Los desafíos de las relaciones del trabajo ante la creciente desigualdad en el siglo XXI, Informe Final elaborado por los becarios participantes del “Curso para Especialistas Latinoamericanos en Relaciones Laborales”, Universidad Castilla La Mancha, Toledo España, Septiembre 2018.

El considerable aumento de la desigualdad en la distribución mundial de la riqueza adquiere en la actualidad dimensiones alarmantes. 72 millones de personas poseen la misma cantidad de dinero que 7.200 millones. Este fenómeno, potenciado a partir de la crisis de 2008, profundiza paulatinamente el deterioro de la capacidad mediadora de los estados nacionales y consecuentemente las instituciones tradicionales de las relaciones del trabajo. Asistimos a nivel mundial a un debilitamiento del Derecho del Trabajo, incluso en países donde sus principios parecían consolidados. El avance del capital sobre el trabajo y su forma de legitimación a través de la ideología emanada del modelo neoliberal ha logrado impregnar la subjetividad de gran parte de la clase trabajadora, promoviendo el individualismo como medio para desarticular y debilitar a sus organizaciones. Este proceso no es novedoso.
A partir de la crisis de mediados de los años setenta del siglo pasado, el Estado Social y Democrático de Derecho, encarnado en los países europeos después de la segunda posguerra mundial, va debilitando su capacidad reguladora. La caída del muro de Berlín permite por primera vez en la historia el despliegue de la relación capital-trabajo a nivel mundial. Situación que, sumada a los avances tecnológicos que posibilitan el reemplazo de mano de obra y la deslocalización de la producción para abaratar costos o eludir el conflicto social, profundiza la debilidad de los trabajadores y sus organizaciones, incrementando las asimetrías ya existentes en las relaciones laborales. Las migraciones actuales de trabajadores en busca de garantizar un sustento, sumadas a las de los refugiados de las guerras que el el despliegue del propio capital generan, se confunden y se expanden, profundizando la complejidad del escenario mundial y debilitando aún más la capacidad de los Estados para imponer normas que garanticen los Derechos Humanos Laborales.
Este proceso de globalización hegemonizado por el capital financiero se ha situado en el corazón del capitalismo actual, introduciendo una gran inestabilidad que se manifiesta en ciclos económicos cada vez más cortos, en crisis recurrentes y en la pérdida de centralidad del capital productivo, con la consecuente disminución de la capacidad de generar riqueza material y trabajo decente.
En este sentido, aunque el deterioro de las instituciones del Estado de Bienestar con su consecuente perjuicio para los derechos de los trabajadores no es reciente; en la actualidad, a las problemáticas producto de la crisis económica mundial del año 2008, se le suman la crisis energética debido al descenso en la producción de las energías fósiles no renovables y la crisis ecológica resultado de un metabolismo con la naturaleza de características depredadoras e irracionales. Es así que algunos cientistas sociales postulan que estamos presenciando una crisis civilizatoria que pone en riesgo la reproducción de la vida humana en su conjunto.
Las características generales descritas anteriormente se reproducen en Latinoamérica, aunque con particularidades que merecen ser destacadas específicamente.
En América Latina la construcción del Estado de Bienestar fué acotada y sus instituciones sólo alcanzaron a tener existencia real en algunos países. No obstante, la región, a través de las dictaduras más sangrientas que recuerda la historia en Chile y Argentina, funcionó como globo de ensayo del modelo neoliberal que luego se aplicó en los países desarrollados con Reagan y Tatcher como referentes ineludibles.
En líneas generales, el proceso de disciplinamiento social a gran escala iniciado por métodos autoritarios en los años setenta del siglo pasado, fué continuado en las décadas de los ochenta y noventa por gobiernos neoliberales elegidos democráticamente, aunque subordinados políticamente a los dictados de los poderes centrales y sus organismos internacionales.
Sin embargo en la primera década del siglo XXI asistimos a una reacción de los pueblos del continente expresada en una serie de gobiernos populares y progresistas que se suceden en Nuestra América: Venezuela, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, consiguen implantar procesos democráticos de restitución de derechos hacia los sectores populares, incluidos Derechos Laborales, que se plasman en leyes y normas, logrando atenuar las asimetrías de poder e ingreso en favor de los trabajadores y las capas medias de la sociedad.
