agosto 2019

ANTICIPO DEL LIBRO DE MARIO ELFFMAN “REVESES DEL DERECHO”: EL INFORME DEL GRUPO DE EXPERTOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE RELACIONES LABORALES EN LA ARGENTINA: UN TEXTO SILENCIADO Y OCULTADO

PRIMERA PARTE

Prólogo del autor

He dejado pasar deliberadamente diez años –sin más que alguna referencia tangencial en otros trabajos– desde la presentación oficial del libro que contenía el informe Estado actual del sistema de relaciones laborales en la Argentina encomendado a un designado como “Grupo de Expertos en Relaciones Laborales” por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Fue el producto de tres años de estudios, análisis, debates e inevitables polémicas, en el seno de un conjunto con una diversidad ideológica y de enfoque sobre cada uno de los temas que el grupo decidió encarar y pudieron abordarse colectivamente.

Es cierto que en una década ha pasado mucha agua bajo los puentes, y que algunos de esos debates y de las conclusiones y propuestas que se transmitieron en el informe deberían merecer adecuaciones y actualizaciones: para lo cual sería menester previamente conocerlo. Como, sin duda, lo merecería el tan célebre como celebrado Informe Supiot; solo que ese éxito histórico de aquel informe europeo no ha sido comparativo con el alcanzado por la divulgación –y mucho menos con el debate– del producto de nuestro esfuerzo cultural de búsqueda de consensos para la descripción de los fenómenos y la conformación de los conceptos propositivos que nos habían sido encomendados.

El fenómeno de la salida brusca de escena del opus del grupo de expertos argentino, casi inmediata en el tiempo a su presentación con bombos y platillos oficiales –tras concertar el Ministerio la edición por Rubinzal-Culzoni editores y distribuir gratuitamente varios centenares de ejemplares–, liberando a la editorial para el aprovechamiento económico de la venta de los restantes y de sus previsibles reediciones, ha sido sorpresivo para mí (y supongo que para otros de mis colegas del grupo). Una de esas sorpresas la proporcionó la muy pronta desaparición de la oferta del libro por su propia editorial, y no he tardado demasiado en comprender que tenía orígenes multicausales.

Creo que la toma de distancia en el tiempo desde ese ‘mutis por el foro’ del informe me permite salir del silencio que me impuse al respecto, al precio que acepto plenamente de elegir mi sinceridad en el examen crítico y autocrítico, expuesto nuevamente a los de quienes crean que vale la pena ocuparse de hacerlo.

El lapso transcurrido entre la entrega formal del informe, en febrero de 2008, y su presentación pública, el 5 de septiembre de ese año, podría tener motivaciones relativas a los conflictos que su texto podía generar para el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Dr. Carlos Tomada. Efectivamente, fue confirmado en el cargo al asumir el gobierno nacional la Dra. Cristina Fernandez de Kirchner, con varios cambios en el elenco de colaboradores y posibles ajustes y modificaciones en sus políticas. Algo de eso se transparenta en su prólogo, al que me referiré más abajo.

Un primer eco entusiasta de centrales sindicales apartadas de la CGT, si se toma en cuenta que la CTA presentó fragmentos del informe a organismos de la OIT para reafirmar con ellos sus denuncias respecto de la violación de los Convenios sobre libertad sindical, pareció un síntoma de la molestia que ese aspecto del texto provocaría en esferas oficiales y sindicales comprometidas con la defensa del llamado ‘modelo sindical argentino’.

Los integrantes del grupo que expusieron de un modo muy inmediato y público las disidencias que se registraron escrupulosa y plenamente como notas al texto, y su influencia en organismos académicos y universitarios, pudieron haber op ;�w`U ;�w`U@��w`Up��w`U�;�w`U@;�w`U@@;�w`Utividad de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y Seguridad Social (AADTySS), los asistentes fueron provistos de ejemplares de un folleto que solo contenía las disidencias de los integrantes del grupo Jorge Rodríguez Mancini y Carlos Aldao Zapiola, y a ellas se enderezaron las intervenciones en el encuentro¹. El Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la UBA apenas si concedió la realización de un seminario sobre el contenido del informe, con escasa promoción y serias dificultades para su normal desarrollo.

