Vienen por todo

“Achicar el Estado es agrandar la Nación”. No se trata del discurso electoral de campaña de las elecciones nacionales de 2023, sino de las expresiones de José Alfredo Martínez de Hoz, quien fuera en los setenta el presidente del Consejo Empresario Argentino y del Club de Safari que nuclea a quienes se dedican “a la caza mayor”. La “genocida” Junta de Comandantes, el 24 marzo de 1976 convoca a ese civil, para hacerse cargo del Ministerio de Economía. Un apellido conocido entre las familias tradicionales de Argentina, su tío tatarabuelo, fue traficante de esclavos, colaboró con los invasores ingleses y apoyó a Cisneros en la Revolución de Mayo, su abuelo José Toribio fue fundador de la Sociedad Rural. Videla convoca a “Joe”, quien entendía que había una clase obrera demasiado demandante, indisciplinada, protegida por sindicatos que ejercían mucha presión, que no respetaban la verticalidad de las empresas y una industria nacional ineficiente, poco competitiva que dependía del mercado interno y del subsidio estatal. Hay que “liberar a las fuerzas productivas del mercado”, decía ; y dejar sin ataduras al capital especulativo, agregaba, sancionando la ley de entidades financieras, hasta el día de hoy todavía vigente. Suspende las paritarias y la aplicación de los Convenios de 1975 a pocos meses de homologados, congela los salarios y elimina el control de precios, mientras que los militares encarcelaban, desaparecían y aniquilaban a militantes sindicales. El impacto al bolsillo de los trabajadores fue un verdadero desastre porque inmediatamente subió el transporte, el gas y la electricidad, corta con el proteccionismo a la industria nacional, elimina las retenciones a las exportaciones agropecuarias, beneficiando a los sectores más poderosos del campo. Es así que mientras se instaura un Estado autoritario, criminal, que masacra a la militancia de sectores populares que podría revelarse, siembra el terror. No es aislado porque formaba parte de un plan sistemático en toda Latinoamérica y el Caribe, llamado “Plan Cóndor” que neutralizó los movimientos populares de resistencia para instaurar, por la fuerza irracional de las bestias, lo que hoy suele llamarse “neoliberalismo”.

Después de cuarenta años de relativa “normalidad” institucional (dada la cantidad de normas de emergencia económica) el escenario electoral con sus propuestas es realmente preocupante. Hay un problema insoslayable del que no hemos podido salir en todos estos años. Es el sometimiento a los designios del FMI y su engarce final con el acuerdo del año 2018 y su insostenible legitimación posterior. El sector trabajador está de nuevo frente a un desafío que compromete su futuro inmediato y las generaciones venideras.  ¿Hay en la propuesta electoral de cada uno de los tres tercios, lo que parece ser el corolario de ese “proceso” iniciado en 1976?

Si bien existe un sector importante, que aparece como amenazante, no tiene hegemonía, como tampoco parece tenerlo el resto, que se expresó en las urnas, por acción o por omisión se pone en cuestión ese tres tercio del que se habló y que demuestra que en realidad hay cuatro cuartos. Los disconformes votan eligiendo al que consideran el “menos malos”. Sin dudas que el voto bronca es el imperante y son la mayoría. Por eso, hay esperanza de resistencia a cualquier avanzada hacia los derechos de las personas que trabajan. Existe preocupación porque se amenaza con quitar derechos sociales, retirar al Estado de la intervención en la desigualdad real del mercado. Confiamos en la resistencia popular, como se demostró cuando se pretendió avanzar sobre una reforma laboral en el año 2017 y no pudieron.

