. En muchos casos exigieron que los trabajadores durmieran en los establecimientos, para reducir el contagio que pudiera provenir de sus familias.

Hemos visto cómo se rebajaron sus salarios y se dejaron de abonar rubros ligados a la productividad, presentismo, etc.

Y así podríamos seguir denunciando abusos en cada actividad productiva donde los trabajadores no ingresan con sus Derechos Humanos a la fábrica, sino que lo hacen como recursos humanos desechables, a ser sustituidos cuando se enferman o se lesionan.

Los objetivos de desarrollo sostenible trazados en 2015 por Naciones Unidas para «Erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas“ para 2030, se muestra hoy inalcanzable

De acuerdo con análisis recientes, mientras los hombres normalmente son objeto de trata para trabajos forzados en talleres clandestinos, venta ambulante, fábricas y agricultura, a las mujeres se las trafica para el servicio doméstico y las industrias del sexo. A los niños, se les destina al comercio sexual, la mendicidad, minas, fábricas, mano de obra agrícola, matrimonios tempranos y adopción, entre otros.

Y a consecuencia de la pandemia estas actividades se incrementaron.

En nuestro país, los salarios sufrieron una pérdida significativa del poder adquisitivo, violando el Derecho Humano a un salario digno, suficiente para atender la alimentación la vivienda, la salud y el pleno desarrollo de la persona que trabaja, en un momento donde no sólo no se contuvo la inflación sino que aumentaron las necesidades de los hogares por el cuidado extraordinario de la salud y a la atención de los enfermos,

Las medidas adoptadas en materia de empleo, como la prohibición de los despido y las suspensiones por causas económicas o de fuerza mayor, o el derecho a percibir la indemnización duplicada por despido sin causa, no fueron un impedimento para que se despidiera y se rebajasen salarios,

Las recientes declaraciones del Ministerio de Trabajo en torno a derogar estas medidas permiten advertir que el avance del capital sobre el trabajo podría encontrar eco en el gobierno, aun cuando no cabe duda que, de implementarse, se multiplicarán los índice de desempleo. No puede justificarse tal decisión en los índices de crecimiento económico, si no se explica qué medidas se adoptarán para recuperar los puestos de trabajo perdidos o los niveles salariales previos a la pandemia.

La embestida de ciertos sectores de empleadores, instalando la necesidad de eliminar la indemnización por despido, bajo pretexto de que para generar empleo es necesario quitar derechos laborales, desnuda que frente a cada crisis, el poder concentrado echa mano a la remanida idea de que la rigidez de las normas laborales impide la contratación cuando de lo que se trata, en verdad, es de aumentar los márgenes de rentabilidad empresaria, derribando cualquier barrera, incluso, la de los Derechos Humanos y, entre ellos, el derecho al trabajo y a no ser privado de ese derecho sin justa causa.

La violencia institucional estatal mediante la criminalización de la protesta social, se hizo sentir días pasados contra los militantes Cesar Arakaki Daniel Ruiz y Sebastian Romero, condenados por haberse manifestado contra la reforma previsional de diciembre de 2017.

Esta semana un violento desalojo por parte de la policía bonaerense en la cooperativa Nueva Generación, de Wilde, se llevó a cabo mediante el uso de gases lacrimógenos y se detuvo a cientos de trabajadores, maestros, estudiantes, militantes, diputadas y periodistas.

La explicación de la policía bonaerense es que cumplían órdenes judiciales de desalojar.

En mayo de este año, se dio a conocer la OPINIÓN CONSULTIVA Nro. 27 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce que en Latinoamérica se viola el Derecho Humano de libertad sindical, limitando su ejercicio. Que la participación sindical, especialmente de las mujeres, se ve afectada por patrones profundamente patriarcales que las expulsan de la vida sindical y que la falta de corresponsabilidad en el trabajo de cuidado de hijos, enfermos y adultos mayores, es una barrera infranqueable que aún no ha sido removida. Otra vez las mujeres entre las más perjudicadas.

También sobre las mujeres recayó el mayor esfuerzo de sostener, familias, enfermos, estudiantes, etc. Las mujeres una vez más hemos debido amortiguar los efectos de la crisis, asumiendo mayores esfuerzos, a cargo del cuidado de la salud de toda la población, en los hospitales, en las escuelas y en los hogares.

La imposibilidad de salir de los hogares donde se convive con el violento, multiplicó las situaciones de violencia intrafamiliar. El femicidio, fue el único delito que no se redujo durante la pandemia.

También se violan los Derechos Humanos de las personas trabajadoras cuando se abandona el fuero laboral a su suerte, dejando que avance el deterioro estructural del que ninguna autoridad se hizo cargo y que hoy implica un riesgo inminente de desaparición del único fuero creado para proteger al más débil.

Los problemas de funcionamiento que denunciamos al comienzo de la pandemia, se agudizaron al punto de vernos hoy, con un inaceptable número de audiencias testimoniales suspendidas y una prolongación indefinida de la duración de los procesos judiciales que lejos está de garantizar la tutela judicial efectiva que reconocen nuestras normas nacionales e internacionales, constituyendo una violación de los derechos humanos de las personas trabajadoras, tal como determinara la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Spoltore Vs. Argentina” (sentencia del 9/06/2020).

Lo que estamos padeciendo en el fuero del Trabajo, tanto los trabajadores como los abogados y abogadas, constituye un acto de violencia institucional, causado por la inacción estatal, que vulnera la tutela judicial efectiva.

El estado de abandono de los edificios de Diagonal Norte 760, Perón 990, y Lavalle 1268 donde funciona parte de los juzgados del trabajo, demuestra negligencia y desidia al mismo tiempo que fortalece a quienes argumentan que el fuero del trabajo debe desaparecer por múltiples razones, algunas legales, otras políticas. Pero que sin duda causarán graves perjuicios en quienes deben acudir a la justicia para que se reconozcan sus derechos laborales vulnerados. Con ese objetivo vale todo. Incluso el dictado de una ley inconstitucional que crea una tercera instancia judicial a cargo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Los máximos responsables del servicio de justicia continúan sin adoptar las medidas que garanticen la normalización y continuidad de la actividad, sin realizar las inversiones necesarias en tecnología, equipamiento y mantenimiento edilicio.

Y mientras tanto, un Fondo Anticíclico de más de 30 mil millones de pesos, en poder de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sigue generando renta financiera con destino poco claro. Sin respuestas satisfactorias a los pedidos de acceso a la información por parte de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que sostiene que no puede pedir fondos a la Corte; la Corte, que afirma que no los puede dar. Y el Consejo de la Magistratura, que tiene otras prioridades.

Difícilmente nos encontremos el año próximo con algunos de estos problemas resueltos o con una mejora significativa en la calidad de vida de la población.

Por eso como abogados y abogadas comprometidos con los DDHH, reivindicamos nuestro derecho a manifestarnos y a exigir respuestas, por todos los medios a nuestro alcance, incluso denuncias internacionales contra el Estado, a quienes tienen la responsabilidad por estas y por todas las violaciones de Derechos Humanos que hoy, a la luz de los avances normativos y jurisprudenciales no podemos tolerar, entendiendo que sólo a través de la acción colectiva y de la presencia en la calle reclamando nuestros derechos, podremos caminar hacia una sociedad con justicia social.