Hasta allí, no se trataba de consecuencias imprevisibles del resultado de los complejos debates y de los acuerdos mayoritarios exteriorizados en el informe. Pero lo que me resultó más difícil de asimilar fue la reticencia inicial de los sectores más comprometidos con la defensa del derecho del trabajo como derecho de los trabajadores, y en algunos de ellos una verdadera hostilidad con la obra, por el dato de la realidad de que en su contenido no se registraban algunas de las propuestas o posturas de máxima que, a título individual o institucional, se sostenían o defendían.

El tiempo transcurrido me ratifica en la impresión de que en estos casos no se han comprendido cabalmente las limitaciones objetivas y subjetivas para alcanzar acuerdos, los máximos posibles, en la diversidad de orientaciones y de concepciones ideológicas de los componentes del equipo. El ejemplo más evidente lo constituyó la reacción frente al hecho de que en el capítulo dedicado al tema de la extinción del vínculo laboral no se logró un consenso sobre establecer la estabilidad absoluta en el empleo; por lo que nos vimos precisados a enunciar las posibles vías de superación del estado de inestabilidad absoluta, criticando el estado de cosas vigente desde 1934 con la indemnización tarifada por el acto ilícito del despido sin justa causa, pero considerando que las soluciones que debieran adoptarse por vía legislativa, de entre las sugeridas, debían depender de un profundo diálogo previo de los protagonistas sociales.

En síntesis, el esfuerzo de elaboración y armado del informe fue corrido tanto por derecha como por izquierda: en ambos casos, creo, la reticencia o resistencia ha sido absolutamente comprensible, como lo ha sido la incomodidad que esa equivalencia crítica haya generado a mí y a algún otro de los coautores.

Los antecedentes necesarios del producto

Hace más de un siglo, en 1904, un médico catalán emigrado a nuestras tierras, donde sumó títulos de abogado y de agrónomo, pero que no pudo acceder al rectorado de una Universidad Nacional por negarse a abandonar su ciudadanía de origen, redactó un asombroso informe sobre El estado de las clases obreras en la Argentina, a requerimiento del presidente Julio A. Roca, quien jamás pudo haber previsto la increíble capacidad de observación y denuncia del encomendado, Joan (o Juan) Bialet Massé².

La frustración que debió haber sentido quien lo conchabó para una labor que, vista con el prisma del tiempo resulta excepcional y prácticamente única en su profundidad, en su técnica de investigación de campo, en la sensibilidad de su abordaje y en su aptitud de denuncia social, debe haber pesado para que a nadie se le ocurriera, durante 90 años, volver a ensayar, desde escenarios oficiales, un estudio acerca del verdadero estado de las relaciones sociales de trabajo en la Argentina.

Fue el 1º de julio de 2005, y como una secuencia de la ley nacional 25.877, en cuya exposición de motivos el Poder Ejecutivo había anticipado la necesidad de producir un debate coadyuvante para la actualización y recuperación del marco de las relaciones laborales que demandaba la República Argentina, que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a cargo del Dr. Carlos A. Tomada, adoptó por resolución Nº 502/2005 de esa área, la creación en el ámbito de la Unidad Ministro, un Grupo de expertos en relaciones laborales, cuyo objetivo enunciado era el de “elaborar un informe en el que se identifiquen los principales problemas que enfrenta el sistema argentino de relaciones laborales, y se sugieran los lineamientos generales de las acciones conducentes a resolverlos, propendiendo a crear las condiciones necesarias para el establecimiento y la consolidación del paradigma del TRABAJO DECENTE”.

En los fundamentos de la mentada resolución ministerial se agrega que “las circunstancias económico-sociales de la República Argentina son propicias para comenzar un análisis profundo del sistema de relaciones laborales, con el objeto de identificar los problemas que plantean el avance tecnológico en los procesos productivos, su organización segmentada, la determinación de los rasgos fisonómicos del contrato de trabajo, el rol de los contratos formativos de aprendizaje y pasantías y la extensión de la jornada laboral, entre otros temas que surgirán del debate que ahora se propicia”³.

Para abordar tal tarea se consideró oportuno conformar un grupo de expertos, cuyo cometido sería el de la construcción de bases teóricas que permitieran un más fructífero diálogo con los actores sociales, identificando los principales problemas y debilidades, y formulando orientaciones conducentes a resolverlos y superarlas, sin que esa tarea implicara la misión de elaboración de proyectos normativos.

