Por un derecho del trabajo para los trabajadorxs. ¿Resistir o doblar la apuesta?

De forma brutal ha irrumpido en el mundo de las regulaciones del trabajo un nuevo paradigma. Si bien era esperable por el discurso de campaña de La Libertad Avanza, que el embate contra el Derecho del Trabajo no se haría esperar, y que tendría como soporte ideológico “presentable” la necesidad de “liberar las fuerzas de producción”, “la consideración de la justicia social como una aberración” o, incluso, “lo inequitativo del Fuero del Trabajo donde siempre ganan los trabajadores”, ver estas ideas plasmadas en decenas de DNU, Resoluciones Ministeriales y otras normas, nos enfrenta con un viejo interrogante: qué rol debe cumplir el Derecho del Trabajo frente a la “Necesidad” y la “Urgencia” de les trabajadores, que vienen perdiendo sistemáticamente derechos y que ven amenazadas sus conquistas históricas?

Más allá de las desprolijidades, el nuevo Gobierno logró concretar, mediante el DNU 70/23, el proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” un diseño perverso que combina desregulación y desprotección laboral con represión de cualquier resistencia. A ello se agrega el intento de traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la degradación del Ministerio de Trabajo a simple Secretaría. Se completa así uno de los ejes centrales del plan “Motosierra”.

Los diversos cuestionamientos a estas normas mediante acciones judiciales siguen sin encontrar solución definitiva, algunas de ellas hoy en manos de una Corte Suprema que prefiere que la salida la provea la política, para evitar pronunciarse.

Nuestro país ha conocido las peores crisis institucionales, económicas y sociales. Incluso la crisis sanitaria producto del Covid 19 que dejó más de cien mil personas fallecidas y cientos de miles de puestos de trabajo perdidos, recesión, mayor pobreza e indigencia.

Lejos de resolverse, la situación se agrava día a día. Con indicadores de pobreza que aumentan de forma alarmante, sin siquiera haberse recuperado los niveles de décadas pasadas y que, según estimaciones recientes, continuarían incrementándose.

Sumado a ello, para este año se espera un muy bajo número de nuevas contrataciones laborales y un significativo aumento del desempleo producto de la retracción de la actividad en el ámbito privado y del feroz ajuste que viene imponiendo el Gobierno y que ya expulsó del empleo público a miles de trabajadores y que podría expulsar a muchos más, según se ha anunciado.

A ello se agrega la decisión del Poder Ejecutivo, de barrer con todo aquello que no favorezca una mayor acumulación en manos de unos pocos: las amenazas de hacer desaparecer sectores de la cultura, la ciencia, la investigación tecnológica, privatizar empresas claves para el sostenimiento de la soberanía nacional sobre la tierra y los recursos naturales, entre otras medidas, dejan a las mayorías sociales a merced del mercado, donde impera la ley del más fuerte.

Ni siquiera la “cola del hambre” frente al Ministerio de Capital Humano, logró conmover la inhumana decisión de no enviar alimentos a los comedores comunitarios.

Y en línea con ello, el Presidente de la Nación haciendo alarde de su ya expuesto desprecio por las leyes, anuncia que no laudará en el conflicto suscitado en el marco del Consejo del Salario Mínimo, dejando que un salario de miseria, como él mismo reconoció, siga vigente y horadando la ya inexistente capacidad de la mayoría de los hogares, para satisfacer las necesidades básicas.

Por su parte, la respuesta del Fuero Federal ante la acción de inconstitucionalidad intentada por diversos organismos contra el Protocolo antipiquete de Bullrich, muestra un previsible alineamiento de los sectores más conservadores del Poder Judicial con el plan del gobierno, aun cuando ello importe desconocer garantías constitucionales y violar compromisos internacionales asumidos anteriormente mediante la ratificación de instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

En este contexto sorprende cómo se ha instalado, aún en sectores no alineados con el poder concentrado, la idea de una necesaria reforma laboral regresiva, como forma para solucionar la crisis de empleo, que plantea menos regulaciones, donde no se privilegie a los trabajadores, donde no existan sindicatos, huelga, ni negociación colectiva.

Los debates en el Congreso por la Ley Omnibus, dejaron claramente expuesto ese consenso. Jueces y juezas del Trabajo han advertido mediante sentencias dictadas en sendas acciones de amparo, que no se puede hacer cualquier cosa, ni de cualquier manera. Pero aún resta que la Corte Suprema defina la contienda.

Difícil no advertir que el sistema de producción y acumulación, como lo conocemos, no parece ofrecer hoy ninguna salida capaz de generar el consenso suficiente para frenar el avance de los grandes grupos económicos, que han encontrado en el gobierno entrante, su mejor aliado.

Y frente a todo ello, un movimiento obrero, que si bien debería liderar la construcción de un freno al avance neoliberal, exhibe hoy su poca o nula capacidad de reacción, diezmado en gran medida por el desempleo estructural y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Y en el que ha logrado colarse uno de los mayores éxitos del neoliberalismo, el supuesto enfrentamiento entre miembros de la misma clase: trabajadores don derechos contra trabajadores precarios, desempleados o trabajadores de la economía popular, trabajadores nacionales contra migrantes, trabajadores varones contra trabajadoras mujeres o disidencias.

En tal escenario, el debate sobre el rol que deben cumplir del Derecho del Trabajo, la abogacía laboralista y el Fuero Laboral, se torna imprescindible.

Quienes compartimos tal preocupación, movidos por un objetivo central: la realización plena de los Derechos Humanos de toda la ciudadanía, lo que incluye sin duda la postergada concreción de los contenidos del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, no bajamos los brazos, no nos resignamos, no contemplaremos pasivamente cómo se destruyen los postulados de equidad y justicia social, la idea de fraternidad, de solidaridad, de libertad y de dignidad de cada persona trabajadora.

Por ello, nuestra sostenida militancia en defensa de las personas que trabajan, no sólo oponiendo resistencia a cualquier intento desregulador, flexibilizador o que implique pérdida de derechos, sino a favor del pleno restablecimiento de un Derecho Laboral protectorio y en clave de Derechos Humanos, en el que se encuentren garantizada dignidad de la persona que trabaja y que incluyen, entre otros, el derecho a la estabilidad, el derecho a un salario justo, que asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, salud, vacaciones, esparcimiento, etc., el fin de la tercerización fraudulenta, reducción de la jornada laboral y, especialmente, restablecer la vigencia de todas las normas protectorias que fueron derogadas o modificadas por la dictadura cívico militar y que permanecen como una deuda de la democracia.

Somos muchos quienes creemos que no basta con resistir, sino que es necesario doblar la apuesta y desde este espacio, como medio de difusión de nuestras ideas, continuamos bregando porque así sea.