Los años locos y la yapa

El año 20 del siglo pasado fue considerado el inicio de los años locos, una década que empezó con prosperidad y culminó en la peor debacle del sistema capitalista. Cien años después un nuevo ciclo de crisis comienza, aunque de las peores formas que se podrían imaginar. Un nuevo gobierno generaba más esperanzas que certezas y daba inicio a un cambio de timón, aunque jamás se hubiese pensado lo que vendría en los siguientes tres meses. El panorama inicial no era alentador porque el haberse endeudado nuevamente con el FMI, presagiaba un período negativo en todo sentido, al menos por la experiencia ya vivida. Una frase acuñada en cada gobierno entrante, “la pesada herencia”,  esta vez era muy pesada.

El legado (2015-9) en términos de relaciones laborales no fue consolador, despidos masivos de empleados públicos y precariedad en la contratación, nuevos “emprendedores” con tecnologías de aplicación y capitalismo con tracción a sangre. Una ley de accidentes laborales que quitaba juridicidad y una ley jubilatoria que reducía los haberes. Una apertura del mercado exterior y liberalización del sistema cambiario que impactaban directamente en el sistema productivo; provocando despidos por goteo que desangraban a la clase trabajadora. Con incrementos desmedidos del valor de los servicios públicos y una inflación imparable que deterioraba aún más los salarios. Sin entrar en los detalles de las persecuciones a dirigentes sindicales, criminalización de la protesta y ataques a sus abogados con la llamada “industria del juicio” como slogan y las palabras “mafia”, “corrupción” como perforantes del cerebro, generaron un clima desolador. Las personas que defienden sus derechos, fueron estigmatizadas y el blanco de ataques desde los medios masivos de comunicación, que son las voces de los empresarios dueños de esos medios, era sistematizado e implacable.

Así entramos al año veinte, con una declaración de emergencia social, económica y sanitaria y el regreso a la duplicación de la indemnización de los despidos sin causa.

El panorama no era reconfortante, de pronto, una nueva epidemia inquietaba al mundo, un alerta en países lejanos y su amenaza, como todo, se globalizó.

Finalmente nos llegó el día de la emergencia sanitaria, y luego el “aislamiento preventivo”, se hizo “social”. Medida de seguridad sanitaria que se hizo “obligatoria”. Una paralización total que cambiaba todo, de manera radicalizada, súbita e impredecible, aunque con excepciones que lo hacían aún más inédita.

Si miramos las sucesivas fotos en los medios de nuestro país, desde marzo a la fecha, vemos claramente que los derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a condiciones dignas y equitativas de labor, a la vivienda,  al acceso a la justicia, se vieron fuertemente vulnerados de hecho, sin necesidad de que ningún estado de sitio declarara la suspensión de las garantías constitucionales.

El concepto de “trabajador esencial” se convirtió en la estrategia patronal para continuar manteniendo los mismos niveles de rentabilidad que en la pre-pandemia, extendiendo su alcance a actividades precarizadas de empleo. Es así que, los emprendedores del pedal se convirtieron en trabajadores esenciales, el salario debía ser garantizado y  preservadas las personas de riesgos. El trabajo remoto que debía acordarse “de buena fe”, se convirtió en unilateral y obligatorio. Un relato fascinante de la distopía para un guion cinematográfico, lamentablemente estaba sucediendo en la realidad.

La declaración de esenciales, de los trabajadores de la salud, los expuso al contacto directo con la enfermedad en condiciones que lejos estaban de proteger su salud y su vida. El aplauso generalizado, la escasa ayuda económica, la declaración del Covid como enfermedad profesional no listada o la insuficiente y tardía recomposición salarial que obtuvo el gremio, no impidieron la gran cantidad de muertos y contagiados entre estos trabajadores que, en algunos casos, debieron recurrir a acciones judiciales para conseguir la entrega de equipos de protección adecuados.

