Reducir el costo salarial es el objetivo del capital

La reivindicación más escuchada de las patronales, grandes, pequeñas o medianas, locales o externas es por reducir el costo laboral. Claro que también reclaman por los costos en general, sean financieros, comerciales o tributarios, más difíciles de reducir porque no pueden doblegar a quienes definen esos montos. No pueden con la inflación, sea porque la atribuyen a políticas públicas o a grandes empresas que pueden definir el costo de insumos estratégicos, algunos de los cuales se definen internacionalmente (commodities, caso del petróleo). Tampoco pueden con el gasto financiero ante el peso de la regulación estatal o el poder de la banca y las finanzas, tanto como la presión impositiva de la Nación, las provincias o los municipios. Es lo que ocurre con los servicios públicos, más en tiempo de elevación de tarifas producto de una tendencia a la reducción de subsidios estatales en aras del equilibrio fiscal. Lo que creen que se puede bajar son los costos laborales, directos o indirectos, en salarios o en contribuciones patronales en relación a la fuerza laboral contratada, afectando derechos individuales o colectivos, sociales, sindicales, entre muchos. Por eso, parte importante de la demanda empresarial apunta a reducir el costo laboral. En el imaginario empresario sobre vuela la noción de ir contra los más debilitados, asentados en una ofensiva capitalista contra los derechos laborales.

El planteo patronal apunta a contener las actualizaciones y/o incrementos salariales, tanto como presionar para una reducción de la carga tributaria asociado a la nómina de contrataciones e incluso los aportes por seguridad social, especialmente en materia de jubilaciones y pensiones. Por eso, entre las demandas principales se encuentra la reivindicación por reformas laborales y previsionales, que no suponen una mejora en las condiciones de ingresos de la masa de trabajadoras/es ni en las de jubiladas/os o pensionadas/os, pero si en una mayor apropiación de la ganancia empresaria. Es un tema constante en la demanda por desarmar conquistas históricas de la clase trabajadora desde la máxima acumulación de derechos con la Ley de Contratos de trabajo (1974), temporalmente coincidente con el momento de mejor distribución del ingreso entre salario y ganancias a mediados de los años 70 (distribución por mitades entre salarios y ganancias). Se trata de medio siglo de lucha por disminuir el costo laboral, entre 1974 y 2024.

La demanda patronal apunta a disminuir o eliminar el régimen sancionatorio por irregularidades en el empleo, consolidando la impunidad que supone un 45% de empleo irregular, afectando la seguridad social en sentido integral, dificultando la situación previsional de la población mayor sin aportes ni contribuciones. Estas demandas están contenidas en variados proyectos legislativos desde 1983, sumados a restricciones derivadas de la represión instalada desde 1975/6 contra organizaciones sindicales y sociales, junto a presiones favorables a la desafiliación sindical. Es lo que contenía el Decreto 70/2023 y sostiene la Ley Bases.

Es cierto que los sectores representativos de pequeñas y medianas empresas explicitan menor capacidad para atender el costo de producción, por lo que enfatizan en demandas para reducir la carga del componente laboral, ante la imposibilidad de intervenir en las condiciones macroeconómicas. La primera intervención es directamente sobre el salario, afectando incluso las condiciones generales de reproducción del ciclo económico, especialmente de empresas que asocian su destino a la reactivación del mercado interno. Es algo que se percibe en la coyuntura de baja del consumo, induciendo una recesión que aumenta la masa de suspensiones y cesantías, reduce la magnitud del salario en la sociedad y recicla una tendencia al menor consumo y producción, afectando también el ingreso empresario. La crítica se extiende a los pagos de la seguridad social y previsional, incluso a las erogaciones por indemnizaciones, estimadas en un tercio del pago de salarios de personal regularizado, entre jubilaciones, salud, asignaciones familiares, seguros, o fondos de empleo.

Valor, salario y ganancia

La tendencia histórica explicita una contradicción y una confrontación entre salarios y ganancias, una unidad que el alza de una supone la baja relativa de la otra, por lo que se impone el incremento de la producción y especialmente de la productividad. Así pueden crecer ambos valores en términos absolutos, pero con proporciones relativas en donde la expansión de una resulta a costas de la otra. Es una de las razones por las cuales existe una opinión favorable al crecimiento económico, ya que las caídas de la actividad, o recesión, hacen más visible la disputa por la apropiación de ingresos entre el trabajo y el capital. Por su parte, el crecimiento de la productividad constituye una nueva fuente de disputa en la apropiación del producto social del trabajo.

