julio 2021

Colombia indignada: exige, lucha y resiste

La Causa Laboral, canalizando la profunda preocupación por los hechos de violencia institucional y también con la esperanza que irradia la lucha del pueblo hermano de Colombia, quisimos adentrarnos en el tema y para ello consultamos a nuestra colega Luisa Fernanda Gómez Duque, para que nos diera su opinión y parecer acerca de la situación, los orígenes del conflicto, el desarrollo de los acontecimientos, la perspectiva a futuro de lo que esta ocurriendo. A continuación transcribimos literalmente los que Luisa Fernanda nos comparte:

Un acumulado de iniquidad, opresión, hambre, incumplimiento de acuerdos, abusos de autoridad, despojo, destierro, exilio, asesinatos y miseria, se expresa en Colombia desde el 28 de abril del 2021, con el importante antecedente de rebeldía que se adueñó de las calles el 21 de noviembre de 2019 y que por supuesto, tiene profundos cimientos en décadas de injusticia. La situación que atraviesa este diverso, polifónico y pluriétnico país andino, no se comprende de manera simple, pues la complejidad geográfica y cultural que abraza, trae consigo un crisol de circunstancias que pasan por huellas históricas multiformes que van desde los valles en los que se esclavizó a las comunidades negras, hasta las cúspides de las montañas en las que nacieron las insurgencias.

El tiempo del encierro, de la enfermedad visible y el peligro latente que agobia a la humanidad, trajo consigo aterradoras cifras de desempleo y pobreza que agravaron las patologías de una sociedad incapaz de resolver los problemas más básicos de la humanidad como el techo, la salud, la educación y la alimentación. La respuesta de la política pública para enfrentar la pandemia fue insuficiente para auxiliar a la población que se debate diariamente entre el desayuno o la cena, los trabajadores “informales”, los temporales, los del rebusque, todos aquellos excluidos de los círculos de protección, que finalmente terminaron soportando en mayor medida las cargas socioeconómicas de la emergencia sanitaria, mientras los grandes capitales, que se han construido sobre la fuerza de trabajo de las mayorías, no tenían más queja que la de la imposibilidad de continuar su proceso de acumulación al mismo ritmo de otros tiempos y ello, sólo en algunos casos.

En medio de un escenario tan asfixiante, se radica en el Congreso de la República el proyecto de «Ley de la solidaridad sostenible», nombre eufemístico que se le otorgó a la que era una regresiva reforma tributaria diseñada por el polémico Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla. El texto del proyecto implicaba entre otras cosas las siguientes:

Productos de la canasta básica pasaban de “exentos” a “excluidos” del impuesto del IVA, figura que involucraba el aumento del costo de la producción y, aunque aparentemente no había afectación porque a dichos productos no se les aplicaría directamente el gravamen, los productores que en calidad de “exentos” podían recuperar el costo del IVA pagado en la cadena de producción, ahora como “excluidos” no, lo que necesariamente impactaba el precio final de los alimentos como la carne de cerdo, vaca, pescado, queso, leche, huevos y, otros elementos de la mencionada canasta básica.
Se autorizaba la creación de peajes dentro de la ciudad, lo que además se agravaba porque las motos, que no están obligadas a ese pago, pasarían a cancelarlo.
Se imponía un 19% de Impuesto al Valor Agregado – IVA – a los servicios públicos domiciliarios (agua, luz, gas, internet) de estratos 4, 5 y 6.
Se imponía la obligación de pagar el IVA por los servicios funerarios.
Se obligaba a todas las personas con ingresos superiores a $2’420.000 pesos (650 dólares aprox.) a declarar renta y, para el 2023, quienes tuviesen ingresos superiores $1’624.000 (440 dólares aprox.).
Desmontaba la exención del IVA para computadores, celulares y tabletas.
Se gravaban insumos agrícolas como: guadañadoras, tractores, abonos, etc. afectando al sector agropecuario.
Se congelaban los salarios de los servidores públicos por 5 años (a excepción de la Fuerza Pública).
Se recortaba la inversión en ciencia, tecnología, salud y educación, entre otros, pero no para las Fuerzas Militares.
Se aplicaba el 19% del IVA a la gasolina y el ACPM.
Gravaba las pensiones superiores a los $58’902.800 de pesos anuales (15.900 dólares aprox.).