El despido masivo de trabajadores en una de las empresas más grande del país motivó una respuesta gubernamental inmediata con la prohibición de suspensiones por causas económicas o de fuerza mayor y de despidos sin causa, aunque no fueron obstáculo para que se despidiera y ocasionara cientos de pérdidas de puestos de trabajo. Buena parte de la doctrina justificaba todo en la fuerza mayor, aunque la emergencia era diferente a cualquiera invocable por razones económicas. La emergencia sanitaria solo era evitable con aislamiento, no eran razones económicas de una de las partes de la relación sino que se afectaba a ambas partes. A una la maximización su riqueza y a la otra el ingreso para comer.

A pesar de normas que garantizaban el mantenimiento del salario se habilitaron acuerdos de rebaja salarial avalados por la central sindical y tolerados por la cartera laboral.

Mientras tanto, los trabajadores del Ingenio Ledesma padecieron una zaga de terror. Allí se “liberaron las fuerzas productivas de la economía” obligando a trabajar a los mayores de 60 años, hasta pasar a buscarlos por sus casas para llevarlos a la empresa, aunque hubiesen estado en contacto con personas infectadas o padecieran síntomas. En Jujuy, donde colapsó el sistema de salud, con falsos hospitales de campaña, 140 muertos en agosto, personas que morían en sus casas, aquella empresa siguió trabajando normalmente. La opción para los trabajadores fue: continuar trabajando, infectarse y contagiar a sus familias o quedarse sin trabajo.

Vicentín fue noticia por su vaciamiento y afectación económica a los trabajadores y productores de la zona y una truncada intervención. Aunque se mantuvo oculta la política empresaria de enviar a sus casas a guardar cuarentena a los delegados sindicales, tuvieran o no síntomas, para impedirles ejercer su actividad sindical, cuando más se necesitaba su presencia en defensa de la fuente de trabajo.

La propiedad privada siguió reconocida como si fuera un derecho absoluto. De tal modo, se evidenció la contradicción con la igualdad y el acceso a la vivienda como derecho inherente a la condición humana, cuya privación es inaceptable en tiempos de normalidad. Durante la pandemia se convirtió en un imperativo central para evitar los contagios. Sin embargo, los reclamos de los sin techo, fueron causa de represión estatal al mismo tiempo que se promovía el “quedate en casa” como única forma de resguardo frente al virus. La respuesta punitivista frente a la toma de tierras como forma de tapar décadas de abandono estatal no encuentra justificación en la protección  de la propiedad privada sino que constituye violencia sobre quien reclama un derecho humano vulnerado.

Las TICS (Tecnologías de la Información y la Comunicación), se masificaron en pandemia. Jeff Bezos, dueño de Amazon, sigue incrementando su fortuna a razón de  13.000 millones de dólares por día. Si bien esto podría pasar como una noticia banal si no fuera porque en Amazon Alemania, coloca a sus empleados una pulsera electrónica con la obligación de pasarla por una lectora cada vez que se culmina un objetivo o etapa del proceso de producción. Y si el lector no detecta la pulsera en tiempo, envía automáticamente un correo al empleado preguntándole si ha decidido no continuar trabajando para Amazon. Esta forma de tiranía del algoritmo muestra una nueva forma de explotación del capitalismo donde el poder se ejerce sobre las emociones de las personas trabajadoras, estrategia que se hizo evidente también en el teletrabajo.

Impuesto por la emergencia se instaló el trabajo en el lugar de aislamiento y se quitaron las pocas protecciones reglamentarias que había para el llamado “teletrabajo”. Las desigualdades que genera el trabajo en el domicilio se hicieron visibles y masivas. Ello motivó la sanción de una ley, aunque regirá cuando yo no sea obligatorio, pues será cuando no haya aislamiento. El virus del teletrabajo se instaló con vocación de permanencia. Con notorias ventajas económicas para la patronal y mayores desgastes físicos y emocionales para el personal que trabaja, con la trampa de la soberanía del tiempo, se asegura un confinamiento sin posibilidad de respirar aire fresco ni que se reúna el colectivo laboral. Las empresas trasladaron el costo de la infraestructura a los propios trabajadores, sin capacitación, sin regulación suficientemente protectoria,  y con alto impacto en la salud y la intimidad de los trabajadores.