Todo es producto de la ley del valor marxista en donde los valores producidos están conformados por la reposición del capital constante invertido en el proceso de producción más salarios y ganancias. En rigor, en la lógica del inversor capitalista, la reposición es del capital constante y del capital variable, este último invertido en contratar la fuerza de trabajo, vía de los salarios, y el remanente, o plusvalor, le pertenece al sujeto propiciador de la inversión original. Una vez producidos los valores (capital constante, más capital variable, más plusvalor; o c+v+pl) y en una dinámica de continuidad del régimen de producción, la prioridad es la reposición del capital constante, es decir, las instalaciones, la maquinaria, las herramientas, en la proporción adecuada según la amortización; los materiales, la materia prima (todo conforma la suma del capital constante), luego la reposición del capital variable (invertido en salarios), que en su conjunto constituyen la inversión inicial o costo de la producción (c+v). El remanente o plusvalía es demandado por el capital como propio y por ello, la plusvalía se transforma en ganancia de los empresarios, la que se reparte en función de la composición orgánica del capital (relación entre c y v, o sea: c/v). Los capitales se apropian de la plusvalía como ganancia, en proporción al mayor capital constante invertido respecto de la contratación de la fuerza de trabajo. Es un proceso derivado de la tasa de ganancia media en el capitalismo, que, además, se distribuye bajo diversas modalidades, como beneficio, interés, renta o ganancia propiamente dicha.

Los capitalistas en su conjunto reclaman para sí el total de ese plusvalor, mientras que las/os trabajadoras/es disputan ese nuevo valor creado en el proceso de producción para mejorar sus ingresos. Por esta razón, la lucha entre el capital y el trabajo es por cómo distribuir ese nuevo valor creado por las/os trabajadoras/es. Para el capital, el costo de producción es lo invertido en capital constante y variable, por lo tanto, con “derecho” al excedente generado, el plusvalor. El gran aporte de Marx en la crítica de la economía política fue desentrañar el origen de ese excedente, centrado en el carácter de la mercancía “fuerza de trabajo”, la única mercancía que se intercambia por su valor y que en el proceso de producción genera mayor valor, el excedente, el que reclaman para sí los propietarios del capital original invertido y que se distribuye entre el conjunto de los capitalistas.
La plusvalía o nuevo valor agregado en el proceso de producción es disputada para mejorar salarios o ganancias, ingresos de trabajadoras/es y propietarias/os de capital. Estos lo hacen desde su especificidad como industriales, comerciantes, banqueros, o distintas formas de expresión del proceso de producción y circulación en su conjunto. En términos generales remitimos a la contradicción entre el capital y el trabajo, a una relación socioeconómica contradictoria que está en la base del capitalismo. Esa relación social, laboral, es la base del conjunto social que define al capitalismo y su reproducción, no solo en el ámbito de las relaciones económicas, sino en el conjunto sociocultural. Es una relación monetario mercantil, en donde el dinero favorece las relaciones en el mercado laboral o en el de bienes y servicios que definen el consumo del conjunto de la sociedad, sea el de bienes y servicios finales o aquellos destinados a la reproducción del proceso productivo. Las/os trabajadoras/es luchan por una mayor apropiación del valor creado para sus consumos y los de sus familias, en contraposición de las ganancias, utilizadas para el consumo del capitalista y su familia, tanto como para la ampliación de la capacidad de producción.

Claro que en este proceso deben diferenciarse distintos niveles de inversores capitalistas, entre grandes, medianos, pequeños, e incluso diferenciar entre capitales externos y locales. Cada uno de esos capitales tiene una mayor o menor composición orgánica de capital (c/v), por lo que intervienen en base a esa proporción en la distribución del plusvalor general producido. Se trata de una disputa al interior de los propietarios del capital, que tiene como ley propia a la ganancia media. Sin embargo, el Estado capitalista interviene para reorientar parate del excedente en un sentido u otro, para compensar el menor poder relativo de capitales de menor composición orgánica, o incluso, de acrecentarlo a favor del capital concentrado. En el mismo sentido, el Estado también actúa en el proceso de distribución del plusvalor en favor o en desmedro del ingreso salarial. El régimen del capital tiene sus propias reglas o leyes y el Estado capitalista intermedia en el conflicto entre trabajo y capital, tanto como en el proceso de competencia inter capitalista, evidenciando el carácter de clase del Estado y del Derecho.

La participación del Estado actúa a través de la legislación laboral y los mecanismos de seguridad social, derivados del conflicto social histórico, claro que siempre en el marco de la juridicidad que sustenta la hegemonía del capital sobre el trabajo. La seguridad social y laboral es una categoría asociado al desarrollo histórico del conflicto entre trabajo y capital, tal como explicitan los distintos momentos en que emergen determinados beneficios sociales para unos u otros sujetos de la actividad económica. El derecho protectorio del trabajo, las vacaciones pagas o el aguinaldo, incluso la legislación asociada a las organizaciones sociales o sindicales está vinculada a la capacidad de demandar derechos de la lucha laboral en el capitalismo, en donde el Estado capitalista sustenta en última instancia la lógica del capital. Del mismo modo operan beneficios arrancados al Estado por las patronales en determinados momentos históricos, casos de subsidios económicos de diversa magnitud, tal como ocurre con el Régimen de Inventivos a las Grandes Inversiones (RIGI) contenido en la ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

El conflicto

La realidad es conflictiva y contradictoria, el capital y el trabajo pretenden un mayor ingreso, que como se mencionó es a costo de una de las partes y explicita el conflicto social entre capital y trabajo. Se trata de una relación de fuerza por lo que ambas partes organizan su intervención mediante entidades empresariales o sindicales, pero especialmente sobre la base de proyectos políticos. Las patronales argumentan en contra del costo laboral y la clase trabajadora demanda mejores ingresos para disputar el valor creado por el trabajo.