El Impuesto al Valor Agregado ha sido identificado como regresivo porque grava el consumo sin que se tenga en cuenta la capacidad de pago del comprador. En Colombia el 63,8% de los trabajadores ganan HASTA un salario mínimo mensual, que para el 2021 es de $908.526 pesos (250 dólares aprox.); es claro que la Reforma Tributaria que había sido propuesta, impactaría ferozmente las ya muy precarias condiciones materiales de existencia de una clase trabajadora que, al ritmo de la mayoría de países latinoamericanos, ha venido enfrentando la regresividad del derecho social propia de la fase neoliberal del capitalismo.

Esta fue entonces a penas la chispa que encendió el fuego de un pueblo que tenía contenido el grito de rebeldía. El 28 de abril del corriente, las centrales obreras CUT, CTC, CGT y otras organizaciones sociales, que hacen parte del Comité de Paro, convocaron a nivel nacional una gran movilización que se articulaba inicialmente en torno a rechazar la reforma tributaria, el asesinato sistemático de líderes sociales y la falta de renta básica.

El 27 de abril de 2021, el Tribunal Superior de Cundinamarca, Sección Cuarta – Subsección “B”, con ponencia de la Magistrada NELLY YOLANDA VILLAMIZAR DE PEÑARANDA, resolvió la acción de tutela con Radicación nro.:250002315000-2020-02700-00 y decretó, de oficio, la siguiente medida cautelar:

DECRETAR DE MANERA OFICIOSA COMO MEDIDA CAUTELAR PROVISIONAL EL APLAZAMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES A LLEVARSE a cabo el día de mañana veintiocho (28) de abril de (Sic) y primero (1º) de mayo de 2021 hasta tanto se implemente un protocolo de bioseguridad o se alcance la inmunidad de rebaño con la vacunación contra la PANDEMIA COVID-19 Y SUS MUTACIONES que garantice a los manifestantes como a los terceros de que se da cuenta en esta providencia los derechos fundamentales a la SALUD, LA VIDA y la SALUBRIDAD PÚBLICA de tal manera que los tutelantes y manifestantes como las autoridades públicas accionadas salvaguarden en especial los derechos de los niños, de las personas de la tercera edad, de sus familias y de los médicos que segundo a segundo están exponiendo su vida en las UCI DE LOS HOSPITALES Y CLÍNICAS para proteger la vida de los infectados por el referido virus.

A pesar de los llamados a la cordura por parte de los gremios de la producción y el gobierno, que tildaban de irresponsable una manifestación en tiempos de propagación de la COVID-19; a pesar de la orden judicial; y, a pesar del toque de queda; el pueblo, el maravilloso pueblo que resiste los embates cotidianos de la oligarquía nacional, de los jinetes internacionales de nuestros domesticados gobernantes y de los ejércitos paramilitares que protegen con fusiles y terror a terratenientes y narcotraficantes, decidió volcarse multitudinariamente a las calles de un territorio que se le ha presentado como ajeno, para apropiarse del lugar que, en realidad, siempre le ha pertenecido. Pacífica, festiva, teatral, musical y digna, la gran marcha recorrió el país. Rabiosa e indignada, también se expresó la protesta; comunidades indígenas y estudiantes, derribaron los bustos de conquistadores y negreros cínicamente exhibidos como gloriosas personalidades en las plazas y calles principales de un país que es negro, indio, mestizo y con sangre revuelta. La fuerza pública respondió contra la multitud movilizada, con balas, gases, golpes, retenciones ilegales, desaparición de personas, violaciones y todo el arsenal que lamentablemente conoce bien nuestra América. Entonces, contra bancos, hipermercados, estaciones de transporte “público” y otros símbolos representativos de todo aquello que presiona la garganta de un pueblo atormentado, se volcó una turba de piedras y bombas incendiarias.

Las tecnologías de la información y las comunicaciones, esta vez contribuyeron a la causa social, pues permitieron el registro del desproporcionado e injustificado uso de la fuerza por parte de la policía y los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD – y la complicidad de las instituciones del estado con civiles armados que atentaban contra la vida y la integridad de los protestantes. La incidencia tal vez subestimada del uso de los dispositivos que facilitan el registro de los acontecimientos, se ha visto reflejada en la acogida que la comunidad local e internacional ha hecho, a las denuncias legítimas contra el abuso policial y las justas reclamaciones de los manifestantes.

Según datos suministrados por Temblores ONG e INDEPAZ, el 28 de abril dejó 8 asesinatos en el marco de la protesta. Estos hechos, quizá, exacerbaron un dolor viejo que carga mi país de tantos muertos sin llorar. Desde el 28 no pararon los plantones, marchas, bloqueos de vías.

