La violencia sexual como modo de criminalizar las protestas feministas

Si algo sabemos las feministas, es que todo fenómeno social puede ser analizado con perspectiva de género y, a través de ese análisis, hacer visible el verdadero impacto que aquél tiene sobre las mujeres (y diversidades sexo-genéricas), por el hecho de serlo.

Así, advertimos primeramente que, el ámbito público ha sido diseñado por y para varones, conforme parámetros masculinos. Y desde tal parámetro que se piensa todo lo vinculado con las ciencias sociales, con la economía, con el derecho, con la política, etc.

Entonces, la protesta social y sus formas de expresión, regulación o represión, también son usualmente analizadas desde un paradigma androcéntrico, sin que ello sea explicitado a menos que se pretenda hacerlo visible y, en todo caso, mostrar el impacto diferenciado que tienen tales fenómenos en las personas según su pertenencia a determinado género.

Lo que habitualmente ocurre es que estos temas son presentados con supuesta neutralidad de género, afirmando que las personas en general, con independencia de su género, protestan frente a determinados hechos, de tal o cual forma y que la respuesta estatal es tal o cual, con independencia de a quiénes se dirige esa respuesta.

Y decimos supuesta neutralidad de género por cuanto cuando no se muestran las características diferenciadas que los fenómenos referidos –protesta social y respuesta estatal- adquieren según el género de las personas involucradas, presentándose sus descripciones o análisis como “neutrales en términos de género”, se incurre en realidad en una suerte de discriminación, al quedar ocultas esas diferencias.

Cuando analizamos los mismos hechos, desde un enfoque de género, vemos que en la mayoría de los casos, la represión se materializa mediante mecanismos especialmente perversos.

Las huelgas de mujeres a través de la historia, en general vinculadas a mejorar las condiciones de trabajo y de vida, no se diferenciaban sustancialmente de las otras protestas, que incluían a varones y mujeres, aunque la respuesta represiva siempre fue más virulenta.

El incremento de las luchas feministas en nuestro país, especialmente a partir del 2015, evidenció el ingreso masivo de las mujeres al ámbito de la protesta social, reclamando de parte del Estado, respuestas concretas ante los femicidios y que se adopten las medidas necesarias para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Y allí se encontraron mujeres trabajadoras, personas del colectivo LTGBIQ, estudiantes, militantes políticas, sindicalistas, etc.

La presencia de las mujeres en la calle se hizo frecuente, no sólo protestando contra los femicidios, sino ampliando la agenda a cuestiones como el trabajo doméstico no remunerado, la brecha salarial y el acoso laboral, tal como quedó plasmado en el año 2016, cuando una multitudinaria concentración salió a la calle para exigir justicia por el femicidio de Lucía Pérez, planteando reivindicaciones de orden social y donde se incluyeron consignas tales como “si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”.

Como señalan algunas autoras, la reacción del mecanismo represivo del Estado no fue inmediata, esencialmente porque las protestas eran novedosas, pacíficas, y sus protagonistas, en muchos casos, salían a las calles por primera vez. Sin embargo, luego de varias marchas, se vio que desde el Estado se había tomado nota de la dimensión de lo que se estaba gestando, en términos de transformación cultural y que ello constituía una amenaza al poder patriarcal, que requería ser reprimida con contundencia.

Y al igual que ocurrió durante la dictadura, comenzó a implementarse un recurso habitual en la región: a las mujeres detenidas por agentes estatales durante una protesta social, se las reprime sometiéndolas a diversos tipos de violencia sexual.

El aparato estatal, especialmente las fuerzas de seguridad, ya habían acumulado formación y experiencia, reprimiendo sin límites cualquier manifestación, contrariamente a los compromisos internacionales asumidos mediante la ratificación de instrumentos internacionales que obligaban a proteger el derecho a participar en manifestaciones , conforme lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el informe de 2019 sobre Protestas sociales y derechos humanos.

Como ya había ocurrido en nuestro país, no sólo se reprime la protesta, sino que se califica como delito el ejercicio del derecho de protesta social , se detiene a quienes lo ejercen, se priva de libertad y se aplican castigos de tipo sexual sobre las manifestantes, como forma de disciplinamiento y advertencia, dirigida no sólo a no desafiar al poder manifestándose públicamente sino, especialmente, a no rebelarse contra el mandato de consagrarse exclusivamente al ámbito privado o atenerse a las consecuencias.

Un ejemplo reciente de la respuesta represiva ante las protestas de mujeres, fue lo ocurrido durante el 8M de 2017. Las crónicas publicadas entonces dan cuenta de que las mujeres fueron reprimidas brutalmente por la Policía. Entre los testimonios recolectados existe coincidencia en que varias mujeres fueron detenidas por policías uniformados sin identificación y otros que iban vestidos de civil. Estos hechos ocurrieron incluso horas después de finalizada la marcha. A las mujeres las siguieron y las detuvieron cuando ya se habían desconcentrado. Algunas notas periodísticas calificaron el operativo como una «cacería policial» en la que no sólo se dispararon balas de goma sino que muchas mujeres fueron detenidas y obligadas a desvestirse frente a los policías.

El componente de agresión sexual, frente a la persona que se intenta someter no es nuevo y la historia está plagada de relatos en los que los conquistadores no sólo asesinaban a sus oponentes y tomaban sus tierras y sus recursos sino que violaban a sus mujeres. Pero el significado de tales actos ha variado con el desarrollo del capitalismo.

En el sistema capitalista de producción las mujeres cumplimos un rol fundamental en la reproducción de la mano de obra y es imprescindible que ese trabajo no sea remunerado para mantener la tasa de ganancia del capital.

El rol de las fuerzas de seguridad estatales es impedir la subversión de ese orden establecido, mediante acciones dirigidas a «poner en su lugar» a las mujeres que intentan incorporarse al ámbito público, eminentemente masculino. De este modo, se intenta doblegar la rebelión de las mujeres contra la estructura tradicional de la sociedad y mantener el statu-quo.

En nuestro país, los movimientos de mujeres han producido grandes movilizaciones , aunque la lucha contra el patriarcado no está exenta de marchas y contramarchas que se suceden acompañando las crisis económicas, sociales, sanitarias así como los períodos de crecimiento .

Sin embargo, con independencia de los ciclos socioeconómicos, cuanto mayor es la expresión del cuestionamiento a los lugares asignados tradicionalmente a las mujeres, mayor es la represión y el ataque sexual.

Entonces, la construcción colectiva y la alianza con “las otras luchas” (contra el ajuste, contra la precarización laboral, contra la explotación, la exclusión y la pobreza) en las que las reivindicaciones de las mujeres sean acompañadas por los demás grupos oprimidos, que tomen como propias las mismas consignas, se torna una necesidad urgente, cuya concreción coadyuve al fortalecimiento del sujeto colectivo y, de tal forma, contribuya a la desaparición de la violencia sexual sobre las mujeres y disidencias como método especialmente perverso de disciplinamiento.