La invisible mano dura y los avances de la criminalización de la huelga

El hambre, la rebaja salarial, los despidos, no comenzaron en diciembre de 2023. El descontento de la clase trabajadora con la fiesta de Olivos, con la traición ¨Vicentín¨, con el despilfarro de dadivas sin ningún tipo de orden, ni plan a futuro, realizado por el Ministro de Economía anterior, candidato del ex oficialismo, hicieron que gran parte de las personas que trabajan vote a su actual verdugo, incluso cuando el mismo los invitaba a más ajuste y más represión social.

Es que esto último tampoco tuvo origen en Diciembre de 2023 (basta con mencionar Guernica y vienen las imágenes de los bomberos dirigidos por el Ministro de Seguridad del gobierno de Axel Kicciloff, quemando ranchos y niños llorando en brazos de sus madres.

Porque todo avance de un lado, es retroceso del otro. Cuatro años de envestida contra la clase trabajadora que contaron con el silencio absoluto de las Centrales Obreras, y cuanto menos, con las complicidades de la gran mayoría de sindicatos que hasta último momento no hicieron más que campaña para sostener lo insostenible: el gobierno de Alberto Fernández.

Campañas como #quedatencasa, #vacunate, #noamilei, fueron encabezadas por quienes tenían de obligación ética y legal de representar verdaderamente a sus trabajadores, que en los tiempos que se vivieron se reducía a la obligación más importante: convocar a la HUELGA.

Entre el silencio de algunos y la bronca de muchos, llegó Milei, y con él, la consolidación del ajuste y la legalización de la represión a quienes intenten enfrentárselo.

Ya lo había intentado Macri una década atrás, pero claro que todo es más sencillo después de un aislamiento sin precedentes, la consolidación de la justicia virtual y el vaciamiento casi absoluto de la representación sindical.

Sigo en la sala de espera de un zoom. Es que así se tomará indagatoria a mi defendido, un obrero criminalizado por la patronal, a través de una denuncia inventada por personal jerárquico (algo que ya es moneda corriente entre los abusos patronales).

Volviendo a la intentona de Macri, necesariamente y no como acto fallido, aparece Patricia Bullrich. Es que como diría Carlitos Marx, la historia se repite dos veces como tragedia y como farsa. Aunque aquí la tragedia y los farsantes son protagonistas de las dos.

Pero miren si no fue necesaria la Introducción, que lo primero que hizo el gobierno de Milei fue un Protocolo, y lo primero que hicieron las Centrales Sindicaless fue salir a la calle, bueno mejor dicho, a la calle no, a la vereda. Es que de eso se tratan los avances de unos: lograr el retroceso de otros.

Y ahora así amigos lectores, podemos decir que hablaré del tema por el cual fuí convocado.

Qué hacen los patrones de la industria, cuando aparece la mano invisible del Estado?: comienzan los recortes, la quita de subsidios y crecen las importaciones. En algunos casos, cierran, inventan salvatajes, quiebras, o todo tipo de maniobra para eludir las obligaciones para con los trabajadores. En otros, se agarran de un Estado absolutamente punitivista para quien se atreva a cuestionar al Sistema que garantiza los privilegios de un Sector y a éstos no le temblará el pulso para denunciar y tratar como delincuentes a quienes sólo ejercen su derecho, el derecho a la huelga y a la protesta,

Desde el gobierno se baja un claro mensaje desde el comienzo: NO HAY PLATA. En las calles, las fuerzas de seguridad dejan algo claro: GARROTE, como diría un histriónico personaje que se vestía de amarillo para llamar la atención en el Congreso de la Nación.

Al gobierno le urge cumplir su objetivo anarcoliberal, que de anarquista no tiene nada y de liberal, tampoco. Las libertades poco a poco se van suprimiendo y con ella una de las más importante para la clase obrera, la libertad sindical.

Acompañadas por la instalación simbólica de desprestigio a los sindicatos (y vaya si la mayoría de sindicalistas no son responsables de tal desprestigio) que se suma al ya conocido discurso apolítico, volvieron las medidas de Bullrich, y esta vez recargadas.