Detrás de esa pretendida reforma se esconde un ataque frontal a los derechos fundamentales de trabajadoras y trabajadores. En realidad, para analizar esta cuestión debemos retrotraernos a la dictadura cívico militar que mutiló la Ley de Contrato de Trabajo y cuyo contenido lamentablemente en lo esencial continua vigente. “Vienen por todo”, porque no parece alcanzar a los nuevos emergentes de la política. Hay otra mutilación solapada y de hecho que hoy se expresa con más de un 40% de trabajadores sin registrar, no sindicalizados, salarios miserables y jubilaciones paupérrimas, se pretende aumentar la explotación de las inmensas mayorías sociales generadoras de la riqueza, para beneficio de la ínfima minoría que conforma la clase dominante que viene sosteniendo la hegemonía solapada detrás de los candidatos. Todo esto disfrazado con la supuesta reforma laboral. La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas viene reclamando desde larga data una reforma laboral tanto en la legislación como en los hechos, dado que en la realidad de todos los días, los derechos laborales sufren las consecuencias de una situación económica cada vez mas desfavorable. Es por ello que entre otros puntos, nuestra Asociación reclama y exige a los poderes del Estado que se materialice esa mentada reforma, para lo cual resaltamos; 1) que se eliminen todas y cada una de las disposiciones vigentes impuestas por la dictadura cívico militar a la Ley de Contrato de Trabajo; 2) que se vuelva y se supere en favor de los derechos laborales la Ley 20744; 3) que se declare la estabilidad laboral, prohibiendo los despidos sin causa, dado que en esta sociedad el trabajo es la única garantía para la vida de las personas que solo cuentan con su capacidad de trabajo; 4) que se democraticen las relaciones laborales en el ámbito de la empresa, y se termine con la posición feudal del empleador en ese espacio, cumpliendo el mandato constitucional de participación en la ganancias y el control obrero; 5) que se adecue la ley de accidentes y enfermedades laborales a los términos de la Constitución Nacional, terminando con el negocio de las ART y se respeten las condiciones medioambientales de trabajo; 6) que los derechos colectivos, sindicales y de huelga se los reconozca en todo su alcance tanto legislativa como jurisprudencialmente; 7) que se cumpla con las disposiciones del art. 14 bis de la Constitución Nacional, cuya normativa es ignorada en la práctica y cuya operatividad es urgente que se aplique pues allí se centran derechos esenciales y humanos de las y los trabajadores 8) que los salarios cubran la canasta familiar y se cumpla con la Ley de Contrato de Trabajo sobre los rubros que debe cubrir. Esto a solo título de ejemplo de la reforma laboral que es indispensable para avanzar en una necesaria transformación social.

Esta es la reforma laboral necesaria y no la que pretenden los adalides del sistema que nos quieren llevar al siglo XVIII con: el trabajo infantil, la tracción a sangre (humana) sobre el asfalto de las ciudades, las horas de trabajo hasta el agobio y la muerte, la masa de desocupados sin destino y una sociedad que se destruye. Somos conscientes de la gravedad de la situación, pero la salida no es atacando los derechos de las mayorías sociales, sino por el contrario con su constante mejora y superación.

Como señaló la Corte desde el Estado Social y Constitucional de derechos con justicia social y progresividad, en el Fallo “ATE II”, considerando 11,  afirmando que: “las llamadas «medidas de ajuste» derivadas de «crisis económicas» y una «grave escasez de recursos», hacen que los esfuerzos de las autoridades por proteger los derechos económicos, sociales y culturales adquieran una urgencia «mayor, no menor». Y, por el otro, que la «protección» de las «capas vulnerables de la población» es, precisamente, «el objetivo básico del ajuste económico» […] Todo equilibrio entre las reformas económicas y la protección de los derechos humanos, obliga a proteger «en particular a los grupos más vulnerables», cuanto más en el campo laboral y salarial, en el cual, todos los poderes públicos, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, «deben hacer prevalecer el espíritu protector que anima» al art. 14 bis constitucional”. Una vez más desde este espacio seguimos estimulando la defensa de las conquistas sociales y por las que todavía están pendientes insistimos: “Para pensar el derecho del trabajo desde los derechos humanos hacia la transformación social”.