El viernes 30 de abril el expresidente Álvaro Uribe, publicó un trino en el que decía: «Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico».

Y el 1° de mayo, nuevamente una multitud en Colombia se fue a la calle.

Ese sábado, tan significativo para la clase trabajadora del mundo por la conmemoración de su día, el presidente Iván Duque Márquez, en acatamiento de la instrucción dada por su mentor, ordenó la asistencia militar en las ciudades en las que se habían presentado alteraciones del orden público. Fue como echarle leña al fuego.

Dos días de intensas protestas que respondían a la criminal orden de militarización, desembocaron en la decisión de retirar el proyecto de reforma tributaria y la consecuente renuncia del Ministro de Hacienda. Un triunfo ganado al calor de la lucha.

Sin duda lo que esperaban, tras su “amable concesión”, era que todos volvieran a casa, pero, olvidaban que habían dejado caldeados los ánimos de una Colombia no escuchada, que desde el 2019 había propuesto un pliego de peticiones al gobierno; olvidaban también la precariedad de la implementación de los acuerdos de paz; olvidaban que le habían incumplido a los estudiantes las condiciones pactadas en el año 2018; olvidaban que también se tramita el infausto proyecto de ley 010 de reforma al sistema de salud; olvidaban que Colombia NO quiere que se reanude la aspersión aérea con glifosato para la erradicación de cultivos de uso ilícito; olvidaban el hambre acumulada y la necesidad latente en cada rincón de la patria; olvidaban que los problemas sociales de este país son estructurales.

Contrario a aminorarse, la voz de un pueblo embravecido se hizo hipérbole. La necesidad de reconocimiento, que se manifiesta en el sutil gesto de atenta escucha a lo que contienen las consignas que acompañan la movilización y que se alimentan día a día, emergió de la gesta colectiva. Se fortaleció el paro nacional. Ríos de gente recorren los cauces urbanos y rurales, mientras desde los balcones, las ventanas, los comercios y los hospitales, quienes no caminan, ondean la bandera amarilla, azul y roja, aplauden a los marchantes, exhiben carteles que anuncian apoyo a los que luchan y honran a los jóvenes que han perdido su vida en esta batalla. Ni la prensa malsana que prioriza los desórdenes e inventa diariamente nuevos epítetos que contribuyen a la lapidaria estigmatización de la protesta, ha logrado, como lo fue durante tanto tiempo, convencer a los espectadores de que afuera todo está plagado de vándalos, pillos, ladrones y peligrosos delincuentes organizados. Una gran parte de Colombia hoy, abre los ojos para percibir la realidad sin la lente de los medios de comunicación habituales.

Para el 5 de mayo el Comité Nacional de Paro convoca una nueva marcha nacional y la respuesta de la ciudadanía es contundente por su masiva participación.

En medio de esta atmósfera y con gran parte de las vías del país bloqueadas por los manifestantes, el 6 de mayo el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, anuncia la inconstitucional decisión de aplicar la extinción de dominio sobre los vehículos que estaban obstaculizando la movilidad.

Ese mismo día, Iván Duque, convocó a la Casa de Nariño a los presidentes de las altas Cortes, como parte de lo que denominó un “diálogo Nacional”. A manera de conclusión se profirió un comunicado conjunto, en el que dijeron, entre otras cosas:

“(…) la justicia y la separación de poderes y en colaboración con la institucionalidad respaldan el orden institucional y democrático en el marco del respeto a la Constitución política (…) Condenamos los actos criminales de violencia, de terrorismo, vandalismo y vías de hecho que afectan el derecho fundamental a la protesta, la expresión libre en el marco de la constitución política y al funcionamiento general de la sociedad”.

La comunidad jurídica consideró este hecho como una afrenta a la división de poderes.

Mientras tanto, el 10 de mayo, los voceros del Comité Nacional de Paro fueron citados por el presidente de la República a un “encuentro” para escucharse y avanzar en lo fundamental. No obstante, los representantes del Comité declararon el fracaso del mismo, porque en palabras del presidente de la CUT Francisco Maltés: «No se ha mostrado empatía con las víctimas. Hemos exigido que se pare la masacre, que se pare la violencia oficial y privada contra las personas que están ejerciendo el derecho legítimo a la protesta».