Ni bien asumió el gobierno de Milei, se sanciona el primer «Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación». El conocido como ¨ antipiquete¨, dictado en diciembre de 2023 a través de la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que entre otras cosas considera “delito en flagrancia” cualquier manifestación pública que afecte la circulación.

La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ni bien asumió el Gobierno de Milei dictó un nuevo Protocolo para legitimar la represión contra la protesta y garantizar «la libre circulación del tránsito automovilístico».

Claramente que aquí la representante del Ejecutivo, se toma las facultades que son propias del Poder Judicial y las legislativas que les corresponden al Parlamento, fijando, además, pautas de actuación policial y estatal que avasallan las garantías establecidas en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional.

De esta manera, establece que cualquier tipo de manifestación que se realice con cortes de calles o rutas y que impida la “circulación de vehículos, el ancho de las calles, rutas o avenidas, constituye la comisión de un delito en flagrancia, lo que habilitará la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta y para recabar información sobre sus participantes y organizaciones a los fines de perseguirlos penalmente». Asimismo, el Protocolo contiene disposiciones que tienen como único objetivo criminalizar y perseguir a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales.

No es casual que el mismo haya sido dictado al compás del plan económico lanzado por el Gobierno.

Con el dictado de esta medida se intenta derogar la Resolución 210 que en 2011 dictó el Ministerio de Seguridad de la Nación que fija reglas y pautas de actuación policial y estatal acordes a los estándares internacionales de Derechos Humanos en materia de Derecho a la Protesta Social.

Pero, no hay duda que dicha medida no puede ser derogada por el Protocolo, algo que seguramente traerá planteos en la Justicia y que los abogados debemos defender en nombre de todos aquellos que cayeron en la lucha y por lo cual había sido dictada la anterior Resolución que le ponía límites a las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, los fiscales no tardaron en aplicarlo, criminalizando casi un centenar de manifestantes, destacándose el caso de los que fueron dejados en libertad bajo la condición de impedimento de acercamiento al Congreso de la Nación, un hecho escandaloso que pocos se encargaron de denunciar y dar a conocer.

Me tocó en persona ser Defensor de dos manifestantes a quienes se les dispuso como medida de restricción de su libertad la prohibición antes mencionada.

La Decisión que atentó contra la libertad de las personas detenidas fue tomada a pedido del Fiscal Auxiliar Alejandro Pellicori, y en la misma se le exigió a los militantes, con el aval de la Defensa Pública, aproximarse a la Sede del Legislativo dentro de un radio de 1000 metros del mismo.

A raíz de tal circunstancia, denuncie tal accionar a la PROCUVIN (Procuraduría contra la Violencia Institucional) y a la Defensoría de la Nación- ambas causas se encuentran en trámite-y en las mismas también se denunció además de la detención arbitraria , las golpizas aplicadas a los dos detenidos.

A pesar de ello,el Expediente sigue abierto, no se respondió las solicitudes de la Defensa respecto de la arbitrariedad del impedimento de acercamiento, y lo más grave aún la Fiscalía interviniente, lejos de archivar la Causa o sobreseer a los imputados, elevará la misma a Juicio, luego de «ofrecerle» a los imputados la suspensión de éste. a prueba, cual si se tratará de personas que cometieron algún delito, ello tras aclararles que con seguridad en un proceso serán condenados.

Ahora bien, lejos de quedarse en dicho Protocolo, el Ministerio de Seguridad profundizó sus medidas de amedrentamiento y sancionó otro engendro denominado anti bloqueo de fábrica.

La Resolución 901/2024 menciona que “si bien el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece el derecho a huelga, el artículo 14 de esa misma ley fundamental consagra el derecho de todos los habitantes de la Nación a trabajar y ejercer toda industria lícita y de usar y disponer de su propiedad”. Agrega: “Habida cuenta de ello, existe un evidente interés federal comprometido en asegurar la libertad de comercio e industria contra toda turbación ilegítima”.