De todas formas, las características estructurales del modelo neoliberal perviven. Situación que posibilita el regreso en la actualidad de algunos gobiernos que consiguen nuevamente implantar normativas contrarias a los intereses de la clase trabajadora, apelando incluso a mecanismos que soslayan principios fundamentales del Estado de Derecho. Honduras, Paraguay y recientemente Brasil son ejemplos claros de ésta situación, que vuelve a poner en primer plano la pregunta acerca de cuánta desigualdad puede aguantar un sistema de gobierno para seguir considerándose democrático.
En consonancia con lo anterior, la mayoría de los paìses de Latinoamérica, si bien tienen diversas políticas públicas tendientes a otorgar protecciones sociales hacia la población en general y no sólo a los trabajadores, no logran los efectos deseados. Existe gran parte de la población trabajadora que no está amparada por la seguridad social, manteniéndose un porcentaje importante en la informalidad.
La inmigración se presenta en nuestro continente en grandes proporciones, asistiendo actualmente a un movimiento migratorio entre nuestros países que representa un sector relevante en la informalidad o trabajo desprotegido.
Los Estados han olvidado sus obligaciones básicas y su posición garantista de derechos fundamentales mercantilizando la seguridad social, la salud y la educación.
Sin embargo, debemos destacar la creación de sistemas de cuidados en algunos países, impulsando un sector invisible de la sociedad, reconociendo el trabajo realizado, además de la necesidad de atención de la población que no puede valerse por sí misma.
Estamos en una época de cambio, de evolución tecnológica, pero aún no hay un acuerdo acerca de si los puestos de trabajo que van a ser reemplazados por máquinas, van a dejar a millones de personas sin trabajo, o si aquellas accederán a nuevas formas de empleo. De lo que sí hay certeza, es que debe haber una mayor redistribución de los ingresos, de los beneficios, por parte de las empresas nacionales y multinacionales, en la medida que esto permitiría atender cualquiera de estas dos hipótesis. Si hay una pérdida masiva de puestos de trabajo producto del desarrollo tecnológico (desarrollo que en teoría debería mejorar la productividad y de esta manera aumentar las ganancias), habría mayores beneficios, lo aríque permitiría implementar programas de protección social mucho más ambiciosos, con los cuales atender y promover el desarrollo y la movilidad social de aquellas personas que se queden sin sus puestos de trabajo. Y si lo que sucede es la aparición de nuevas formas de trabajo, de igual forma debería haber un proceso de redistribución, pues esto acotaría la desigualdad en los ingresos, lo que actualmente ya es un problema de características relevantes.
En materia de igualdad de género Latinoamérica enfrenta muchos desafíos, sobre los cuales hemos sido instigados a reflexionar desde varios puntos de vista, entre ellos, la perspectiva ecofeminista y el derecho al cuidado.
Si por un lado el sistema patriarcal que oprime y explota a las mujeres sigue vigente, estamos pasando por un momento de muchos cambios y de presión por la igualdad de género, que se reflejan también en las relaciones laborales.
Ya no opera más la primacía del modelo de relación laboral representado por la figura del trabajador tradicional de fábrica, con empleo formal de décadas en la misma empresa, que es atendido por su mujer que cumple el rol de asumir la carga del trabajo doméstico. A partir de la entrada de la mujer en el mercado de trabajo y de todos los cambios globales que vamos experimentando en el contexto político, económico, social y cultural, la figura de éste trabajador típico de los años dorados ya es minoría en el mercado de trabajo.
Las mujeres son mayoría de la población en casi todos los países de América Latina. No obstante, la creciente entrada de mujeres en el mercado de trabajo no viene acompañada de mejores condiciones de vida.
Ellas continúan al margen del sistema, sub – representadas, con salario inferior y soportando cargas exhaustivas de trabajo doméstico. Las mujeres padecen la violencia sexual en sus centros de trabajo, y persiste la desigualdad en la política.
En razón de la crisis financiera que se extendió por todo el mundo, se han implementado políticas de austeridad en razón de la cual experimentamos una creciente concentración de renta y la desigualdad, y el consecuente recrudecimiento de las políticas de austeridad que sufren principalmente los grupos al margen del sistema capitalista, principalmente las mujeres y los jóvenes.