En la misma resolución se indicaba que el grupo se integraría con juristas con actividad académica y vasta experiencia en el campo de las relaciones laborales, que al efecto sería invitado a participar ‘ad honorem’, y con amplias facultades de organización interna, de elaboración de su agenda temática, criterios metodológicos, y con facultades de convocatoria a especialistas de disciplinas afines como la sociología, la economía, las relaciones del trabajo y la administración de personal.

En la nómina de aquellos a los que se pedía la integración y participación se notó un especial cuidado por omitir la incorporación de juristas de alto nivel de especialización, pero que actuaban públicamente como representantes o asesores directos de órganos o instituciones representativas y de defensa de intereses sectoriales, tanto oficiales como empresariales y sindicales.

Esa nómina quedó compuesta, inicialmente, por todos los así propuestos, que fueron los Dres. Julio César Simón, Eduardo Oscar Álvarez, Jorge Elías, Pablo Topet, Mario Elffman, Jorge Gerónimo Sappia, Jorge Alberto Rodríguez Mancini, Carlos Aldao Zapiola y Mario Eduardo Ackerman. Este último fue reemplazado, dada su temprana renuncia, por Beatriz Fontana (resolución 868/2005). Fue aceptada la presidencia del grupo en cabeza del Dr. Oscar Valdovinos, quien la ejerció durante todo el tiempo de su funcionamiento.

En la misma resolución ministerial se designó al Dr. Raúl Horacio Ojeda como secretario técnico del grupo de expertos, con funciones de asistir al presidente y colaborar con él en la coordinación de las actividades, labrar los documentos y actas y llevar adelante toda otra actividad que la organización le encomiende. A partir de su primera reunión, en julio de 2005, la función efectiva del Dr. Ojeda fue la de ser uno más de los miembros del equipo, hecho destacado especialmente por el Dr. Valdovinos como prologuista individual del libro⁴. En ese prólogo se da cuenta de la importancia que, para la labor del equipo, tuvo la guía intelectual siempre presente del ‘Informe Supiot’.

Las dos primeras actividades que se dio a sí mismo el elenco actuante fueron las de realización de una suerte de seminario interno con aportes de sociólogos, economistas del trabajo y otras disciplinas extrajurídicas, y la elaboración de su agenda o programa de acción y de método de abordaje de la amplísima temática autopropuesta, agenda de la que da cabal cuenta el índice analítico de la obra concluida prácticamente tres años más tarde.

Desde el inicio de esos debates y elaboraciones, resultaba más que evidente que la amplitud y diversidad de perspectivas ideológico-jurídicas abarcadas por el equipo conducirían a la búsqueda y eventual hallazgo de respuestas y propuestas compartidas y no a la pura sumatoria de opiniones o posturas singulares. Eso, sin perjuicio de la libertad académica de expresar las disidencias individuales que pudieran no superar la barrera de esos acuerdos, cuyo mecanismo se acordó fuera mediante notas al pie de los textos consensuados y tras su redacción final, que en el consenso debían ser acotaciones y observaciones breves⁵.

Se distribuyeron responsabilidades individuales en la elaboración de hojas de trabajo y propuestas en las diversas áreas temáticas a abordar, pero en el curso de las tareas se hizo evidente que ellas se nivelaban con la participación coprotagónica del conjunto y con una conducción prudente y de amplitud por parte del presidente.

El grupo funcionó prácticamente a pleno durante ese largo período, con sesiones en la sede del MTEySS, por lo que nos cabe destacar el singular esfuerzo que hacían los colegas Sappia y Elías, que venían para cada reunión desde Córdoba y Rosario.

El resultado de esa enriquecedora labor colectiva fue el cumplimiento de la tarea encomendada mediante un informe que fue elevado a las autoridades nacionales en los primeros meses de 2008, y transformado en un libro de 360 páginas, que conservó la denominación originalmente propuesta: Estado actual del sistema de relaciones laborales en la Argentina⁶.

El informe fue presentado varios meses más tarde en un importante acto en el auditorio del MTEySS, en el que fueron distribuidos gratuitamente una cantidad muy apreciable de ejemplares⁷. El ocaso de la obra posterior a esa presentación ya ha sido analizado en el prólogo de esta primera parte.

