UNA PUERTA A LO NATURAL. PAGO A CUENTA EN SEDE ADMINISTRATIVA Y ACCIÓN JUDICIAL EN MÁS

Sin necesidad de plantear la crisis de constitucionalidad del trámite previo y obligatorio por Comisiones Médicas, existe en la norma sistémica una herramienta que permite percibir pagos a cuenta por el trabajador en sede administrativa y discutir su diferencia en más por vía judicial. De no utilizarse oportunamente, podría implicar la pérdida del derecho dejado de usar. De allí la necesidad de su análisis.

El artículo 11 de la Resolución SRT 298/2017ⁱ instruye a las áreas técnicas de las Comisiones Médicas considerar, a la hora de liquidar prestaciones dinerarias, sólo los salarios declarados por el empleador ante el S.U.S.S.ⁱⁱ En tal sentido, ante una registración parcial de la remuneración, un encuadre colectivo in peius o una infra categorización, la declaración patronal repercutirá necesaria y negativamente en la reparación sistémica dineraria a percibir por la víctima. A su vez y con buen tino, la Resolución SRT E 899/2017ⁱⁱⁱ, en su quinto artículo, viene a complementar la norma antes apuntada, estableciendo la posibilidad de discutir ante la Justicia del Trabajo divergencias en la base de cálculo de las prestaciones dinerarias; todo ello sin quitar la posibilidad que el trabajador perciba su prestación en sede administrativa con base a una deficiente remuneración. Esta resolución se constituye así en una puerta de salida hacia el Juez Natural, sin que la víctima tenga que abdicar de mejores derechos para poder recibir a cuenta parte de su reparación^iv.

La resolución en cuestión refiere a divergencias relativa a salarios no declarados por el empleador resultando su finalidad concordante con el artículo 12.1 LRT en tanto ésta persigue la noción de remuneración devengada^v por sobre la percibida. En consecuencia, a buen entender, cabe aquí una interpretación amplia de divergencia, pudiendo incluirse no solo el supuesto de registración parcial^vi sino también aquellos otros en los que el empleador se encuentre abonando remuneraciones inferiores a las devengadas, ya sea por un mal encuadramiento convencional -que lo lleve a aplicar escalas salariales a la baja-, o bien por una infra categorización de sus tareas dentro del CCT de aplicación, o -en definitiva- por inferior liquidación en cualquier causa. Piénsese, a modo de ejemplo, aquel trabajador al que le abonan una remuneración proporcional en violación a lo estatuido en el art. 92 ter LCT, cuando supera la proporción de jornada. En definitiva, la divergencia salarial puede provenir tanto de la falta de registración total como de no abonar la misma conforme su devengamiento.

En cuanto a la oportunidad del planteo, conforme la literalidad de la norma, debe introducirse necesariamente estando vigente el trámite ante las comisiones médicas, so riesgo de quedar atrapado -ante interpretaciones restrictivas- por la cosa juzgada administrativa en los términos del art. 46 LRT. Es aconsejable en tal sentido^vii la denuncia de una mayor remuneración base en cualquier instancia del proceso que se tenga la oportunidad y antes de su finalización, efectuando las reservas del caso para ser ventilada ante el Juez natural. Adviértase que la norma da la posibilidad al trabajador de arribar a un acuerdo con la ART sobre estas divergencias ante el servicio de homologación, asignándole los efectos propios de la cosa juzgada, por lo que, el operador jurídico ha de estar atento a las redacciones de cláusulas liberatorias.

Introducido oportunamente el planteo y percibida la prestación en base a los salarios declarados, podrá el trabajador mediante una acción amplia y ordinaria someter la real remuneración devengada ante el Juez natural del Trabajo. En cuanto al objeto y la legitimación pasiva de tal acción, entendemos que por inteligencia del último párrafo de la norma se extrae que la misma deberá dirigirse al empleador, caso contrario no tendría sentido la exigencia de comunicar la sentencia firme a la A.R.T. y, en tal entendimiento, el objeto será solo la declaración judicial de la real o mayor remuneración de la víctima, con miras a percibir luego, sentencia firme declarativa en mano, la diferencia y ajuste en la prestación dineraria de la ART, siendo ésta sobre quien únicamente recae la obligación de pago, al menos desde lo sistémico. Sin embargo, nada obsta a que, aprovechando la apertura de la vía judicial la demanda se dirija tanto contra el empleador como contra la ART, tendiente a que se declare contra el primero la real remuneración devengada y se ordene al segundo a pagar la diferencia sistémica.