mayo 2020

Un primero de mayo diferente

Dorothea Tanning

Este contexto de pandemia y aislamiento obligatorio, indudablemente supone un primero de mayo diferente. Sin marchas ni movilizaciones, y con una problemática particular: el impacto de la cuarentena obligatoria y la parálisis casi total de la actividad económica y productiva, y su efecto en el mercado de trabajo.

Es no implica restarle su carácter de jornada de lucha. No por casualidad, en la querida hermana República de Chile los carabineros encarcelaron a dirigentes sindicales por salir a las calles y hacer actividad sindical, aún respetando las previsiones correspondientes. Y el mundo sigue andando detrás de los barbijos.

Eso implica que, a pesar del aislamiento social preventivo y obligatorio, en Argentina no faltaron los conflictos obreros por mejoras de las condiciones laborales. Así, apenas declarada la pandemia por la OMS, la emergencia sanitaria se sumó a la emergencia económica declarada por ley tras las políticas del nefasto gobierno anterior.

El impacto económico inevitable de la cuarentena fue utilizado como mecanismo extorsivo de las empresas, que rápidamente comenzaron a despedir o suspender a les trabajadores, o directamente dejaron de pagar salarios, a pesar de que el decreto de aislamiento social estableció el derecho a la percepción de salarios. Como ejemplo de disciplinamiento laboral, una de las empresas más grande de Argentina decidió dar por extinguido el vínculo con mil cuatrocientos trabajadores. Sirvió como muestra de la falta de “colaboración solidaria” y su accionar casi conspirativo contra el objetivo de la cuarentena, que las personas se queden en sus hogares. Ello dado que constituye la única medida eficaz para evitar la propagación del virus, cuidar la integridad psicofísica de lxs trabajadores y la sociedad.

También hubo huelgas sanitarias, porque había empresarios irresponsables que a pesar de la pandemia querían obligar a sus trabajadores a prestar servicios en lugares sin las debidas medidas de seguridad laboral y en servicios que no eran los permitidos. Lxs trabajadores de repartos a domicilio a través de aplicaciones cobraron una importancia trascendental con el aislamiento social, por el servicio de distribución de alimentos, pero ello no fue acompañado de un reconocimiento de su importancia como trabajadores, y en tanto tales, se hicieron oír tras una jornada de cese de actividades con la consigna “yo no reparto”.

La cuarentena, como visualizadora de desigualdades (al decretarse para todes por igual, se destacan aquellas personas que no son iguales), puso sobre la mesa las desigualdades reales en la distribución de las tareas de cuidado, las cuales recaen en su mayoría sobre mujeres y diversidades. También se acrecentaron las denuncias por violencia de género. Las ausencias de las trabajadoras de casas particulares, imposibilitadas de concurrir por la cuarentena, revalorizó las tareas de cuidado en el hogar.

El entusiasmo por la “oficina en casa” alentado por tener la una supuesta libertad de elegir dónde, cómo y cuándo trabajar en la residencia privada, fue mostrando de a poco que el volumen de trabajo y el tiempo de trabajo, es tan “libre” como ilimitado. El derecho a la limitación de la jornada, se desdibuja. El derecho a la desconexión se transformó en una necesidad vital para una vida digna, ya alterada por el encierro obligatorio. Como en 1886 entonces, este primero de mayo también se pelea por la jornada limitada a ocho horas de trabajo.

Pese a la parálisis judicial, se interpusieron múltiples amparos y se hicieron lugar a medidas cautelares a fin de lograr mejoras en las condiciones de higiene y seguridad, en establecimientos de salud. Una paradoja que desnuda la precariedad de lxs trabajadores de salud, tan aplaudidos desde los balcones, cada noche a las 21 horas. Tan simbólico como real, es que esos mismos trabajadores – en su mayoría mujeres trabajadoras – son tratadxs hostilmente por algunos vecinos asustados por su eventual contacto con el virus, transformándose en un “posible portador del mal”.

La tensión entre capital y trabajo, normalmente atravesada por las relaciones de fuerza y la intervención (o no) del Estado, aparece en este marco con toda su crudeza y se vislumbra tras un interrogante clave: ¿quién paga las consecuencias de esta crisis?

De manera oportuna, el poder ejecutivo nacional prohibió los despidos sin justa causa, lo que no sólo favorece la tranquilidad de las personas que trabajan respecto de su continuidad laboral, sino que además desactiva el temor al desempleo como disciplinador social. Lamentablemente se trata de una medida excepcional y con fecha de vencimiento, pero nos permitimos convocar nuevamente al debate acerca de la pertinencia de su inclusión en la normativa laboral como medida permanente.

Pero sin dudas, además de la protección de la salud y la vida de las personas que trabajan, derecho humano fundamental, el mayor problema que acucia a la clase trabajadora argentina en este contexto son las suspensiones con reducción de los salarios. Primero presentada como prohibida por el mismo decreto que prohíbe los despidos, aparece finalmente avalada en un acuerdo marco entre la CGT y la UIA, operativizado por el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Esto inclina la balanza, de manera trágica, en el debate acerca de quién paga los costos de la crisis que provoca la pandemia. Pareciera que cobra fuerza la teoría del esfuerzo compartido, algo inaceptable en este contexto. No es posible hablar de esfuerzo compartido en momento de crisis, si en épocas de ganancias ellas no se comparten. Al contrario, el empleador obtiene un beneficio del trabajo ajeno.

Sostuvimos en estos pocos pero largos días que llevamos de emergencia sanitaria que deben poner más quienes más tienen, empezando por los empresarios y siguiendo por el Estado, pero que no podía recurrirse a la reducción de los salarios para enfrentar la crisis (http://www.laboralistas.net/2020/04/10/los-salarios-en-emergencia/).

Desde luego, esta parálisis de la economía real tiene consecuencias complejas en las fuerzas productivas, eso es innegable. Y las arcas del Estado no son inacabables. Eso nos lleva entonces a discutir la necesaria reformulación del regresivo sistema tributario argentino, que debe ser modificado. Si algo demuestra esta emergencia sanitaria es la importancia del Estado -frente a los fanáticos liberales, detractores de la intervención-, y la acción estatal requiere de fondos, que fundamentalmente surgen de la recaudación impositiva.

También demuestra que sin trabajadores no hay generación de riqueza. El capital ocioso no se multiplica si no hay trabajo humano acumulado. Para que las personas no sean esclavas de la necesidad y se liberen de esa opresión solo podrán hacerlo desde la solidaridad con los trabajadores en lucha por un mundo mejor, como lo fue aquel histórico momento en que salieron a luchar por la limitación del tiempo de trabajo con un salario vital para la existencia.

#79

mayo 2020