Asimismo, a través de la Resolución 893, el Ministerio de Seguridad aseguró que el Comando Unificado¨ creado estará integrado por la Secretaría de Seguridad, la Subsecretaría de despliegue territorial, la Dirección Nacional de operaciones y despliegue territorial (o las que en el futuro las reemplacen) del Ministerio de Seguridad, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria; y por los representantes que eventualmente se designen, del cuerpo policial de las provincias en las que sea necesaria la actividad del Comando Unificado de Seguridad Productiva.

Con ambas Resoluciones se alerta a todo aquel que quiera ejercer su derecho a huelga, a que será criminalizado. Esta vez, la medida apunta directamente contra la clase trabajadora y el movimiento sindical.

Taxativamente se limita el Derecho de Huelga, es decir se delimita el poder de acción de los trabajadores y se le otorga al Poder Judicial un paraguas para poder criminalizar sin recurrir a ninguna maniobra de armado de causa, ya que el armado mismo está en las resoluciones citadas, en las que no solo se implemente el Protocolo contra huelguistas sino además nada más, ni nada menos, que un COMANDO UNIFICADO DE SEGURIDAD PRODUCTIVA. Ya solo leer la palabra COMANDO nos exime de mayor explicación y nos llama a un estado de alerta y preocupación que desde hace años no vivíamos en tal magnitud.

Sigo en la Sala de Espera de un Zoom. Pero antes de cerrar esta nota, anticipo cual será la primer medida de defensa, y la misma será solicitar la audiencia presencial.

Porque es la presencia la única forma de frenar el aislamiento al que quieren someter a nuestro pueblo.

En tiempos de protocolos, la tarea de quienes asesoramos a la clase trabajadora, es precisamente, la de romper los mismos. La tarea de quienes trabajamos con la Ley es defenderla de los atropellos de quienes con Decretos, Resoluciones y Protocolos, lo que intentan, es destruirla.

Ningún Protocolo puede ser ni legal ni legítimo cuando afecta garantías constitucionales tales como la libertad de reunión, el derecho a expresarse y protestar contra las autoridades. Y más aún, si es dictado por un órgano que no es competente ni para dictar normas (a excepción de decretos y reglamentaciones, lo que no ocurre en este caso) ni para juzgar actos de sus ciudadanos como pretende la Ministra en dar por sentado de antemano la flagrancia y la comisión de delito en cualquier tipo de protesta que «afecte la circulación».

Algún día un revolucionario francés expresó: «la ley está hecha para los pobres, algún día los pobres haremos las leyes» Y ahí está la clave de nuestra tarea, defender las leyes que conquistaron los pueblos, los trabajadores y seguir creando leyes que la protejan de los abusos patronales.

La huelga es el principal instrumento de la clase trabajadora, y no puede haber huelga en una sociedad aislada, encerrada y atemorizada por la bajada de linea criminalizadora.

Se perdieron muchos años, y con ellos nos fuimos alejando de la calle, de las puertas de las fábricas, etc. Es hora de mirarse para adentro, y retomar lo que nunca debimos haber dejado: la lucha en los lugares de conflicto: los puestos de trabajo, la calle.

Hacer visible la criminalización, combatirla poniéndole el cuerpo y no dejar que sigan avanzando es nuestra tarea.

Llenar las plazas, las fábricas, y cada vez que la justicia sea cómplice criminalizando a la clase trabajadora, quienes trabajamos de abogados defenderla con la técnica juridica acompañados con el pueblo movilizado, de ser posible también en los Estrados Tribunalicios.

De esa manera,frenaremos el avance punitivista y la intención de aislamiento perpetuo al que quieren someter a la clase trabajadora y el pueblo argentino.

Estoy convencido que con nuestra presencia y nuestra defensa de años de conquistas obreras, la huelga y la protesta seguirán siendo los instrumentos indispensables de resistencia, por la lucha del salario mínimo vital y móvil y las condiciones humanas para el ejercicio de la fuerza de trabajo.

Nuestra tarea es con la clase y para la clase, y es una tarea que excede las presentaciones judiciales, las que son necesarias pero no alcanzan sino están acompañadas de un trabajo constante en cada una de nuestras conciencias. Con conciencia de clase y compromiso en la defensa de la misma en cada ámbito: NO PASARAN.

Viva la Igualdad, carajo.

El autor es abogado penalista-Defensor de Presos Políticos y Sociales