Un ejemplo es la reforma laboral que entró en vigor en noviembre de 2017 en Brasil. Las nuevas leyes laborales afectan principalmente a las mujeres, que tradicionalmente ocupan puestos de trabajo precario.
La decadencia del modelo de estructuración de la sociedad deja en evidencia que sus valores y normas deben ser revisados.
Los movimientos feministas que empiezan a aparecer con más fuerza en América Latina representan un inicio de confrontación al sistema patriarcal dominante. Aunque los cambios no se reflejaron de forma expresa en leyes y reglamentos, las mujeres han logrado sensibilizar a la sociedad sobre temas importantes sobre la igualdad de género.
Como ejemplo tenemos: el movimiento Ni Una Menos en 2015 y las expresivas protestas por la legalización del aborto en agosto de 2018 en Argentina. La movilización de las mujeres contra el candidato a la presidencia de Brasil que refuerza discursos abiertamente machistas. La representatividad femenina en el movimiento sindical en Uruguay. La lucha por la paridad de género en las secretarías de Estado de México, y en los Ministerios del Gobierno de Colombia. La reglamentación del derecho al cuidado en Uruguay.
Es evidente la gran capacidad de movilización de mujeres de América Latina. No obstante, como todo movimiento plural, las mujeres que lo componen tienen diferentes matices ideológicos y consecuentemente diferentes reivindicaciones.
Es importante aún reforzar los contenidos de clase para que la lucha de las mujeres se refleje en mejores condiciones laborales, en convergencia con las luchas del movimiento sindical.
Es necesario también dar mayor visibilidad al derecho al cuidado, esencial para el bienestar humano, y una vía por la cual puede ser posible la creación de nuevos puestos de trabajo además de disminuir la precarización y sobrecarga de trabajo de las mujeres.
Las mujeres de América Latina empiezan a tomar conciencia de que las cosas no se modifican solas y representan una fuerza pulsante. Es necesario fortalecer ese movimiento de mujeres, asociando también otras formas de lucha, ocupando cargos electivos y dirigiendo organizaciones sindicales. Porque en la medida en que se incorporan mujeres y jóvenes en posición de dirigentes sindicales cambian también los temas de discusión política. Y cuanto más discusión y equilibrio de fuerzas, más fortaleza tendrá el sistema democrático. A través de la política, pensada a partir de diferentes miradas, de vivencias distintas, saldrá fortalecida la democracia y por ende la promoción de la igualdad social.
Si nos detenemos en la negociación colectiva, con la ofensiva del modelo neoliberal, empiezan a atacarse los pilares del Estado de Bienestar, los cuales había sido cimentados por un sector político que consideró, que sin justicia social, sería inviable una paz duradera. De esta manera, Sindicatos fuertes y unidos empezaron a fragmentarse, la negociación colectiva centralizada perdió fuerza y se implantó la idea de la negociación por empresa, lo que lleva consigo convenios colectivos de menor peso y una menor redistribución de los beneficios.
¿Cuáles son los retos que enfrenta la negociación colectiva?
Hasta el momento no ha habido una reacción efectiva por parte de los Sindicatos a dicha ofensiva. Sin embargo, como personas vinculadas al mundo del trabajo, debemos contribuir a empoderar a los trabajadores y los sindicatos, dotándolos de conocimientos integrales, para que se promueva con fuerza la negociación colectiva centralizada, la cual tenga como objetivo, el retomar los pilares de un Estado de Bienestar, consciente de las nuevas realidades,
Dentro de las banderas que debe asumir el sindicalismo y la negociación colectiva especialmente en Latinoamérica, está el hacer frente al fenómeno de la globalización, el cual trae consigo la problemática de las empresas multinacionales y sus cadenas de trabajo globales. Esto implica transmitir una visión al sindicalismo, que los invite a retomar su papel como verdaderos actores sociales, buscando la integración y el diálogo, por lo que es necesario discutir seriamente el concepto de negociación colectiva transnacional, pero además materializar esa dialéctica. Es decir, los sindicatos de las diversas sucursales de las multinacionales deben unirse, hacer presión y promover la negociación colectiva transnacional, lo que implicaría una forma eficiente de hacer vinculante para las multinacionales dicha forma de negociación.