Dos planteos sobre la obra, dentro de su propio contenido

Me parece que para insertar ese trabajo colectivo en el actual debate oculto sobre una llamada ‘modernización’ de la normativa que rige las relaciones de trabajo, y su articulación con los conceptos de flexibilización, desregulación, precarización y clandestinización regresiva de los institutos esenciales de su sistema, corresponde advertir cómo había sido planteada tal modernización o actualización en términos dicotómicos y antagónicos por el entonces ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en la presentación del libro.

En su introducción⁸, el Dr. Carlos Tomada dice: “En el modelo vigente hasta el colapso de 2001, el sesgo antiproductivista, la destrucción de empresas, el aumento del desempleo, la flexibilización laboral fáctica y normativa y el incremento del trabajo no registrado erosionaron gravemente las instituciones laborales. Esta cartera –como el trabajo mismo– tenían, en aquel tiempo, un papel subsidiario de las políticas económicas globales”⁹.

Más adelante, al proyectar lo que denomina “la agenda pendiente”, se refiere a la atención que merece un Estado más activo en el desarrollo económico y social. Dice que “las intervenciones en materia de empleo, de ingresos y el fortalecimiento institucional de las bases del diálogo social, junto con una mayor articulación e integración de las políticas económicas y sociales, significan una novedad después de las experiencias de las tres últimas décadas”.

Luego nos proporciona una sincera posible explicación del oscurecimiento ulterior del informe cuando nos aclara que la “libre opinión en lo que a su juicio contribuye a lo óptimo, a veces puede estar alejada de los equilibrios que deben prevalecer en la gestión de gobierno”, aunque lo desliza en un marco de elogios y agradecimientos al desempeño cada uno de los componentes en la tarea de elaboración de lo que, dice, “seguramente será una contribución insoslayable en el estudio de la materia, y un paso adelante en la construcción del trabajo decente para todos”¹⁰.

El otro aspecto que nos parece de esencial exhibición, tal como fue redactado y aprobado sin disidencia alguna, es el contenido íntegro del último capítulo del informe¹¹, íntegramente elaborado por el presidente del grupo, Dr. Oscar Valdovinos, como una porción de la responsabilidad que asumió al conducirlo. Y cabe una reflexión adicional: en ese capítulo de cierre, no se ha registrado ninguna disidencia.

Algunas reflexiones a modo de epílogo – Cierre del informe

Como coautor de la obra, no habiéndoseme vetado el extenderme en una cita o transcripción literal de textos y teniendo en cuenta que se trata de un libro actualmente fuera del mercado editorial, creo que me puedo permitir el derecho de glosarlo íntegramente. Lo hago en itálica, para evitar la incomodidad del uso de las comillas.

El recorrido que hemos realizado a través de los institutos del sistema de relaciones laborales y de la normativa que lo enmarca no deja una sensación satisfactoria. Por el contrario, conduce a concluir que han surgido nuevas y graves cuestiones sociales o que los viejos problemas reaparecen como fantasmas testimoniales de la pervivencia de un pasado que se creía definitivamente sepultado.

Sin embargo, no es el Derecho del Trabajo ni sus principios medulares lo que ha fracasado. Las causas del nuevo escenario –distinto y sombrío, por cierto– hay que buscarlas en otros ámbitos, que poco tienen que ver con el Derecho y mucho con los criterios de ordenamiento de la economía y la producción.

Tampoco cabe culpar a las nuevas tecnologías. La aplicación del avance del conocimiento científico a la actividad productiva solo debería producir efectos liberadores. Nadie ignora que la sociedad dispone hoy de medios infinitamente más eficaces para remediar la mayoría de los males que la aquejaron en diversas etapas históricas. La pobreza, las carencias alimentarias, la insuficiencia de infraestructura sanitaria, la ignorancia y las enfermedades que son fruto de todos esos factores, hoy podrían ser erradicadas con relativa facilidad y prontitud si se aplicara a ello el inmenso potencial económico, científico y tecnológico disponible.

Sin embargo, esos medios son utilizados, exclusivamente, para incrementar el lucro de las minorías que los poseen y controlan. No se trata de reproducir aquí y ahora viejas discusiones acerca de la legitimación ética del propósito lucrativo, pero sí de señalar la cruel paradoja resultante de comprobar que, cuando la humanidad ha alcanzado una capacidad sin precedentes para garantizar condiciones de vida de alta calidad a todos sus miembros es, precisamente, cuando se ha producido una regresión social también sin precedentes y una profundización sistemática de la desigualdad.