En la historia del capitalismo local, el capital hegemónico organizó la sociedad argentina promoviendo la inmigración para dotarse de la fuerza de trabajo suficiente para la producción y circulación de bienes y servicios. Con esa inmigración emergieron organizaciones de trabajadores que objetaban en esencia al régimen del capital. Es la historia de la hegemonía anarquista, comunista, socialista en el movimiento obrero a fines del siglo XIX y a comienzos del XX.

Los cambios en el capitalismo local en el cambio del siglo XIX al XX supuso modificaciones en el bloque socio económico en el poder y entre las clases subalternas, motivando una nueva organicidad de las patronales y del sindicalismo, en un marco global de aliento a políticas de “reforma social”, especialmente luego de finalizada la segunda guerra mundial y la constitución de la bipolaridad del sistema mundial. Es un tiempo de generalización de propuestas de reforma social que intentan aminorar el conflicto laboral social con el establecimiento de legislación protectoria del trabajo. Remito al keynesianismo y al Estado benefactor en el ámbito mundial y a la hegemonía peronista en el movimiento popular y una política local sustentada en la conciliación de clases emergente del pacto patronal laboral. Es una historia en proceso de reversión hace medio siglo, desde mediados de 1975 y comienzos de 1976, con matices en gobiernos constitucionales orientados a limitar la reaccionaria reestructuración.

Ahora bajo gobierno libertario de ultraderecha se pretende generar las condiciones para avanzar en la restauración de máxima de la dominación del capital contra el trabajo y completar las reformas laborales sugeridas desde el tiempo de la dictadura genocida y desplegada con fuerza en los 90, con Menem y De la Rúa, y luego con Macri. En este momento, a seis meses de gestión Milei, el ajuste salarial es un hecho, más la pretensión de avanzar en la lógica de reformas estructurales, especialmente en materia laboral y previsional.

Desde diciembre del 2023, asunción presidencial de Javier Milei, los precios crecieron hasta 300% anualizado, en un contexto de salarios y jubilaciones que no se actualizan, e incluso deterioran, agravando la merma en la capacidad de compra de los ingresos de la mayoría empobrecida de la población. Al mismo tiempo y luego de una devaluación que implica una transferencia de ingresos de la mayoría a la minoría enriquecida, consolidando un brutal ajuste con impacto en la caída de la actividad económica. En ese marco se verifica el gran deterioro es de salarios y jubilaciones, como de beneficios sociales. La caída del salario en el sector privado está por debajo del nivel del 2003, luego de la recuperación de la fuerte caída por la recesión entre 1998 y 2002. En el sector estatal la situación es peor que en el sector público. Peor ocurre con el 45% de la fuerza laboral en situación “irregular”. Las jubilaciones y pensiones han sido los más afectados por el ajuste del gobierno Milei, y empeorará la situación en tanto avancen las reformas estructurales.

La reorganización del capitalismo mundial a la salida de la crisis de los 60/70, bajo la consigna de la liberalización, el “neoliberalismo”, encontró sus límites hacia el 2007/09 y se agravó con la recesión derivada de la pandemia en 2020. Ya no alcanza con liberalizar y por eso la ofensiva del capital se incrementa en el ámbito mundial y son sus manifestaciones la militarización y la guerra, el aliento a la criminalidad del narcotráfico, la venta de armas y la trata de personas, la especulación financiera y la disputa por la primacía en el desarrollo tecnológico, base sobre la que se montan un entramado de sanciones unilaterales que dificulta el proceso global de la actividad de producción y circulación.

El correlato en política de esa situación es el avance de las ultraderechas en el mundo, con las propias especificidades locales. Pero en todos los casos, lo común es la afirmación de la ofensiva del capital en contra del trabajo, lo que requiere continuar profundizando el desarme de una lógica protectora de derechos socio económicos, entre ellos, los laborales. Por eso el capital hace propaganda respecto a la necesidad de reducir el costo laboral, en una campaña ideológica de único camino posible para la viabilidad del régimen capitalista contemporáneo. La respuesta de resistencia construida en este medio siglo no alcanza y nos convoca a pensar en términos de organización socio económica alternativa en donde el trabajo no esté subordinado a la lógica de la ganancia y la acumulación capitalista. Eso supone un conflicto mayor, que trasciende la disputa por el ingreso y la riqueza, para constituirse en un debate sobre el orden social necesario para satisfacer necesidades del conjunto de la población, lo que en definitiva constituye un debate civilizatorio.

No alcanza entonces con desmitificar la demanda por el costo laboral, sino que se requiere una agenda en contra del régimen del capital y generar las condiciones materiales y subjetivos por otro orden social, sin explotados ni explotación.

Buenos Aires, 14 de junio de 2024

 

El autor es Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Profesor de Economía Política. Integra la Junta Directiva de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina y el Caribe, SEPLA. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.