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Los derechos sociales no se negocian
Por Redacción
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Es muy difícil no ser reiteratorio en la Editorial de la Revista en las actuales circunstancias. El continuo avasallamiento de los derechos laborales y sociales enmarcados en falsedades permanentes, violencia institucional verbal y física, desconocimiento de las normas nacionales e internacionales que forman nuestro bloque constitucional y el “olvido” de las disposiciones de la Constitución Nacional, nos obligan a volver y volver sobre la misma temática.
Es por ello que este número de la Revista trata nuevamente todas las cuestiones que hacen a la defensa de los más elementales derechos que intentan proteger a las mayorías sociales y a las y los trabajadores en particular. La defensa del salario mínimo, bien denominado en uno de los artículos como el salario del hambre (Gialdino), el derecho de huelga que se intenta limitar de tal forma que se vuelva inviable (Ramírez), el principio de progresividad y no regresividad tratado por varios autores y que es ignorado absolutamente por el actual Gobierno y sus socios explícitos y/u ocultos, entre otros temas, forman parte del contenido de la Revista.
Y todo ello enmarcado en una situación social que es bueno reiterar. Un índice de pobreza del 52,9% en el primer semestre de 2024 (la más alta en los últimos 20 años y salvo la crisis del 2001, la más alta desde la vuelta de esta democracia – Clarín del 27.9.24), que significa 25 millones de personas en esa situación. Una pobreza infantil que llega al 66,1% lo que significa que 2 de cada 3 chicos menores de 14 años vive en hogares pobres conforme a la misma fuente y una indigencia del 18,1%, son porcentajes directamente espantosos de la situación social actual.
Y se podrían agregar cifras de este tipo hasta el infinito, con una destrucción de mano de obra incesante, con el aumento de la desocupación, con los salarios y las jubilaciones por el piso, con una caída del consumo histórica y una producción que no deja de caer.
Y en este marco, un Poder Ejecutivo que mediante los artilugios de una normativa directamente creada contra todo principio democrático (art. 99 inc. 3) CN y Ley 26122) y que merece una inmediata modificación legislativa a fin de impedir que la división de poderes ya de por sí objeto de debate, sea además ordinariamente ignorada por este mecanismo. Igual criterio corresponde utilizar con el instituto del veto presidencial. Este poder omnímodo que se da al Poder Ejecutivo para impedir que las mayorías parlamentarias puedan, como representantes del pueblo, justamente legislar, es otro de los obstáculos graves a un juego formalmente democrático. Que con prácticamente un tercio de la Cámara se impida que se legisle es un despropósito conceptual que no merece mayores detalles. Se hace necesaria una reforma constitucional que modifique esta normativa y equilibre efectivamente la relación de fuerzas existentes en una etapa determinada de la vida política del país. Esto no va a solucionar los problemas que nos aquejan, pero sin dudas va a impedir que seudodictadores con ropaje democrático hagan y deshagan a su gusto.
No podemos soslayar en estas circunstancias el discurso presidencial. Es un tema sumamente delicado, pues no tenemos dudas que la mentira permanente, el insulto, las ofensas, la incitación a la violencia y el supuesto derecho a agredir sin límites a quienes no coinciden con su lectura de la realidad (por cierto, una realidad que él solo ve), tienen que tener un límite. Un Presidente de la Nación no puede ni debe utilizar no solo un lenguaje, sino fundamentalmente no puede ni debe utilizar su poder para denigrar al resto de la sociedad que como es lógico en cualquier sociedad, piensa distinto a sus designios (cuasi divinos, según su lectura).- Es hora de preguntarse si esta conducta no merece un juicio político. Es de preguntarse si quien usa la mentira, la agresión, el insulto y la violencia en un cargo como el de Presidente, no debe ser limitado mediante las herramientas que nuestra legalidad permite (ver Roberto Gargarella – 12.10.24 “Insultos presidenciales y juicio político”).
Y mientras esto sucede en la formalidad democrática, la realidad social comienza a moverse. Los estudiantes secundarios y universitarios, con los docentes y los mal llamados “no docentes” (que no son otros que las y los trabajadores administrativos, ordenanzas, etc, imprescindibles para el funcionamiento de los claustros), justamente enfrentando el veto del Gobierno ante una ley que pretendía impedir el desfinanciamiento a la educación, han decidido luchar en el espacio que les pertenece, las calles y las aulas.- Junto con los jubilados, también víctimas del veto presidencial y con las y los trabajadores de la salud, han ocupado las calles del país ignorando el perverso e ilegal protocolo de la ministra de seguridad (y la minúscula no es un error) para luchar por sus derechos. Dando un ejemplo a la sociedad y alentando a los demás actores víctimas de este plan de exterminio que se plantea el Gobierno y sus aliados, han decidido luchar y plantear sus derechos y necesidades y desnudar al verdadero enemigo. . Quieren destruir la educación, la salud, el trabajo. Quieren beneficiar a los grupos económicos de siempre. Acaba de confesarlo el Presidente al decir que hicieron lo peor del ajuste en el verano para que el pueblo no se diera cuenta. Pero el pueblo se está dando cuenta y es nuestra misión desde este espacio ayudar a esclarecer todo aquello que forma parte de nuestra materia y que está íntimamente ligada a los intereses sociales y laborales. Allí estamos.
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En este número
Doctrina
Por Sofía Montenegro González
Doctrina
Por María Alejandra Vives