En lugar de la definitiva aceleración del progreso social, que hasta hace pocas décadas parecía razonable predecir, se ha operado un retroceso notorio. Esta no es una afirmación retórica, ni se reduce a la inexpresividad de las cifras estadísticas. Por el contrario, se trata lisa y llanamente de muchedumbres de mujeres y hombres sumidos en el más pavoroso desamparo, de miles de hambrientos hurgando en la basura en las grandes ciudades, de millones de niños desnutridos, de un continente entero –como África– que en lugar de ingresar a la modernidad es abatido por el hambre, la guerra y el sida, y de una desesperanza infinita que no encuentra consuelo ni siquiera en una voluntad de lucha como la que impulsó a los obreros de finales del siglo XIX y principios del XX. El conocimiento de esta tragedia no pertenece a cerrados círculos intelectuales o a unos pocos gobernantes; antes bien, por el contrario, es público, porque la constatamos con nuestros propios ojos en nuestro medio y porque la misma tecnología que permite al capital financiero operar ‘en tiempo real’ en todo el mundo nos permite a todos conocer en tiempo real lo que pasa en el resto del mundo.

La solidaridad con el prójimo ha cedido el lugar a un individualismo egoísta, la competencia irrestricta y despiadada desplazó a la noción del bien común y la legítima aspiración de alcanzar éxito personal y garantizar el bienestar familiar se ha convertido, en los más ricos y poderosos, en un afán desmesurado de acumular cada vez más poder y mayores riquezas sin que importen los medios ni cuenten las víctimas. Eso,todo eso, es lo que ha merecido una condena unánime, que va desde los pensadores revolucionarios anticapitalistas hasta las autoridades eclesiásticas, incluyendo a todo tipo de líderes espirituales, organizaciones humanitarias, militantes políticos y sociales, intelectuales y mujeres y hombres de la más variada condición.

La situación exige un profundo cambio cultural y una nueva actitud moral. El Estado –como expresión del conjunto social y no como instrumento de intereses minoritarios – deberá volver por sus fueros. Y los Estados –las naciones– acordar nuevas reglas de juego efectivas, como lo hicieron después de otra catástrofe de la humanidad como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Solo así será posible restablecer una escala axiológica que restituya al hombre en el centro de todas las preocupaciones y de todas las acciones y que devuelva a las distintas actividades productivas y a las diversas disciplinas del conocimiento aplicado –sin excluir a la economía ni a la tecnología, sino comenzando por ellas – el carácter instrumental al servicio de la preservación de la dignidad y la libertad de los seres humanos que nunca debieron haber perdido.

Por supuesto que el cambio reclamado, el retorno a un humanismo esencial, aunque segura y legítimamente diverso en su núcleo filosófico y en sus alcances propositivos, no implicará desandar el camino transitado hacia nuevas formas de organizar la producción y el trabajo. No se trata de eso, sino de subordinarlas a principios comunes de equidad y justicia.

Desde ahora hasta entonces, creemos, el Derecho del Trabajo volverá a ser un instrumento importante y funcional a esos fines. Para ello deberá, en buena medida, reformularse, porque tendrá que dar respuesta a esas nuevas situaciones. Algunos de los aspectos en que esa reformulación será necesaria han quedado señalados en este trabajo.

Es obvio que no bastará con el Derecho del Trabajo. Entre otras cosas, porque una de las preguntas a responder es si, en el futuro, será posible que todos los que necesiten un ingreso podrán obtenerlo mediante el trabajo, tal y como lo conocimos en la típica sociedad industrial. Es probable que el mundo del trabajo asalariado ya no pueda dar cabida a todos los precisados de ingreso y entonces será preciso imaginar otros medios para satisfacer el derecho de todos cuantos experimenten esa necesidad.

Pero no desaparecerá el trabajo dependiente y subsistirá un campo de acción enorme para obrar con miras al restablecimiento de un sistema laboral equitativo, en el que los intereses de los trabajadores puedan ser efectivamente defendidos y resguardados, sin que ello resulte disfuncional al propósito común de producir los bienes y servicios necesarios en condiciones adecuadas.