Debemos promover en Latinoamérica un ejercicio responsable, coordinado y unido del derecho fundamental a la huelga, para que éste retome su carácter como mecanismo de presión para obtener los objetivos de los sindicatos, que no deben ser otro que promover el bienestar de los trabajadores en sentido ampliado.
Es por ello que postulamos la importancia del diálogo social como herramienta de búsqueda de soluciones a los problemas del trabajo y de concreción de la Igualdad, cuestión que sigue siendo un objetivo y desafío no sólo de la OIT sino de cada uno de los países del mundo. Este concepto abarca desde el simple intercambio de informaciones entres los actores sociales del mundo del trabajo hasta la negociación colectiva.
La concertación entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en temas comunes vinculados a la política económica y social, sin duda debe estar orientada en la búsqueda de concretar la justicia social.
En la actual situación, pareciera ser que los únicos en condiciones de imponer sus intereses son los empleadores. El avance del neoliberalismo, desequilibrante en la distribución de la riqueza, en la profundización de la marginalidad social y en la precarización laboral, entre otras consecuencias, es un claro ejemplo de ello.
Los gobiernos, la mayoría de las veces con “valientes” discursos declarativos preelectorales, son los primeros en huir o evadir su responsabilidad en la toma de decisiones, y más aún en la aplicación del fruto de ese diálogo, cuando se torna posible.
Ante una realidad latinoamericana, donde el sindicalismo sufre la pérdida del poder de negociación, por la acción de los gobiernos, incluso en aquellos donde el sistema legal o constitucional parecería fortalecerlos, se encuentra herida la esperanza de que sea el movimiento sindical el que pueda generar el contrapeso o límite al avance de la flexibilización laboral, por lo que el diálogo no es posible en estas condiciones, sólo se materializa un monólogo del empleador.
El desafío sindical, como actor principal de este diálogo, es encontrar las formas de fortalecerse, de sentarse a esa mesa con fuerzas, y principalmente de recuperar la confianza acerca de a quiénes representa: los trabajadores.
En ese camino, sufrirá sin duda, lo que ya se vive en algunos países: la persecución sindical, la justicia politizada, la imposición de multas administrativas; que intentarán y a veces conseguirán, disuadirlos en sus reclamos.
La búsqueda de la igualdad y el goce de la ciudadanía en plenitud de derechos laborales, solo será posible si la organización sindical se pone de pie. Pero es necesaria la autocrítica, la renovación sindical, la limitación de los mandatos, la remoción y sustitución de quienes han dejado de representar hace tiempo a los trabajadores que le dieron su mandato. Es necesaria la concreción real de la democracia sindical.
Además, también resulta fundamental el replanteamiento de las funciones y finalidades de la OIT como órgano internacional, exigiendo a esta altura su mayor presencia ante una realidad cada vez más apremiante. La comunidad no solo latinoamericana sino mundial así lo reclama.
A partir de la reflexión, llegamos al punto clave: ¿qué tenemos que hacer para alterar la realidad de desigualdad a partir de nuestra posición en la sociedad como abogados, magistrados, economistas, sociólogos, académicos, todos profesionales afectos al tema del trabajo?
Son muchos los desafíos que se nos plantean. El camino a recorrer pasa necesariamente por el reconocimiento del conflicto de fuerzas políticas y sociales, de fomento del diálogo social y del equilibrio de poder en las relaciones laborales.
En la persecución de la justicia social se hace necesario actuar para promover la distribución de la riqueza a través del fortalecimiento de la seguridad social, políticas de igualdad de género, inclusión de jóvenes y desarrollo de la economía a través de una mirada ecológica y sostenible.
Es fundamental conformar una alianza entre las organizaciones sindicales y los movimientos sociales como forma de avanzar frente a los cambios inminentes que enfrentamos en nuestra sociedad.
Desde la academia debemos posicionarnos como fuerza movilizadora, educando en el Derecho del Trabajo y las Relaciones Laborales como mecanismo de abatimiento de las desigualdades sociales; porque no hay paz si no hay justicia social, así como tampoco existe justicia social sin paz.
Muchas gracias.

*Informe Final elaborado por los becarios participantes del “Curso para Especialistas Latinoamericanos en Relaciones Laborales”. Universidad Castilla La Mancha. Toledo España. Septiembre 2018.
Participantes de Brasil, Chile, Colombia, Perú, México, Venezuela, Uruguay y Argentina.