Cambalache laboral

No está científicamente probado que las dos normas que el gobierno y sus aliados quieren derogar (leyes 24.013 y 25.323) hayan servido para eliminar el trabajo clandestino (mal llamado “en negro”). Eso es cierto. Ambas leyes fueron promulgadas por sendos gobiernos neoliberales en 1991 y 2001, con el propósito de sancionar la irregularidad total o parcial, imponiendo sanciones económicas (multas) que, los que propugnan su eliminación, dicen que favorecen “la industria del juicio laboral”.

Resulta claro que poner en cabeza del trabajador la denuncia de la ilegalidad que sufre ha sido siempre un despropósito. Quien reclama así, automáticamente se queda sin trabajo, algo similar al tópico del remedio y la enfermedad. El menemismo y los gobiernos que lo sucedieron desactivaron las políticas de policía laboral, mecanismo más eficaz para el combate a la contratación irregular de trabajadores que la “denuncia en causa propia”.

Formulada esta hipótesis y ratificada la inconsistencia de ambas leyes para el objetivo buscado, no cabe duda alguna que su derogación lo que hará es incrementar el flagelo que se piensa erradicar. Si no hay sanción o multa, ¿qué obstáculo encontrará un empleador para contratar “en negro”? Subirá el trabajo irregular ya que, parafraseando a Discepolín, “da lo mismo el registrado que el clandestino”, una suerte de “cambalache laboral”.

Quitar de un plumazo las leyes de anti‒evasión laboral, además, viola la libre competencia, paradigma del “mercado sin fallas” anunciado por una parte de los derogadores. Si “da lo mismo” un trabajador registrado que uno en la ilegalidad, el empleador que escoge tener su plantel laboral fuera de registro se “ahorrará” las llamadas “cargas sociales”. Bajará su costo y, manteniéndose constantes los precios, el evasor tendrá mayor tasa de ganancia.

A menos que se trate a los empleadores que tienen trabajadores “en negro” como héroes, derogar las leyes 24.013 y 25.323 significará mayor clandestinidad, menores aportes sociales (debilitándose todos los sistemas de la Seguridad Social) y conflictividad judicial creciente. Exactamente todo lo contrario al fin buscado.

Vale preguntarse, a modo de conclusión, si sacarlas empeora la situación y mantenerlas no cambia nada, ¿lo que abunda, no daña?

El autor es Juez Nacional del Trabajo