El Comité Nacional de Paro, sintetizó las demandas en un “pliego de emergencia” que fue presentado al gobierno nacional desde junio del 2020 y que ha sido alimentado en los últimos días en razón de los acontecimiento de la protesta; El Comité destacó que son necesarias también negociaciones regionales que atiendan a las particularidades propias de los distintos territorios, así como de los sectores no representados en su vocería, e igualmente, ha sido enfático en afirmar que el proceso con el gobierno, que hoy se reconoce como de “negociación” y no de “conversación”, se instalará sin que se levante el Paro y empezando porque se acojan las exigencias de garantías para la protesta y para las mesas de negociación. Los siguientes son los ejes propuestos en dicho pliego de emergencia del año anterior:

Retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación.
Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual.
Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina). Subsidios a las MiPymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.
Matrícula cero y no a la alternancia educativa.
No discriminación de género, diversidad sexual y étnica.
No privatizaciones y derogatoria del decreto 1174 de 2020ⁱ.
Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.

El 12 de mayo se desarrolló una nueva jornada de movilización y las confrontaciones entre la fuerza pública y los manifestantes se agudizaron en algunas zonas del país, especialmente en Cali, Popayán, Buga, Bogotá y Villavicencio.

Ese día en la noche, la canciller Claudia Blum, que había recriminado un informe de la ONU en el que se manifestaba la preocupación por las muertes y amenazas en contra de los manifestantes en Colombia; además de haberse pronunciado airosamente contra un mensaje del presidente Alberto Fernández de Argentina, en el que se instaba al gobierno colombiano a cesar la singular violencia institucional que ha ejercido, presentó su renuncia. Otra victoria.

Cabe destacar que el proyecto de Ley 010 sobre reforma a la salud, mencionado líneas arriba, que venía transitando sin mayores inconvenientes las etapas propias de la producción legislativa, empieza a tener tropiezos importantes y aparentemente ya no conseguirá las mayorías necesarias para su aprobación, lo que, en caso de lograrse, es, sin duda, un triunfo más de la movilización social.

Hoy, 16 de mayo de 2021, se reunieron nuevamente representantes del gobierno y el Comité Nacional de Paro. Este último puso sobre la mesa el documento a través del que exige “garantías para el ejercicio de la protesta”ⁱⁱ, el cual debe ser respondido por el gobierno, antes de dar un paso hacia la fase de la negociación. El lunes 17, después de que se analicen por parte del ejecutivo las exigencias presentadas, se reanudará el encuentro.

No puede concluirse esta narración sin destacar que, como constancia atroz de la represión, la ONG TEMBLORES e INDEPAZ, presentaron un informe ante la CIDH en el que se describe lo siguiente:

Con gran preocupación, se reporta que, entre las 6:00 AM del 28 de abril y las 11:30 PM del 12 de mayo del 2021, a nivel nacional ocurrieron, al menos, 2.110 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública (sin contar casos de desapariciones), dentro de los cuales fue posible identificar:

❖ 362 víctimas de violencia física

❖ 39 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública

❖ 1055 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes

❖ 442 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas

❖ 30 víctimas de agresiones oculares

❖ 133 casos de disparos de arma de fuego

❖ 16 víctimas de violencia sexual

❖ 3 víctimas de violencia basada en géneroⁱⁱⁱ

En el teatro de esta gesta libertaria, los números son terribles y peores, cuando son nombres, hijos, amores, amigas, luchadoras, clase trabajadora, cuerpos sensibles, que han sido violentados.

En Colombia se llora en la mañana de alegría, late el corazón al ritmo de la estética popular, se van de fiesta la piel y los sentidos al calor de la solidaridad, baila el espíritu rebelde que tan delicadamente se deja abrigar por el gesto poético de la vida inventándose de otra manera, y en la noche, se lloran los muertos, se grita de rabia, se siente hondo la barbarie, se escuchan las bombas aturdidoras, arden los ojos con los gases, se siente miedo, se abren las puertas para resguardar a los muchachos, estudiantes, desempleados, parias, a los jóvenes presente, a los jóvenes futuro.

Colombia, grita de esperanza y de dolor¡¡¡

Y el 19 de mayo, la calle seguirá siendo nuestra. ¿Hasta cuándo?…

iEl Decreto 1174 de 2020 reglamenta el Piso de Protección Social para personas que devengan menos de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente. Para saber cuáles son las objeciones frente a esta norma, consultar: https://ail.ens.org.co/informe-especial/centrales-sindicales-rechazan-el-decreto-1174/

iihttps://cut.org.co/exigencias-de-garantias-para-la-protesta-y-para-las-mesas-de-negociacion/

iiihttp://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/05/INFORME-CIDH-VIOLENCIA-POLICIAL-PROTESTA-SOCIAL.pdf