Desde una perspectiva de género las mujeres una vez más han debido amortiguar los efectos de la crisis, asumiendo mayores trabajos de cuidado de hijos, de adultos mayores, de vecinos, de enfermos, de niños y niñas de otros, siendo en todos los casos quienes estuvieron en la primera línea de defensa frente al flagelo del Covid, a cargo del cuidado de la salud de toda la población, en los hospitales, en las escuelas y en los hogares. La igualdad de género estuvo totalmente ausente en las normas, pese a las buenas intenciones de muchos y muchas. Así es que la realidad se ocupó de extremar las ya deterioradas condiciones de vida de la mayoría de las mujeres.

Las resoluciones y decretos dictados en la emergencia, que establecieron la posibilidad de no concurrir a sus empleos, a quienes debían cuidar niños y niñas en edad escolar, dejó abierta la puerta para que las empresas dejaran de abonar salarios en estos casos, poniendo a las mujeres ante el dilema de dejarlos solos o solas para conservar el trabajo, o perderlo, para quedarse a cuidarlos, lo mismo para aquellas con niños o niñas que todavía no tienen edad escolar.

El derecho al cuidado se siguió pensando, como algo privado, que debe resolverse, al igual que la violencia de género, en el interior de los hogares. La privatización del cuidado y de la violencia de género, tuvieron y tienen consecuencias devastadoras en las mujeres. La imposibilidad de salir de los hogares donde se convive con el violento, multiplicó las situaciones de violencia intrafamiliar. El femicidio, fue el único delito que no se redujo durante la pandemia.

La ley que ratifica el Convenio 190 y la Recomendación 206 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo y violencia en razón de género resultó significativa y fue saludada por los colectivos feministas con la intención de exigir medidas concretas para su implementación; aspecto que ya venía instalado por la movilización de las mujeres que en los últimos años, han motorizado la revisión trasversal del sistema y reavivado la mirada interseccional.

El acceso a la justicia, como derecho humano fundamental, se paralizó por casi cinco meses, reaccionando tardíamente y con una lentitud inaceptable, cuando los medios tecnológicos disponibles, ofrecían soluciones para el avance de las causas, sin riesgos para la salud y la vida de funcionarios y empleados. La cabeza del Poder Judicial de la Nación cuenta con un fondo anticíclico que no fue utilizado en esta emergencia declarada legalmente. La desidia de ese poder estatal se refleja también en numerosos fallos anti-obreros y contrarios a los derechos humanos desde aquel caso del 2×1, hasta el que revoca el pronunciamiento que responsabilizaba a civiles como partícipes por el secuestro y asesinato del abogado laboralista Moreno, victima del terrorismo de la última dictadura cívico-militar, cuyo único pecado fue haber ganado un juicio laboral a una cementera.

Al escenario excepcional planteado por la pandemia, se suma una crisis histórica, que está muy lejos de asumirse conforme su verdadero significado, que no es otro que una denegación de justicia que vulnera derechos fundamentales y constituye una violación de los derechos humanos de las personas trabajadoras, tal como expresamente determinara la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el reciente caso “Spoltore Vs. Argentina” (sentencia del 9/06/2020).

La crueldad de la pandemia golpeó directamente en la cara de las y los trabajadores, causando daños irreparables a más de dos tercios de nuestra población que ya se encontraba en condiciones de pobreza y exclusión, previas a la pandemia. Con todo el mundo guardado se rompe el colectivo de trabajadores que motoriza los cambios sociales. La nueva onda verde que colmó las calles llegó al Congreso y el triunfo de la huelga de los trabajadores por la conquista de mejoras de condiciones laborales, son señales que alientan la posibilidad de cambios. Transformaciones que vienen de la mano de la movilización popular muestra que la lucha continúa, mientras haya quien oprima a la clase trabajadora, habrá “gente que no”, como dice la canción del grupo musical “Todos tus muertos”.