Pareciera que los expertos en relaciones laborales debiéramos siempre tener presente tres premisas insoslayables. Una consiste en dar cuenta de la realidad, para obrar sobre ella con verdadera profesionalidad y no a impulsos de estériles voluntarismos. Otra es la que nos obliga a subordinar ese quehacer profesional al propósito de proteger la libertad y dignidad de la persona del trabajador, so pena de carecer de legitimación. Y la tercera, la que indica que la construcción de una sociedad genuinamente democrática –que requiere igualdad básica y un sistema de relaciones laborales también democratizado– solo puede ser el fruto de la voluntad política de una comunidad consciente y de la concurrencia de los más diversos conocimientos y de las más variadas técnicas, a cuyo efecto deberemos asumir la necesidad del abordaje multidisciplinario de los problemas con una disposición humilde y solidaria.

Independientemente de la valoración que merezca el resultado obtenido, en la elaboración de este informe hemos procurado aplicar esos preceptos.

Cierre de esta primera parte

Hasta aquí, este primer intento de análisis de los contenidos del informe del grupo de expertos. Continuaré con esta tarea, a partir de esas reflexiones finales, y ahora conectándolas con el conjunto del ‘opus’, algunas de las cuestiones debatidas, tratadas, analizadas y que conciernen a esa diferencia esencial, para mí antitética, entre la necesidad de actualización y modernización de los institutos del derecho laboral y de las prácticas de las relaciones sociales de trabajo o derivadas del trabajo, incluyendo el reduccionismo a la genéricamente denominada ‘flexibilización’, que no conduce a tal progreso sino a su desprotección y cancelación regresiva.

Andrés Rivera, en La revolución es un sueño eterno, dice que el invierno llega a las puertas de una ciudad que extermina la utopía pero no su memoria. Yo creo que el invierno nos invade, pero no extermina la utopía si conservamos la memoria. A eso pretende enderezarse mi intento.

1 Salvo mi propia intervención, que pretendió referirse al ‘opus’ y no a sus disidencias, y que en definitiva fue la última invitación que me formularon en esa apreciada institución para una de sus actividades académicas.

2 En 1907, su última obra fue su autobiografía, y a 100 años de su muerte, en 2007, Norberto E. Huber recortó su polifacética y quijotesca figura en una biografía en dos volúmenes bajo el título Juan Bialet Massé, precursor de la regulación en las condiciones de trabajo, editorial Alción, Córdoba.

3 Por cierto que en el curso de ese debate se abarcaron otras áreas temáticas, en particular las propias del sistema de relaciones colectivas de trabajo, el derecho sindical, el de huelga y el de negociación y concertación colectivas.

4 Corresponde destacar que también participó activamente y en diversas sesiones el propio ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, como un respetuoso par del grupo, y poniendo a disposición los recursos profesionales del Ministerio para coadyuvar a la labor en curso.

5 Ya cerrado el debate y aprobado el texto definitivo, fueron presentadas las disidencias, algunas de las cuales no cumplían con ese límite de dejar en forma de notas muy breves constancia de tales desacuerdos. El grupo decidió no censurarlas ni pedir su ajuste a los parámetros acordados, pero lo que no se contempló al adoptar esa democrática solución sería que los autores de esos extensos desacuerdos con los consensos mayoritarios fueran luego editados en un folleto autónomo, y divulgados en reuniones y actividades académicas.

6 Rubinzal-Culzoni Editores, 2008.

7 El excedente impreso fue comercializado por la editorial, pero a muy poco tiempo de su lanzamiento pareció agotarse dicha edición, no se reimprimió y dejó de ser posible acceder a su texto fuera de los organismos o bibliotecas que hubieran recibido en donación alguno de sus ejemplares. Efectuamos esta observación sobre la suerte del libro como un dato singular respecto de un esfuerzo económico enorme para el lanzamiento de la obra, pues si no podemos precisar la cantidad de libros entregados gratuitamente, la calculamos por encima de los 700.

8 P. 7.

9 Transcurridos diez años, nos es difícil imaginar una descripción más acertada del panorama actual en la materia.

10 P. 10.

11 “Algunas reflexiones a modo de epílogo”, P. 343 y ss.

#76

agosto 2019